La propuesta del senador Félix Bautista de frenar la explotación minera en la comunidad de Romero, en San Juan de la Maguana, y transformar la zona en un polo de energía limpia ha reconfigurado el debate nacional sobre desarrollo y sostenibilidad. Bautista plantea aprovechar el potencial hidroeléctrico de la Presa de Sabaneta, al tiempo que sugiere proteger el entorno de la mina como reserva hídrica estratégica para el río Yaque del Sur.

La iniciativa ha encontrado respaldo en sectores comunitarios y ambientales que ven en la propuesta una salida sostenible para una provincia históricamente golpeada por limitaciones económicas. Sin embargo, también ha desatado críticas desde distintos frentes políticos, que cuestionan tanto la viabilidad técnica como la coherencia del planteamiento frente a la necesidad de inversión y empleo en la región.

Uno de los cuestionamientos más directos provino del expresidente Hipólito Mejía, quien puso en duda la autoridad moral del legislador para encabezar la oposición a la actividad minera. Mejía recordó antecedentes políticos y decisiones pasadas que, a su juicio, debilitan la credibilidad del discurso ambiental del senador en este contexto.

Desde el Gobierno, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, adoptó una postura más cautelosa al señalar que cualquier decisión debe basarse en estudios técnicos y científicos concluyentes. En esa misma línea, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que el denominado Plan San Juan no guarda relación con eventuales proyectos de explotación minera en la zona, intentando disipar sospechas sobre una agenda oculta.

Mientras tanto, la tensión se trasladó a las calles este sábado, cuando diversos sectores sociales protagonizaron movilizaciones en San Juan de la Maguana en rechazo a la minería en Romero. La protesta evidenció que el conflicto trasciende el plano político y se instala como una disputa social de alto impacto, donde el futuro económico, ambiental y energético de la provincia se debate entre la urgencia del desarrollo y la preservación de sus recursos naturales.

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El presidente Luis Abinader ya ordenó suspender la extracción de oro y otros minerales del proyecto Romero en San Juan de la Maguana.

Hay que recordar que ese proyecto fue autorizado por gobiernos anteriores que oportunistamente han criticado los planes de la minera y los estudios de instituciones gubernamentales han estado haciendo sobre tales cosas.

Si bien es cierto que hay que extraer de las entrañas de la tierra nuestros minerales para comercializarlos y hacer dinero de los mismos, no menos cierto es que las empresas mineras que han estado operando en el país han dejado el limpio, se han ganado lo que han podido y lo que entra a las arcas públicas no logra verse en forma tangible.

Incluso las promesas que han hecho de inversiones en las provincias donde se desarrolla la minería a gran escala son cada vez más pobres y la agricultura ha desaparecido dejando daños reales al medio ambiente y la naturaleza.

Eso no quiere decir que no apoyemos la minería responsable y profesional como se práctica en naciones desarrolladas donde las leyes se cumplen cien por ciento y el dinero de las ganancias no es desaparecido sin ninguna explicación lógica.

Un elemento que quiero aclarar es que si es cierto hay que hacerle caso a las protestas y reclamos contra la minería, pero no promoviendo el tigueraje y el fantocherismo con que se protesta en este país.

Toda sarta de oportunistas se pudo ver en la marcha de San Juan contra la minería, busca cámaras, oportunistas de la política partidaria, youtuber, tirapiedras y grupos de gente que lo que quiere es que los agredan para pintarse como héroes de la batalla, en fin, de todo se vio en la protesta anti Goldquesd.

El presidente Luis Abinader que le tiene temor a la presión popular pronto reaccionó y prohibió la extracción masiva de minerales, aunque no creo que la empresa pare sus acciones allí.

Creo que eso seguirá y que cualquier otro gobierno  autorizará esto, es cuestión de manejarlo y darle salida a la inversión realizada allí.

Abinader ha parado muchas iniciativas de su gobierno ante cualquier protesta o tigueraje que se presente, lo cual no ve bien, pero ese es su estilo y hay que respetarlo.

Lo cierto es que no creo que esa empresa pare sus trabajos a largo plazo, y aunque invirtieron mucho dinero en relaciones públicas por ahora no teniendo resultados, en su momento le sacarán provecho.

Otros elementos como el tigueraje tira piedra, políticos oportunistas o comunicadores pica pica, en algún momento van a pasar al lado de la minera, ya lo verán.

Repito, no creo en la minería que se hace en este país donde se acaba con la naturaleza y los beneficios no se ven, los resultados están ahí, Barry Gold, Pueblo Viejo, Falcombridge, Pedernales y otras que no recuerdo.

Todas esas empresas y zonas mineras han hecho más mal que bien a la a la naturaleza, en cuanto a lo económico este es un Estado deficitario que siempre necesita dinero y mientras esté esperando fondos de las mineras para equilibrar su presupuesto, no podrá luchar a largo plazo contra la minería depredadora.

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Debemos revisar con profundidad los permisos de no objeción para el uso del suelo en nuestra ciudad. No como un simple trámite administrativo, ni como una carpeta más que pasa de un escritorio a otro, sino como una decisión pública que puede mejorar o empeorar la vida de miles de ciudadanos.

La ciudad no se destruye de golpe. Se va perdiendo por pedazos. Una acera ocupada hoy, una rampa inexistente mañana, un parqueo improvisado donde antes había paso peatonal, una verja que avanza unos centímetros sobre el espacio público, una construcción que se levanta sin respetar el entorno, una autoridad que mira hacia otro lado. Así, poco a poco, la ciudad va dejando de ser un espacio de convivencia para convertirse en un territorio hostil.

Hay constructores desaprensivos que actúan como si la ciudad les perteneciera. Se llevan por delante las aceras, reducen los espacios comunes, bloquean la movilidad peatonal y levantan proyectos sin comprender que construir no es simplemente levantar paredes. Construir también implica respetar el tejido urbano, la seguridad, la accesibilidad, el derecho de los vecinos y la dignidad de quienes caminan la ciudad todos los días.

Cuando una obra invade la acera, no está afectando únicamente a quien vive al lado. Está afectando al envejeciente que ya no puede caminar seguro, a la madre que empuja un coche, a la persona con discapacidad que necesita una ruta accesible, al estudiante que camina hacia su escuela, al ciudadano común que termina obligado a tirarse a la calle para poder pasar. Esa agresión silenciosa al espacio público termina fomentando irritación, cansancio, violencia urbana y una sensación colectiva de abandono.

Por eso la clave está en crear un mecanismo interno serio, técnico y transparente que impida que estos procesos sigan siendo el pan nuestro de cada día. Las no objeciones de uso de suelo deben pasar por filtros rigurosos, con criterios urbanísticos claros, revisión colegiada y trazabilidad institucional. No puede depender únicamente del criterio aislado de una oficina, de una firma rápida o de una interpretación conveniente.

La ciudad necesita reglas claras y consecuencias reales. Antes de aprobar una no objeción, debe evaluarse el impacto sobre la movilidad, el drenaje, el tránsito, los estacionamientos, las aceras, la accesibilidad universal, la seguridad del entorno y la convivencia comunitaria. Luego de aprobarse, debe existir una supervisión constante para garantizar que lo construido corresponda exactamente con lo autorizado. La supervisión no puede ser ocasional ni complaciente. Debe ser técnica, documentada, colegiada y sostenida en el tiempo.

Lo peor es que, ante la mirada indiferente de las autoridades correspondientes, los ciudadanos se sienten agotados. Sienten que reclamar no sirve, que denunciar no produce resultados, que la ciudad se negocia entre poderosos mientras el ciudadano común carga con las consecuencias. Esa percepción es peligrosa, porque cuando la gente pierde la confianza en las instituciones, también pierde la fe en las reglas.

Sin embargo, soy de los que cree que todo tiene una salida. Creo que más tarde que temprano encontraremos el camino correcto que nos encauce hacia una sociedad quizá no perfecta, pero sí más ordenada, más respetuosa y más consciente de que la ciudad es una casa común.

Lo lamentable es que mientras más tarde llegue esa corrección, más alto será el precio. Y ese precio no se pagará únicamente en dinero. Se pagará en calidad de vida, en convivencia perdida, en espacios públicos mutilados, en ciudadanos cansados y en una ciudad cada vez más difícil de habitar.

Todavía estamos a tiempo. Pero hace falta voluntad, autoridad, técnica y carácter. Porque defender el uso correcto del suelo no es frenar el desarrollo. Es impedir que, en nombre del desarrollo, nos sigan arrebatando la ciudad.

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La lucha contra el narcotráfico dejó hace tiempo de ser un desafío exclusivamente nacional. El carácter transnacional de las redes criminales obliga a los Estados a fortalecer alianzas estratégicas, compartir inteligencia y coordinar operaciones conjuntas capaces de anticipar y neutralizar amenazas que evolucionan constantemente. En ese contexto, la visita del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, a la sede de la DEA en Miami, representa mucho más que un encuentro protocolar: confirma el reconocimiento internacional al trabajo que viene realizando la República Dominicana en materia de combate al crimen organizado.

El hecho de que altos funcionarios de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos valoraran positivamente los resultados alcanzados por el país constituye una señal clara de que las estrategias implementadas por las autoridades dominicanas están generando impacto regional. Más relevante aún resulta la felicitación expresada por el administrador de la DEA, Terrance Cole, al Gobierno del presidente Luis Abinader, al destacar su liderazgo en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe y zonas estratégicas de tránsito.

Ese reconocimiento no surge de la casualidad. Durante los últimos años, la República Dominicana ha intensificado sus operaciones de interdicción, fortalecido sus capacidades de inteligencia y ampliado la cooperación con agencias internacionales para enfrentar estructuras criminales cada vez más complejas. El narcotráfico moderno ya no se limita al transporte de sustancias ilícitas; involucra redes financieras, lavado de activos, corrupción, tráfico de armas y vínculos con organizaciones criminales transnacionales que operan de manera sofisticada y coordinada.

Precisamente por ello, la reunión entre la DNCD y la DEA adquiere una dimensión estratégica. La planificación de nuevas tácticas operativas, el intercambio de información en tiempo real y el fortalecimiento de mecanismos para detectar e interrumpir operaciones ilícitas son componentes esenciales en una guerra que exige rapidez, tecnología y cooperación permanente.

La República Dominicana ocupa una posición geográfica sensible dentro de las rutas del narcotráfico internacional. Esa realidad convierte al país en un punto clave tanto para las organizaciones criminales como para los esfuerzos de interdicción regional. Sin embargo, lejos de asumir una posición pasiva, las autoridades dominicanas han optado por fortalecer su capacidad operativa y estrechar vínculos con organismos internacionales especializados.

La relación con Estados Unidos, particularmente con la DEA, se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de esa estrategia. La colaboración bilateral no solo permite aumentar la efectividad de las operaciones, sino también elevar los estándares de inteligencia, investigación y persecución criminal.

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Hasta hace unos días caí en la cuenta de que tengo una cualidad de la que no me siento especialmente orgulloso. No es evidente a simple vista, ni suena grave cuando se dice en voz alta, pero tiene un peso silencioso en la forma en la que enfrento el día a día: la tendencia a mirar cada pendiente desde una perspectiva macro, como si todo tuviera que entenderse, resolverse y anticiparse en su totalidad antes de dar el primer paso.

En teoría, suena casi admirable. Pensar en grande, ver el panorama completo, anticipar escenarios. En la práctica, es otra historia. Porque ese enfoque, llevado al extremo, no impulsa: paraliza. Cada tarea se convierte en una cadena interminable de variables, cada decisión abre la puerta a mil consecuencias posibles, y cada pequeño pendiente deja de ser pequeño. El resultado es un ruido mental constante que no solo desgasta, sino que termina derivando en algo mucho más concreto: la inacción.

Lo curioso es que, al compartirlo con personas de confianza, descubrí que no es una rareza individual. Más bien, es una especie de hábito compartido, casi generacional. Muchos viven atrapados en esta lógica de querer entenderlo todo antes de hacer algo, como si el control absoluto fuera un requisito previo para empezar. Y claro, ese control nunca llega.

Desde fuera, es fácil juzgarlo. «Qué tontería», podría pensar alguien. «Simplemente hazlo y ya está». Pero esa mirada simplifica algo que, desde dentro, se siente mucho más complejo. Porque no se trata de pereza ni de falta de voluntad, sino de una sobrecarga mental que se disfraza de análisis. Es la trampa de confundir pensar con avanzar.

Vivir así tiene consecuencias reales. Los días se llenan de pendientes que no se completan, de ideas que no se ejecutan, de decisiones que se posponen. Y, poco a poco, se instala una sensación incómoda: la de estar siempre ocupado, pero no necesariamente productivo. La de estar en movimiento, pero sin avanzar.

Ahí es donde aparece una verdad incómoda pero necesaria: nada se construye en grande empezando por el final. Ningún proyecto, ninguna meta, ninguna versión de vida se materializa desde la visión completa. Todo empieza en lo mínimo, en lo concreto, en lo imperfecto.

El pensamiento y el análisis son herramientas valiosas, sí. Pero solo cuando están al servicio de la acción, no cuando la sustituyen. Mirar las cosas parte por parte no es una limitación, es una estrategia. Dividir, simplificar, ejecutar. Paso a paso.

Porque al final, el problema no es pensar en grande. Es pretender que lo grande se resuelva sin atravesar lo pequeño. Y quizás ahí está el verdadero aprendizaje: entender que avanzar no siempre se siente como una gran decisión, sino como una serie de pequeñas acciones que, acumuladas, terminan construyendo algo mucho mayor.

Tal vez no se trata de dejar de ver el panorama completo, sino de aprender a no vivir atrapado en él. De permitir que la acción, aunque sea mínima, tenga más peso que la perfección mental. Porque en esa tensión entre pensar y hacer, la vida no espera. Y lo que no se hace, simplemente no existe.

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En mi consulta he visto cómo el divorcio, aun cuando se maneja con respeto y madurez, puede convertirse en un terremoto emocional para los hijos adolescentes. No se trata solo de la separación física de los padres, sino de la ruptura de un modelo familiar que daba estructura, seguridad y sentido de pertenencia. A esta edad, cuando el cerebro está especialmente sensible al rechazo, al estrés y a la incertidumbre, los efectos del divorcio pueden sentirse con más intensidad que en otras etapas.

He podido observar que algunos consultantes adolescentes llegan con sentimientos contradictorios: rabia, tristeza, culpa, alivio e incluso confusión por no saber «qué posición tomar». Desde una perspectiva neuropsicológica, se sabe que los adolescentes tienden a interpretar los eventos como más amenazantes de lo que realmente son, especialmente cuando su mundo emocional se desestabiliza. Si además notan discusiones constantes entre sus padres, su sistema nervioso se activa como si estuvieran ante un peligro permanente.

Por eso, manejar el divorcio con adolescentes requiere mucho más que acuerdos legales; demanda una comunicación cuidada, un manejo emocional responsable y una presencia adulta que inspire seguridad. Al consultorio llegan jóvenes que dicen sentirse «partidos por la mitad», como si debieran elegir a uno de los progenitores. Uno de los aspectos más importantes es dejarles claro que no tienen que elegir, que su rol es ser hijos, no mediadores ni jueces.

Los especialistas en bienestar emocional insisten en que el cerebro adolescente necesita estabilidad para regular sus emociones. En situaciones de ruptura familiar, esa estabilidad debe construirse a través de rutinas claras, mensajes coherentes y límites sanos. No se trata de ocultar la situación, sino de explicarla de forma honesta y acorde a su nivel de madurez. «Estamos pasando por un proceso difícil, pero seguimos aquí para ti» es mucho más reparador que discursos ambiguos o silencios prolongados.

Asimismo, es recomendable evitar las comparaciones, las críticas o la información innecesaria. Algunos adolescentes me han dicho: «Siento que soy el buzón de quejas de mis padres», y esa carga emocional resulta devastadora. La literatura psicológica contemporánea advierte que exponer a los hijos a conflictos adultos puede activar en ellos respuestas de estrés similares a las de un trauma emocional. El mensaje debe ser claro: los problemas de pareja pertenecen a la pareja, no al adolescente.

Otro reto habitual es que muchos jóvenes interpretan el divorcio como un fracaso personal: piensan que «algo hicieron mal» o que «si hubieran sido mejores hijos», la historia sería distinta. En estos casos, el trabajo terapéutico es ayudarles a comprender que las decisiones de los adultos no son responsabilidad suya. Acompañarles a comprender sus emociones, a normalizar sus preocupaciones y a recuperar el sentido de seguridad es fundamental para evitar que desarrollen ansiedad, retraimiento social o problemas de conducta.

En mi práctica profesional he visto que, cuando el divorcio se maneja con respeto mutuo, el impacto negativo disminuye considerablemente. Padres que logran cooperar, establecer acuerdos estables y comunicarse sin agresividad ofrecen un entorno emocional más predecible, lo que favorece que los adolescentes atraviesen el proceso con menos dolor y más herramientas para afrontarlo.

Finalmente, no hay que olvidar que el divorcio también puede convertirse en una oportunidad: la oportunidad de construir relaciones más sanas, de ofrecer modelos de resiliencia y de enseñar a los hijos que, incluso en medio de la ruptura, es posible actuar con integridad y amor. He visto adolescentes fortalecer su carácter, aumentar su madurez emocional y descubrir habilidades internas que desconocían, siempre que los adultos a su alrededor actuaran con responsabilidad y empatía.

Manejar un divorcio con hijos adolescentes no es tarea sencilla, pero tampoco es un camino condenado al sufrimiento. Con comunicación consciente, límites claros y un acompañamiento emocional sólido, es posible transformar este proceso en una etapa de crecimiento familiar, donde cada miembro encuentre la manera de reconstruirse con dignidad y esperanza.

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Recientemente en España, fue publicado que los resultados que proporciona la homeopatía «no superan al placebo», no existe «evidencia científica» de que sea un tratamiento eficaz y usarla desplazando otras terapias puede «poner en riesgo» la salud de los pacientes. Estas conclusiones que la comunidad científica sostiene desde hace tiempo, ha sido certificadas por el Ministerio de Sanidad en un informe sobre esta pseudoterapia que publicó la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

El documento no supone ninguna vinculación legal: los productos homeopáticos son legales, se comercializan en este país 976, pueden sigue vendiéndose en farmacias bajo ciertas condiciones y facturaron más de 30 millones de euros en el año 2023, según la consultora HMR. Es más bien una advertencia oficial de que la ciencia no respalda estos pseudo fármacos, que se basan en la falsa creencia de que lo similar cura lo similar y de que una sustancia, diluida en agua hasta su total desaparición, puede curar la misma dolencia que provoca. 

El documento es un exhaustivo repaso de la literatura científica publicada entre 2009 y 2026, que incluye solamente ensayos clínicos en humanos con los máximos estándares: aleatorizados y controlados. Cuando los técnicos españoles de Sanidad investigaron esta bibliografía, lo que han encontrado es que la homeopatía no sirve para curar nada de lo que proclama y que incluso puede tener algún efecto secundario en formulación que sí incluyen principios activos vegetales.

La ministra de Sanidad en España, Mónica García, fue tajante en unas declaraciones grabadas sobre el tema «la homeopatía no funciona. Hemos analizado toda la evidencia científica disponible y el resultado es el siguiente: no funciona mejor que un placebo. Muchas de estas sustancias están tan diluidas que es literalmente como disolver un sobre de azúcar en el Mediterráneo». 

Por su parte, Vicente Baos que ha formado parte durante años de la red de expertos de la AEMPS y la Agencia Europea de Medicamentos, coincide en que el principal riesgo asociado a estos productos es el posible abandono del tratamiento científico con expectativa de producir un beneficio conocido y adecuado. Para este médico, la publicación de este «esperado informe» es una excelente noticia. Es consecuencia del Plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias, que el Ministerio de Sanidad de España, puso en marcha junto con el de Ciencia en 2018. Proponía publicar informes detallados de las pseudoterapias más extendidas para analizar sus fundamentos y si tenían algún sentido. 

Es importante señalar que lo que nunca ha sucedido en España es que la homeopatía haya estado financiada por la sanidad pública. Los países que lo hacía, como Francia y Reino Unido, han ido dejando de hacerlo en los últimos años. Alemania tiene previsto retirar la subvención este año 2026. Así las cosas, el ministerio de Sanidad español subraya que el informe va en la línea que están siguiente otros gobiernos que, sin prohibir su venta, sí exigen cada vez con más énfasis que sean transparentes en la información de su falta de eficacia probada. 

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El debate político dominicano ha sumado un nuevo capítulo tras las declaraciones del polémico pastor Ezequiel Molina, quien descalificó públicamente al expresidente Leonel Fernández, afirmando que elegirlo representaría un retroceso para el país. Sus palabras, lejos de pasar desapercibidas, han encendido una discusión que mezcla política, religión y estrategia electoral.

Desde una perspectiva analítica, resulta pertinente observar este enfrentamiento más allá de lo emocional. Un análisis FODA aplicado a la figura de Fernández revela que su principal fortaleza sigue siendo su vasta experiencia de Estado, acumulada en tres períodos presidenciales. En contextos de incertidumbre económica o institucional, este factor suele pesar considerablemente en el electorado.

La historia política dominicana ofrece precedentes que invitan a la prudencia. En 1978, amplios sectores consideraban que Joaquín Balaguer había agotado su ciclo político. Sin embargo, regresó al poder en 1986, ya con limitaciones físicas evidentes, y gobernó durante una década más. Este episodio ilustra cómo figuras aparentemente desplazadas pueden reconfigurar su liderazgo y reconectar con el electorado.

En cuanto al llamado «voto cristiano», frecuentemente presentado como un bloque homogéneo, la evidencia sugiere lo contrario. Se trata de un segmento diverso, con múltiples denominaciones, intereses y visiones políticas. La postura de un líder religioso, por influyente que sea, no necesariamente define el comportamiento electoral de millones de creyentes. En ese sentido, la opinión de Molina debe entenderse como una voz más dentro de un espectro amplio, no como una directriz determinante.

Por otro lado, dentro de la Fuerza del Pueblo surgen proyecciones optimistas. El economista Haivanjoe Ng Cortiñas visualiza dos escenarios favorables para la organización: uno en el que Omar Fernández lograría una victoria en primera vuelta, y otro en el que Leonel Fernández podría imponerse sin necesidad de ir a una segunda ronda. Aunque estos cálculos aún están lejos de ser concluyentes, reflejan un clima interno de confianza en la organización.

Mientras tanto, Leonel Fernández ha optado por una estrategia de bajo conflicto. Su principio de no agresión —especialmente hacia la prensa y los líderes religiosos— busca proyectar una imagen de estadista moderado, evitando confrontaciones que puedan erosionar su base de apoyo. «No peleo con periodistas ni con curas o pastores», ha reiterado en múltiples ocasiones, marcando distancia del tono confrontativo de otros actores.

A dos años de las elecciones de 2028, el escenario político sigue abierto y en constante evolución. Las declaraciones del pastor Molina, aunque ruidosas, podrían tener un impacto limitado en el largo plazo. La política dominicana ha demostrado ser dinámica, impredecible y resistente a simplificaciones.

La pregunta inicial sigue en el aire: ¿se equivocó el pastor? Más que una respuesta definitiva, lo que queda claro es que, en política, las afirmaciones categóricas rara vez resisten el paso del tiempo.

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Con Danilo Medina diciendo que el Partido de la Liberación Dominicana no apoyará a nadie fuera de su organización. Leonel Fernández prácticamente proclamado candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. El Partido Revolucionario Moderno sigue sin definir candidato, pero el pleito parece que irá entre David Collado y Carolina Mejía.

Los demás, la recua se sumará al que entiendan que va a ganar y que les deje ganancias y puestos. En ese sentido el PRM tiene que afinar bien que no haya división porque esa es su historia y su costumbre de que era PRD. De David Collado se dice que si no es candidato presidencial se podría ir con cualquier otro partido de alquiler o de venta.

Carolina Mejía cuenta con el apoyo de su padre el ex presidente Hipólito Mejía, además de ser bien popular fuera del partido en el gobierno. David suena popular fuera de su organización, pero bien sabemos que maneja mucho dinero presupuestal y se repita incluso él que la poderosa familia Vicini lo protege y apoya.

Mirando las cosas desde fuera y sin interés particular, el PRM podría tener las de ganar ya que está en el poder y eso da ventaja. Es cuestión de que se mantengan unidos por lo que cualquier candidato debe contar con el apoyo del actual presidente Luis Abinader. Leonel Fernández es una figura pública, tres veces ex presidente y reconocido en el ámbito nacional, aunque la Fuerza del Pueblo no cuenta con una estructura sólida a nivel nacional.

Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero el pleito está casado entre PRM y fuerza del Pueblo. En lo que al PLD refiere todavía no cuenta con candidato las cosas no huelen bien por ahí ya que muchos dicen que se quiere imponer a Gonzalo Castillo que sería el candidato más sólido ya que lo fue anteriormente y tiene gran parte del terreno ganado. Los demás entre los que están fuertes figuras internas harían como que se van y ciertamente se irían.

Ahí tenemos al ex candidato Abel Martínez quien tiene un pie dentro del PLD y otro dentro de la Fuerza del Pueblo. Francisco Javier ya se siente presidenciable y aunque no se irían del PLD no creo que quede conforme con una posible escogencia de Gonzalo Castillo. Así las cosas, el panorama electoral luce llano o confuso depende de quien vaya candidato por los principales partidos.

Si es como dice Danilo Medina de que su PLD no apoyará a nadie extra partido a la Fuerza del Pueblo se le hará difícil ganar en una primera vuelta a un partido en el poder como el PRM. Depende, depende, todo depende, pero como dije anteriormente, aunque son grupos políticos diferentes, sin PLD y Fuerza del Pueblo unidos el PRM podría ir fácil de nuevo al poder, pero para eso los perremeístas tienen que darle todo su apoyo a la gestión actual del Luis Abinader.

Incluso algunos dejar de estar metiendo las patas y gobernar dentro de los parámetros que estable el jefe del Estado.

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Hay territorios donde el debate no puede ser ligero. San Juan de la Maguana es uno de ellos. Allí no estamos frente a una discusión técnica aislada ni ante una oportunidad económica cualquiera. Estamos frente a un punto de quiebre que obliga a definir, con claridad, qué modelo de desarrollo queremos para una región que históricamente ha sostenido su vida y su economía sobre el agua y la producción agrícola.

El proyecto minero que se estudia en la zona ha reabierto una tensión conocida entre extracción y sostenibilidad. De un lado, se presentan cifras, promesas de inversión y generación de empleos. Del otro, se levanta una preocupación legítima que no puede ser desestimada, la posible afectación de las cuencas hídricas y del sistema agrícola que da sustento a miles de familias. En medio de ese choque, lo peor que puede ocurrir es simplificar la discusión.

No se trata de estar a favor o en contra de la minería como concepto. Se trata de entender dónde, cómo y bajo qué condiciones es viable. San Juan no es un territorio neutro. Es un espacio altamente sensible donde cualquier intervención de alto impacto debe ser evaluada con un nivel de rigurosidad superior. El agua allí no es un recurso más, es la base de todo. Es producción, es economía, es vida.

Por eso, asumir una postura responsable implica rechazar tanto el entusiasmo automático como el rechazo sin análisis. La discusión exige evidencia técnica sólida, verificable y transparente. Estudios de impacto ambiental independientes, auditorías confiables, evaluaciones acumulativas que no se limiten al proyecto puntual y garantías reales de protección de las fuentes de agua. Sin eso, cualquier decisión sería un acto de irresponsabilidad.

Pero hay un elemento que no puede quedar relegado a un segundo plano. La licencia social. No como un concepto decorativo, sino como un principio vinculante. Cuando una comunidad expresa desconfianza, cuando sectores organizados, productores y autoridades locales levantan la voz, eso no es ruido. Eso es territorio hablando. Ignorarlo no resuelve el conflicto, lo agrava.

El rol del gobierno local en este proceso no puede ser simbólico. La planificación del desarrollo territorial no se impone desde escritorios lejanos. Se construye con la gente, con sus realidades y con sus prioridades. Pretender avanzar sin ese alineamiento es abrir la puerta a un conflicto prolongado y costoso en todos los sentidos. El municipio no es espectador del desarrollo, es su primera línea de defensa, organización y sostenibilidad.

Hoy, con la información disponible y el nivel de desconfianza existente, no hay condiciones para autorizar una explotación minera en San Juan. Esa es una conclusión responsable. No definitiva, pero sí prudente. Porque el desarrollo no puede medirse en función de lo que se extrae, sino de lo que se preserva y se proyecta a largo plazo.

San Juan no necesita decisiones apresuradas. Necesita claridad, rigor y respeto por su vocación productiva. Y sobre todo, necesita que se entienda que hay territorios donde el margen de error no existe. Porque cuando se compromete el agua, se compromete todo.

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