Hay territorios donde el debate no puede ser ligero. San Juan de la Maguana es uno de ellos. Allí no estamos frente a una discusión técnica aislada ni ante una oportunidad económica cualquiera. Estamos frente a un punto de quiebre que obliga a definir, con claridad, qué modelo de desarrollo queremos para una región que históricamente ha sostenido su vida y su economía sobre el agua y la producción agrícola.

El proyecto minero que se estudia en la zona ha reabierto una tensión conocida entre extracción y sostenibilidad. De un lado, se presentan cifras, promesas de inversión y generación de empleos. Del otro, se levanta una preocupación legítima que no puede ser desestimada, la posible afectación de las cuencas hídricas y del sistema agrícola que da sustento a miles de familias. En medio de ese choque, lo peor que puede ocurrir es simplificar la discusión.

No se trata de estar a favor o en contra de la minería como concepto. Se trata de entender dónde, cómo y bajo qué condiciones es viable. San Juan no es un territorio neutro. Es un espacio altamente sensible donde cualquier intervención de alto impacto debe ser evaluada con un nivel de rigurosidad superior. El agua allí no es un recurso más, es la base de todo. Es producción, es economía, es vida.

Por eso, asumir una postura responsable implica rechazar tanto el entusiasmo automático como el rechazo sin análisis. La discusión exige evidencia técnica sólida, verificable y transparente. Estudios de impacto ambiental independientes, auditorías confiables, evaluaciones acumulativas que no se limiten al proyecto puntual y garantías reales de protección de las fuentes de agua. Sin eso, cualquier decisión sería un acto de irresponsabilidad.

Pero hay un elemento que no puede quedar relegado a un segundo plano. La licencia social. No como un concepto decorativo, sino como un principio vinculante. Cuando una comunidad expresa desconfianza, cuando sectores organizados, productores y autoridades locales levantan la voz, eso no es ruido. Eso es territorio hablando. Ignorarlo no resuelve el conflicto, lo agrava.

El rol del gobierno local en este proceso no puede ser simbólico. La planificación del desarrollo territorial no se impone desde escritorios lejanos. Se construye con la gente, con sus realidades y con sus prioridades. Pretender avanzar sin ese alineamiento es abrir la puerta a un conflicto prolongado y costoso en todos los sentidos. El municipio no es espectador del desarrollo, es su primera línea de defensa, organización y sostenibilidad.

Hoy, con la información disponible y el nivel de desconfianza existente, no hay condiciones para autorizar una explotación minera en San Juan. Esa es una conclusión responsable. No definitiva, pero sí prudente. Porque el desarrollo no puede medirse en función de lo que se extrae, sino de lo que se preserva y se proyecta a largo plazo.

San Juan no necesita decisiones apresuradas. Necesita claridad, rigor y respeto por su vocación productiva. Y sobre todo, necesita que se entienda que hay territorios donde el margen de error no existe. Porque cuando se compromete el agua, se compromete todo.

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El 24 de abril invita otra vez a mirar de frente la realidad municipal dominicana. Esta vez, sin embargo, conviene hacerlo con una mirada más serena, menos pasional y más útil. Ha transcurrido la mitad del período de las actuales autoridades locales y, siendo justos, hay que reconocer que en muchos territorios se perciben avances. Hay ayuntamientos que han mostrado mayor dinamismo, mejor presencia institucional, más cercanía con la gente y una comprensión más clara de que la gestión local no puede limitarse a recoger basura y apagar fuegos.

Se nota en algunos casos una mejor disposición para planificar, una narrativa más moderna sobre el rol del gobierno local y un interés creciente por conectar la gestión con temas de ciudad, convivencia, servicios e infraestructura. Eso hay que decirlo. Pero también hay que decir, con la misma honestidad, que el municipalismo dominicano todavía no logra dar el salto de calidad que el país necesita.

Uno de los grandes desafíos sigue siendo la dignificación del servidor municipal. No puede hablarse de fortalecimiento institucional mientras buena parte del personal de los ayuntamientos continúa laborando en condiciones precarias, con bajos niveles salariales, escasa estabilidad y pocas oportunidades reales de desarrollo. La municipalidad no podrá consolidarse como un verdadero espacio de gestión pública moderna mientras el capital humano siga siendo tratado como un recurso secundario y no como la columna vertebral del servicio local.

A esto se suma la participación social, que sigue siendo una deuda sensible. En muchos lugares todavía se consulta poco, se escucha menos de lo debido y se gobierna desde una lógica vertical que termina debilitando la confianza ciudadana. No basta con invitar a reuniones o tomarse fotos con dirigentes comunitarios. Participar es incidir, opinar, priorizar y también vigilar. Un ayuntamiento fuerte necesita una ciudadanía activa, organizada y tomada en cuenta.

En materia de infraestructura, aunque se han ejecutado obras importantes, siguen existiendo rezagos evidentes en asuntos esenciales. Aceras, contenes, drenaje pluvial, caminos vecinales, mercados, cementerios, alumbrado y manejo de residuos continúan siendo parte de una agenda inconclusa en numerosos municipios y distritos municipales. La infraestructura indispensable no puede seguir compitiendo con la improvisación ni con las prioridades de corto plazo.

Otro punto clave es la ejecución presupuestaria. No se trata solo de tener recursos, que de por sí siguen siendo insuficientes en muchos casos, sino de saber planificar, priorizar y ejecutar con mayor eficiencia, transparencia y sentido de resultados. Todavía hay debilidades en la calidad del gasto, en la estructuración de proyectos y en la capacidad de convertir el presupuesto en transformaciones tangibles para la gente.

Y en ese terreno adquiere especial relevancia la formación técnica y a niveles superiores de las autoridades y del personal municipal. Ahí la Liga Municipal Dominicana está desempeñando un papel decisivo. Su responsabilidad no se ha limitado sólo al acompañamiento administrativo o al apoyo puntual, sino que se convierte cada vez más en un verdadero motor de profesionalización, actualización y fortalecimiento del liderazgo local. La municipalidad del presente exige más conocimiento, más criterio técnico y más preparación para gestionar territorios complejos y eso anda bien.

A mitad de camino, hay razones para reconocer avances. Pero también sobran motivos para entender que el segundo tramo del período debe ser mucho más profundo, más técnico y más transformador. El municipalismo dominicano no necesita conformarse con mejorar. Necesita madurar.

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En este país, cada vez que llueve más de la cuenta, actuamos como si la desgracia nos hubiera sorprendido. Como si nadie supiera que vivimos en una isla expuesta a huracanes, tormentas tropicales, vaguadas e inundaciones. Como si nuestra ubicación geográfica fuera un dato nuevo. Y ahí comienza el problema. No es solo que los fenómenos naturales nos golpeen. Es que seguimos enfrentándolos con improvisación, desorden y memoria corta.

Los desastres naturales, en buena medida, no son tan naturales como nos gusta decir. Natural puede ser la lluvia intensa. Natural puede ser el paso de un huracán. Lo que no es natural es que una ciudad colapse porque sus drenajes están obstruidos, porque se permitió construir donde no se debía, porque se rellenaron humedales, porque se descuidó la infraestructura y porque durante años la planificación fue sustituida por la conveniencia política. Ahí ya no hablamos solo de naturaleza. Hablamos de negligencia.

Nos hemos acostumbrado a gobernar para la coyuntura. Se reacciona cuando ocurre la tragedia, no antes. Se corre cuando ya hay agua dentro de las casas, cuando los vehículos están atrapados, cuando las familias lloran muertos, cuando la ciudad deja de funcionar. Entonces aparecen las reuniones de emergencia, los operativos, las declaraciones solemnes y las promesas de corrección. Pero casi nunca vemos con la misma intensidad la prevención seria, la inversión estratégica y la planificación sostenida.

Y prevenir no es un discurso bonito. Prevenir exige técnica, constancia y decisiones que muchas veces no son populares. Significa ordenar el territorio con criterio. Significa respetar normas de uso de suelo. Significa limpiar y dar mantenimiento permanente a drenajes, imbornales, filtrantes y cañadas. Significa mapear zonas vulnerables, identificar riesgos, educar a la población y coordinar de verdad a las instituciones. Significa fortalecer a los gobiernos locales, que son los primeros en recibir la presión ciudadana cuando todo falla, muchas veces sin recursos suficientes.

No se puede hablar de gestión del riesgo como si fuera una tarea decorativa. Debería ser una política pública central. No algo que se active solo cuando el cielo se pone negro. La prevención tiene que formar parte del presupuesto, de la educación ciudadana, del diseño urbano y de la supervisión de obras. Tiene que ser sistema, no ocurrencia.

También hay una responsabilidad social que no se puede esconder. La basura lanzada a las calles, las construcciones informales en zonas vulnerables y la ocupación irresponsable del espacio público agravan cualquier evento atmosférico. Pero sería injusto cargar todo el peso sobre la gente cuando muchas veces el desorden ha sido tolerado o ignorado por quienes tienen la obligación de regular.

La verdad es incómoda, pero hay que decirla. Muchas de las muertes y pérdidas que hoy lamentamos pudieron evitarse o al menos reducirse. Y eso duele más que la lluvia misma. Porque una cosa es enfrentar la fuerza inevitable de la naturaleza y otra muy distinta es padecer las consecuencias de la desidia humana.

No podemos cambiar nuestra geografía. No podemos impedir que vengan lluvias fuertes, tormentas o huracanes. Pero sí podemos decidir si seguiremos siendo un territorio vulnerable por abandono o una sociedad más fuerte por previsión.

Porque al final, lo que más destruye no siempre es la lluvia. A veces, lo que más destruye es la irresponsabilidad acumulada.

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Lo ocurrido en las carreteras del sur durante esta Semana Santa no debe analizarse únicamente como un problema de tapones, incomodidad o exceso de vehículos. Esa lectura, aunque cierta en parte, se queda corta. Lo que realmente quedó expuesto fue algo más delicado. El Estado, visto como un solo cuerpo, no logró administrar con coherencia una situación que sabía con anticipación que iba a ocurrir. Y cuando eso pasa, la percepción de fracaso no nace de la exageración ciudadana ni del oportunismo político. Nace de una realidad operativa evidente.

Cada año, la Semana Santa moviliza una enorme cantidad de personas hacia distintos puntos del país. Eso no es una sorpresa. Es un comportamiento perfectamente previsible. Esta vez, el flujo vehicular fue extraordinario, muy superior al de períodos comparables anteriores, lo que confirma que las autoridades tenían razones de sobra para anticipar una presión intensa sobre las principales vías del territorio nacional. Es decir, el volumen fue excepcional, sí, pero también medible, anticipable y suficiente para justificar una respuesta integrada mucho más robusta.

Sin embargo, mientras una parte del aparato público destacaba ese intenso movimiento como expresión de dinamismo y capacidad vial, en el terreno se producía otra realidad. En el corredor Baní, Circunvalación de Baní y cruce de Azua se registraron congestiones severas pese a medidas especiales anunciadas por las autoridades, incluyendo cambios temporales en la circulación para facilitar tanto la salida como el retorno de vacacionistas. Si se aplicaron medidas extraordinarias y aun así el resultado visible fue un colapso prolongado, entonces no estamos simplemente ante un día de mucho tránsito. Estamos ante una respuesta pública que no produjo el efecto esperado.

Aquí está el corazón del problema. Muchas veces en República Dominicana seguimos analizando la gestión pública por instituciones separadas, como si cada una pudiera evaluarse por su cuenta. Pero el ciudadano no vive al Estado de forma fragmentada. El ciudadano no distingue entre RD Vial, DIGESETT, COE, Intrant o Ministerio de Obras Públicas cuando queda atrapado durante horas en una carretera. Lo que percibe es una sola cosa. Que el Estado no fue capaz de organizar lo que debía organizar. Y esa percepción tiene base objetiva cuando existían datos, anuncios, operativo nacional y antecedentes suficientes para prever el comportamiento del flujo vehicular.

El punto no es negar que hubo esfuerzo institucional. Se desplegó un amplio operativo de Semana Santa, con personal, puestos de socorro, asistencia vial y coordinación anunciada entre múltiples organismos. Acción hubo. Presencia hubo. Recursos también. Pero una cosa es movilizar recursos y otra distinta es integrarlos con lógica de sistema. Cuando la respuesta se siente reactiva, cuando los ajustes se hacen sobre la marcha y cuando las instituciones parecen actuar en paralelo más que en sincronía, entonces el problema ya no es de voluntad. Es de diseño, de previsión y de dirección.

Eso obliga a una reflexión más seria. No basta con celebrar récords de movilidad ni con anunciar operativos masivos. El verdadero éxito de la gestión pública no está en cuántos vehículos pasaron por un peaje, sino en cuántos pudieron movilizarse con seguridad, fluidez y orden razonable. No está en la cantidad de instituciones involucradas, sino en la calidad de la coordinación entre ellas. No está en el despliegue, sino en el resultado.

Por eso este episodio debe dejar una enseñanza clara. El país necesita pasar de los operativos de temporada a una verdadera gobernanza interinstitucional del tránsito. Una gobernanza donde los datos de movilidad sirvan para anticipar decisiones, donde la gestión del tránsito tenga manejo dinámico de corredores críticos, donde la planificación de movilidad se conecte con la operación en el terreno, donde Obras Públicas refuerce la capacidad de respuesta territorial y donde el órgano coordinador articule no solo presencia, sino integración real.

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El discurso del presidente Luis Abinader del domingo 22 de marzo tuvo una virtud política indiscutible: habló con anticipación. Preparó al país para entender que la guerra en Irán, el alza del petróleo y la tensión en los mercados internacionales traerán consecuencias inevitables sobre la economía dominicana.

Anunció reasignación de recursos, subsidio a fertilizantes, continuidad del apoyo al GLP, protección de programas sociales, ajustes graduales a combustibles y una defensa cerrada de la estabilidad macroeconómica. Todo eso puede lucir razonable desde la lógica del Gobierno central. Pero el problema es otro, en ese esquema de protección, el municipio quedó fuera. 

Y esa omisión no es menor. Porque cuando una crisis externa se convierte en aumento del combustible, de la electricidad, del transporte y de los insumos, el primer nivel de gobierno que lo siente en la operación diaria no es el Palacio Nacional, sino el ayuntamiento.

La crisis se vuelve concreta en el camión de basura que gasta más gasoil, en la brigada que cuesta más movilizar, en el alumbrado que presiona el gasto corriente, en la reparación urbana que se encarece, en la limpieza vial que no admite pausa y en el deterioro visible de los servicios que la gente usa todos los días. El Gobierno anunció medidas para amortiguar el golpe en los hogares, pero no incluyó a la institución que administra la cotidianidad de esos mismos hogares en el territorio. 

La Ley 176-07 deja claro por qué eso es grave. Los ayuntamientos tienen competencias propias como la coordinación en el ordenamiento del tránsito, gestión del espacio público, saneamiento ambiental, construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales, alumbrado público, limpieza vial y recolección, tratamiento de residuos sólidos. Es decir, no estamos hablando de adornos administrativos ni de tareas secundarias. Estamos hablando del corazón funcional de la ciudad. Justamente por eso, la propia ley reconoce a los municipios el derecho a la suficiencia financiera para su adecuada participación en las competencias que ejercen. 

Por tanto, si el Gobierno entiende que esta coyuntura amerita subsidios extraordinarios y reacomodos fiscales, debió contemplar una línea especial de respaldo operativo para los gobiernos locales. No necesariamente un rescate grandilocuente ni una transferencia sin control, sino un mecanismo temporal, focalizado y supervisado que ayude a sostener servicios esenciales.

Una crisis económica no sólo se mide por el precio de la canasta básica, también se mide por la capacidad del municipio de mantener limpia la ciudad, iluminarla, atender emergencias, conservar el espacio público y evitar que el desorden urbano agrave el malestar social. Cuando eso falla, la población no siente una explicación macroeconómica, lo que  siente es abandono. 

Más aún, los ayuntamientos llegan a estas coyunturas con márgenes históricamente estrechos. La Ley 166-03 fijó en 10 % la participación de los municipios y distritos municipales en los ingresos del Estado, precisamente para fortalecer su capacidad de respuesta. Pero aun con esa previsión legal, la estructura municipal dominicana ha operado tradicionalmente con presupuestos limitados frente a obligaciones muy extensas.

En el presupuesto consolidado de 2026, los gobiernos locales representan RD$33,202.9 millones de demanda agregada, emplean al 6.6 % del personal público y destinan RD$14,989.3 millones a remuneraciones, lo que confirma que no son un actor marginal, sino una pieza operativa real del aparato estatal. Sin embargo, cuando se anunció el paquete de mitigación, no aparecieron como prioridad específica. 

Ahí está el punto de fondo. El Gobierno habló de proteger la economía, pero dejó fuera al nivel de gobierno que sostiene la vida urbana cuando la economía aprieta. Y eso no es un detalle técnico es una falla de enfoque. Porque la estabilidad nacional no se preserva solamente con cifras, reservas y subsidios generales.

También se preserva garantizando que el municipio no colapse en silencio mientras la crisis se barre, se recoge, se transporta y se administra desde abajo. Si de verdad se quiere amortiguar el impacto social de esta coyuntura, hay que entender algo elemental, proteger al ciudadano también implica proteger al ayuntamiento. 

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En el mundo municipal hay una verdad que no admite maquillaje. La gestión local no se mide por la cantidad de discursos, fotografías, ruedas de prensa ni campañas de promoción. Se mide por algo mucho más simple y mucho más serio. Se mide en servicios. En limpieza. En movilidad. En espacio público. En convivencia. Todo lo demás puede adornar, entretener o distraer, pero no sustituye la realidad.

Un ayuntamiento eficiente no es el que más habla de transformación, sino el que logra que la gente viva mejor sin tener que pedir favores para conseguir lo básico. Cuando una ciudad está sucia, cuando el tránsito se vuelve un castigo cotidiano, cuando las aceras están ocupadas, cuando el ruido descompone la vida barrial y cuando los espacios comunes se deterioran sin control, no hay relato que salve a ninguna autoridad local. Ahí fracasa la gestión, aunque se inauguren obras menores cada semana y se publiquen videos todos los días.

La limpieza urbana sigue siendo el termómetro más visible del compromiso municipal. Una ciudad limpia no es un lujo estético. Es una señal de orden, autoridad, salud pública y respeto al ciudadano. Cuando los residuos se acumulan, cuando los vertederos improvisados se multiplican y cuando el barrido es deficiente o inexistente, lo que se transmite, además de abandono material, se transmite una idea peligrosa de que aquí cada quien hace lo que le da la gana porque la autoridad llegó tarde o simplemente no llegó.

Lo mismo ocurre con la movilidad. No basta con culpar al crecimiento urbano o al exceso de vehículos. La gestión local tiene responsabilidades claras en el uso del suelo, en la regulación del espacio, en la coordinación vial, en la recuperación de aceras, en la organización del estacionamiento y en la defensa del peatón. Una ciudad donde cruzar una calle es una aventura, donde los vehículos ocupan todo y donde el ciudadano común ha sido expulsado del espacio que le pertenece, es una ciudad mal administrada.

El espacio público también dice toda la verdad. Parques descuidados, aceras rotas, contenes destruidos, plazas tomadas, calles invadidas y áreas verdes abandonadas revelan una concepción pobre de la gestión. Gobernar una ciudad no es sólo recoger basura y pagar nómina. Es proteger el derecho de la gente a convivir en un entorno digno. El espacio público ordenado democratiza la ciudad. El espacio público abandonado la entrega al desorden, al abuso y a la ley del más fuerte.

Y junto a todo eso está la convivencia, que muchas veces se subestima como si fuera un asunto secundario. Grave error. Una ciudad donde nadie puede dormir por el ruido, donde los conflictos vecinales escalan sin mediación, donde se normaliza el uso arbitrario del espacio común y donde no existen reglas claras que se hagan cumplir, termina erosionando la paz social. La gestión local es más que administrar servicios. También debe garantizar condiciones mínimas para que las personas puedan vivir unas junto a otras sin que la agresión, la ocupación indebida o la irresponsabilidad se conviertan en norma.

Por eso me preocupa cuando algunas autoridades creen que gobernar un municipio consiste en producir una imagen de eficiencia sin construir eficiencia real. La propaganda puede levantar una percepción momentánea, pero no resiste la prueba del camión que no pasa, del hoyo que no se tapa, del parque que no se cuida y de la calle donde el ciudadano se siente huérfano. La gente puede no dominar el lenguaje técnico de la administración pública, pero sabe perfectamente cuándo su ciudad funciona y cuándo no. La gestión local debe volver a su esencia. Menos espectáculo y más resultados. 

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La ciudad se gobierna con tres cosas esenciales, normas claras, presupuesto responsable y supervisión constante. Todo lo demás puede complementar la gestión, adornarla o hacerla más visible, pero sin esos tres pilares no hay orden urbano posible ni calidad de vida sostenible.

Muchas veces se quiere vender la idea de que una ciudad se transforma únicamente con grandes anuncios, discursos bien elaborados o proyectos llamativos. Pero la realidad es otra. La ciudad no se gobierna con ocurrencias. Se gobierna con reglas precisas, con dinero bien administrado y con una autoridad capaz de vigilar y corregir. Cuando una de esas tres piezas falla, comienza a abrirse paso el desorden.

Las normas claras son el punto de partida. Ninguna ciudad puede funcionar bajo la ambigüedad o la improvisación. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué está permitido, qué está prohibido, cuáles son las consecuencias de violar las reglas y quién debe hacerlas cumplir. Cuando la norma es confusa, débil o selectiva, la autoridad pierde legitimidad. Y cuando la norma existe, pero no se aplica, se convierte en una simple formalidad sin valor real.

Ahí es donde comienzan muchos de los problemas que hoy afectan nuestras ciudades; construcciones levantadas sin control, ocupación indebida de aceras y espacios públicos, actividades comerciales donde no corresponden, ruido excesivo, basura fuera de horario, tránsito caótico y comunidades enteras creciendo sin criterio de planificación. Nada de eso surge de la nada. Surge cuando la norma deja de ser una guía y la autoridad renuncia a hacerla respetar.

Pero las normas, por sí solas, no bastan. También se necesita presupuesto responsable. Gobernar una ciudad es decidir prioridades. Es entender que los recursos públicos son limitados y que deben orientarse hacia lo verdaderamente importante: limpieza, drenaje, mantenimiento vial, alumbrado, ordenamiento territorial, seguridad urbana y recuperación de espacios públicos. El presupuesto municipal no puede convertirse en una herramienta de improvisación ni en una caja para responder a presiones coyunturales.

Un presupuesto responsable es el que responde a una visión de ciudad. Es el que pone el interés general por encima del aplauso momentáneo. Muchas veces una gestión seria no necesita hacer la obra más vistosa, sino atender la necesidad más urgente. A veces el avance no está en inaugurar algo nuevo, sino en corregir lo que lleva años deteriorándose. Administrar bien también es saber decir no al gasto innecesario y sí a la inversión útil.

Sin embargo, ni las mejores normas ni el mejor presupuesto producen resultados sin supervisión constante. Y ahí se encuentra una de las mayores debilidades de muchas administraciones locales. Se aprueban reglas que nadie vigila. Se asignan recursos que nadie monitorea. Se autorizan obras que luego nadie inspecciona. Así, poco a poco, el desorden termina ocupando el lugar de la autoridad.

Supervisar no es perseguir. Supervisar es gobernar. Es verificar que una construcción cumpla con la ley. Es impedir que una acera sea tomada. Es dar seguimiento a los servicios, a los contratistas y al uso correcto de los fondos públicos. Es estar presente antes de que el problema crezca y no después, cuando ya el daño está hecho.

Una ciudad donde no se supervisa termina siendo gobernada por la informalidad, por la conveniencia y por la fuerza de los hechos consumados. Y cuando eso ocurre, el ciudadano que cumple las reglas empieza a sentirse desprotegido. Se rompe entonces la confianza pública y se debilita la convivencia.

Gobernar la ciudad exige firmeza, método y sentido de responsabilidad. No hay desarrollo urbano verdadero sin reglas comprensibles, sin disciplina presupuestaria y sin vigilancia institucional. La ciudad no se improvisa. La ciudad se conduce, se ordena y se cuida. Y para lograrlo hacen falta justamente esas tres cosas: normas claras, presupuesto responsable y supervisión constante.

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En la última edición de nuestro podcast «Municipalidad Global» abordamos este tema con la participación de un psiquiatra experto en manejo del estrés. Dentro de las conclusiones que llegamos en esta edición que compartimos con el doctor Wirson Ureña, esta la respuesta al encabezado: sí, definitivamente existen ciudades estresantes. 

En un trabajo realizado para la Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle de México, el estrés generalmente se puede explicar como una reacción psicofisiológica (mente-cuerpo) que despierta fatiga en los sistemas del organismo a tal grado que genera un mal funcionamiento y daños corporales. Un estresor es entendido como cualquier condición o evento que causa una respuesta de estrés, la cual está relacionada con cualquier tipo de componente de la vida, es decir, puede ser físico, emocional, intelectual, social, económico o espiritual. 

No es un secreto para nadie, que nuestro pais varía el nivel de estrés de la ciudad dependiendo de las regiones donde estas se ubican.  

Hasta hace relativamente poco tiempo, el término estrés era escasamente empleado; sin embargo, en la actualidad, se escucha en todos los ámbitos de nuestras vidas. Es probable que muchos de los que usan esta palabra no tengan un conocimiento profundo de los factores que inciden en él; sin embargo, todos hemos pasado por alguna situación estresante. Este súbito aumento está vinculado a las quejas que se escuchan cotidianamente en los centros de trabajo con respecto al tránsito vehicular, la contaminación, la cantidad de gente, las manifestaciones políticas, etc.

El trabajo de investigación que encabezó Carlos Héctor Dorantes Rodríguez, además demostró que el estrés es negativo cuando excede la habilidad para enfrentar presiones en el sistema corporal causando problemas físicos y de conducta. El estrés es positivo cuando esta fuerza la modificamos de acuerdo a nuestras propias necesidades y así se incrementa el vigor y la potencia de nuestros mecanismos de adaptación. El estrés es también positivo cuando la salud y desempeño vierte o previene sobre alguna situación determinada para enfrentarla adecuadamente.

Ante el cuestionamiento a nuestro entrevistado de por qué hay ciudadanos que viven en sectores populares de la ciudad capital en donde se escuchan niveles altos de música, se brindan servicios municipales con menos regularidad, alta contaminación ambiental y sonora por tránsito de vehículos no sufren igual nivel de estrés que los que viven en otras áreas mas tranquilas, su respuesta fue simple: los estresores son los mismos sin embargo, el manejo del estrés es algo cotidiano en esos sectores «populares» llegándose a convertir en una especie de zona de confort y adaptación. 

Sin embargo, existen estresores que no se escapan los citadinos, el tránsito público, la contaminación sonora de calles y avenidas céntricas, el alto costo de la canasta familiar, el desempleo, el tema de la salud, entre otros.

Las ciudades se componen obviamente de ciudadanos, por lo cual éstas se parecen exactamente a los que las habitan. Unos ciudadanos estresados provocan ciudades estresantes.

La disminución del sentimiento de responsabilidad social: la actitud de las personas sometidas constantemente a esta sobrecarga tiende a evolucionar hacia un desprecio total de las necesidades, intereses y demandas de los otros; que llega hasta la falta de asistencia a otras personas en peligro o dificultad, la disminución de la cortesía en las relaciones interpersonales: las conductas de urbanidad tienden a desaparecer; no se pide disculpa por empujar, no se deja el asiento a personas de edad, el anonimato se convierte en norma; hay una «desindividuación» que convierte al ciudadano en un solitario en medio de la muchedumbre, y esto permite, por otra parte, una mayor tolerancia hacia toda clase de desviaciones.

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Usado por las antiguas civilizaciones de diversas formas y maneras, el busto sigue siendo en nuestros días, una de las más usadas expresiones culturales. Cabeza, hombro y pecho (de allí se origina su nombre) parecería una obra incompleta, pero es en si la «obra». 

En nuestro país se utilizó siempre, en orígenes de la república, para enaltecer a figuras que pretendían exaltar sus egos y megalomanías. Era obvio, pues así se acostumbraba en las grandes potencias desde donde heredamos nuestra cultura y esencia. Caudillos, dictadores, gobernantes hasta las iglesias, se vieron seducidos por inmortalizarse a sí mismo o a sus líderes.

Al paso de los años, las sociedades como la nuestra, fueron tergiversando la verdadera razón de la escultura, pues se hizo uso y abuso de la misma, llegando a asociarse de manera casi indivisible, como un culto a la personalidad de tiranos o autócratas. Pero no hay mejor manera de recordar a nuestros héroes o ciudadanos muy distinguidos que erigiendo un busto para que las generaciones futuras no los olviden. 

En nuestra ciudad de Santo Domingo de Guzmán, podemos ver esparcidos por doquier una buena cantidad de estas expresiones culturales. Hoy nos referiremos exclusivamente a nuestro malecón conocido como George Washington. Pocos han de saber que esta impresionante avenida se extiende desde la avenida Abraham Lincoln hacia el este.  

En la plaza donde se inicia, está la imagen egregia del Padre de la Patria de los Estados Unidos de América, George Washington, que si bien no es un busto por razones obvias (pues la avenida lleva su nombre), es una imagen que flanquea toda la expresión artística que cubre el malecón de la capital. Al lado en una mini plaza contigua, se evidencia el busto del Mariscal Ramón Castilla y Marquesado, ex presidente del Perú quien a través de nuestro inmenso Gregorio Luperón manifestó su solidaridad entre su pais y nuestra incipiente república.

El busto de Juan Pablo Duarte engalana el jardín interior de la sede del Banco Agrícola.

Ya más al este, se encuentra la Plaza Miguel de Cervantes, en donde, próximo a su esquina oeste, emerge un busto dedicado al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, señalando el lugar desde donde marchó hacia la toma del Palacio Nacional en el año 1965, misión en donde cayó mortalmente herido y falleciendo por sus ideales.

En la misma plaza, más al centro, surge la imagen en forma de busto del más famoso hombre de letras de la literatura universal, Miguel de Cervantes Saavedra, al cruzar la calle y encabezando la calle Palo Hincado se advierte la imagen del coronel Juan María Lora Fernández, mártir de abril del 1965.

A pocos pasos, siempre en sentido este, en donde se cruzan las calles José Gabriel García y Espaillat y al final de nuestro recorrido, nos sorprende una imagen del Rey del Tango, Carlos Gardel, cuya plaza lleva su nombre. Homenaje del pueblo dominicano en el centenario de su nacimiento. Las expresiones culturales son siempre acciones que enaltecen a los pueblos y por supuesto a sus autoridades, es una misión de los gobiernos locales seguir fomentándolas. 

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Cuando se trata de repartir recursos económicos, la suerte de los ayuntamientos es harta sabida. Si les toca algo, suele ser prácticamente una propina. Y lo más frustrante es que esa «propina» no responde necesariamente a una lógica técnica, ni a un cálculo serio de necesidades territoriales, sino a una mezcla de desconfianza política, centralismo crónico y, para ser justos, a un municipalismo que demasiadas veces se sabotea a sí mismo.

En el fondo, la jerarquía política, la de arriba, la que administra el presupuesto nacional y reparte como quien reparte favores,  no cree en los alcaldes ni en los regidores. No les cree como gestores, no les cree como administradores, y en algunos casos ni siquiera les cree como interlocutores válidos. Esa actitud, sin embargo, tiene un comportamiento curioso y es que cuando esa misma jerarquía está en oposición, los alcaldes «son importantes», «son la base», «son el contacto con la gente». Pero apenas se encumbra en el poder, los niega como Pedro a Jesús… y sin esperar al canto del gallo.

La segunda razón es peor, porque es un autogol: los alcaldes y los regidores no se ayudan. No operan como bloque institucional, no empujan una agenda común, no presionan con método ni con continuidad. Se dispersan en lo pequeño, se pelean por lo accesorio y se vuelven islas en un mar donde el poder real se organiza en continentes. Y así, mientras el municipalismo discute entre sí, el poder central reparte como le da la gana.

En ese contexto aparecen los famosos 20 pesos por habitante que asigna la Ley 98-25. En teoría, esos fondos, que provienen del Fideicomiso DO Sostenible, están destinados a contribuir a la gestión integral de los residuos sólidos; apoyar la recolección diferenciada, mejorar la logística, fomentar educación ciudadana y elevar el estándar del servicio en cada demarcación. Es decir, no es un «regalo»; es un recurso con propósito, con sentido público, con impacto directo en salud, salubridad y convivencia.

Pero la realidad dominicana tiene un talento especial y es  convertir lo lógico en odisea. Lo más curioso, y lo más indignante, es que para echarle mano a esos chelitos, muchos ayuntamientos tendrán que confesarse hasta con el mismo rey del averno. Cuando al fin aparece algo (algo es algo), se la ponen en China. Trabas, requisitos desproporcionados, burocracia, ventanillas, dudas, demoras… y, a veces, condiciones que parecen más un mecanismo de control político que un sistema de rendición de cuentas.

Entonces surge la pregunta incómoda acorde a las ejecutorias de los ayuntamientos, ¿es justo que reciban más dinero? Mi respuesta es doble. Sí: porque no se puede exigir calidad institucional con presupuesto de supervivencia. Pero también no, o, al menos, no automáticamente, porque el dinero sin resultados sólo alimenta el discurso centralista que los quiere pobres y dependientes.

Los 20 pesos no son el problema. El problema es el país que cree que con 20 por pesos por habitante se resuelve la basura, y el municipalismo que no se planta unido para que esos recursos lleguen a tiempo, con reglas claras, y se traduzcan en servicios visibles. Porque si el ciudadano no ve mejora, el sistema seguirá diciendo: «¿ves? por eso no hay que darles nada». Y así, la propina se convierte en destino.

La pregunta, entonces, no es «¿es justo que reciban más dinero?».
La pregunta es: ¿cuánto más vamos a aceptar que el municipio siga siendo la cenicienta del Estado, mientras le exigen que baile como reina en el baile de la gestión pública?

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