El pleno de la Junta Central Electoral asignó números de serie a los Distritos Municipales de reciente creación de San Cristóbal, Doña Ana, Hatillo y Quita Sueño, con los números 396, 397 y 398 respectivamente, en cumplimiento de las leyes 339-8-15 y 540-14, y que fueron remitidas a la institución por la Presidencia de la República.
Asimismo dispuso iniciar una amplia jornada de trabajo para dar salida a 15,830 expedientes de ciudadanos dominicanos que tienen sus respectivas cédulas de identidad suspendidas o en proceso de cancelación por diversas razones, principalmente por suplantaciones y falsedades de datos.
Estas investigaciones deben concluir antes de la fecha del cierre del Padrón Electoral, a fin de no afectar el ejercicio de los derechos ciudadanos de las personas afectadas, principalmente el derecho al sufragio.
El pleno de la JCE, asimismo, otorgó la acreditación correspondiente para oficiar matrimonios religiosos en virtud de la ley 198-11, que regula los matrimonios religiosos y sus efectos a la iglesia “Somos Adoradores Incorporados”, en el interés de continuar aplicando el art. 45 de la Constitución de la Republica que establece la libertad de conciencia y cultos.
Se presentó una copia de una instancia depositada en la Procuraduría General de la República por una asociación denominada “Red Jacques Viau”–y por unas 23 personas que a su vez fueron representados por unos 5 abogados que interpusieron en contra de los Magistrados, Miembros titulares de la Junta Central Electoral, Rosario Altagracia Graciano de los Santos, César francisco Feliz Feliz y del presidente Roberto Rosario, en una acción penal y civil bajo el supuesto de haber vulnerado sus derechos con la resolución 12-07 y la circular 017-2007, y que en la opinión de estas personas configuran una serie de situaciones que han resultado perjudiciales para ellos.
Parte de este grupo de personas y estos abogados anteriormente ya habían presentado sus acciones contra la República Dominicana por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en otras instancias extraterritoriales.
Unas vez conocida esta acción, el pleno de la JCE consideró que no existen razones que den lugar a esta acción y por tanto autorizó al presidente de la Institución a que asuma la defensa de la JCE, de los magistrados Rosario Altagracia Graciano de los Santos, César Francisco Feliz Feliz, del Presidente Rosario Márquez y de los Oficiales Civiles contra quienes se ha iniciado esta acción en el entendido de que la institución ha actuado de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.
La JCE deplora que esta acción fundamentada en pretensiones jurídicamente improcedentes y en hechos inexistentes, coincida con una campaña internacional que pretende atribuir a la Republica Dominicana la imputación de racismo, xenofobia y generador de apatridia, situaciones que no existen en la nación dominicano y que por demás las mismas de seguro serán utilizadas por los enemigos de la República para querer dañar la imagen y la estructura económica de nuestro país.
Los magistrados acusados y nuestros funcionarios asistirán a todas las instancias y escenarios en que sean colocados y perseguidos por estas u otras personas e instituciones, con la frente en alto la satisfacción del cumplimiento del deber y la conciencia tranquila, a sabiendas de que estos son sacrificios que estamos obligados a asumir en defensa del interés del país y la preservación de la identidad nacional.
Rosario Márquez ofreció estos resultados, presentó además la documentación de unas 12 personas, de las 23 que aparecen en la demanda, que ya obtuvieron sus respectivas actas de nacimiento y su cédula de identidad y electoral, por lo que considera que no tienen razones para estar demandando a la institución por supuesta falta de documentos.
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