El pleno de la Junta Central Electoral, que se reunió ayer miércoles, conoció el informe del presidente se conoció de los avances del proceso de cedulación, así como de la colaboración que está llevando a cabo nuestra institución con el Ministerio de Interior y Policía con el proceso de regulación, destacando que a la fecha la JCE ha adquirido y entregado los equipos para 19 estaciones que está operando el referido plan, así como los software y la asistencia del Centro de Cómputos y del personal especializado que operan estas estaciones, es decir dicho personal, es pagado por la Junta Central Electoral.
Los jueces también fueron informados de que el Presidente de la Junta Central Electoral envió una comunicación al Presidente de la República, Danilo Medina, en la que solicita el reembolso de los recursos invertidos en el Plan de Regularización, más el avance de los recursos que se invertirá en lo que resta del presente año.
Se conoció además la información de una resolución dictada por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas en el caso del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), en la cual esta entidad del Poder Ejecutivo se declara incompetente respecto a esta institución en virtud de la Ley que crea a INDOTEL contrariando dicha resolución la actitud adoptada por este organismo del Poder Ejecutivo en el caso de la Junta Central Electoral, por lo que se instruyó al Consultor Jurídico de la JCE solicitar una una copia de dicha resolución certificada y depositarla en el Tribunal Constitucional para los fines correspondientes.
Por otra parte, se conoció también de la evolución del proceso de auditoría que lleva a cabo la Comisión de Oficialías de esta institución y en tal sentido, luego de escuchar diversas opiniones, el Pleno considera lo siguiente: Que las decisiones de la Junta Central Electoral deben corresponderse con el orden institucional que prevalece en el país y que en consecuencia las diversas sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Sentencia 168-13 y la Ley 169-14 del Congreso Nacional, obligan a la JCE a cumplir con el mandato de auditar los libros registros y en tal efecto destacar los considerandos 4to. Y 6to.
Estos considerando establecen que “cuarto, que tal como se señaló en el considerando primero, las decisiones del Tribunal Constitucional constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado, pero dicho mandato constitucional no excluye que los órganos políticos constituidos como expresión del principio democrático y de la voluntad popular den respuestas a situaciones nuevas que se crean a partir de decisiones que dicta el Tribunal Constitucional.”
Sexto: “Que, en otras medidas, el Tribunal Constitucional dispuso mediante sentencia que la Junta Central Electoral realizará una auditoria en los libros de registro civil que abarque el periodo antes indicado a fin de determinar cuáles personas fueron irregularmente inscritas en dichos libros, auditoría que está siendo realizada por dicho órgano estatal, por lo que se trata de personas que resultarán debidamente identificadas por dicha auditoria”
Asimismo, en los artículos 1ro., 2do. Y 3ro. de la citada ley, que citamos a continuación se establece lo siguiente:
Artículo 1 “Esta ley tiene por objeto exclusivo establer: a) un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007 inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción”.
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