El Ministerio Público y la Misión Internacional de Justicia anunciaron la ejecución de un programa de cooperación y ayuda que tiene como propósito contribuir con la reducción y posterior eventual erradicación de los casos de trata de personas con fines de explotación sexual comercial.
La iniciativa fue formalizada a través de un acuerdo de colaboración interinstitucional firmado con esos fines por el procurador general, Francisco Domínguez Brito, y el director ejecutivo del organismo internacional, Fernando Rodríguez, el cual establece colaboración en lo concerniente a los levantamientos de información, participación en operativos y la preparación de estrategias conjuntas para combatir la trata de personas, abusos, pornografía y otros delitos vinculantes.
A través de la alianza se acordó que la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas recibiría colaboración en los procesos de investigación de los delitos de explotación sexual comercial que así lo requieran. Lo mismo regirá para los casos seguidos a los acusados de delitos relacionados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
El procurador general Domínguez Brito agradeció el apoyo de la Misión Internacional de Justicia, tras reconocer que el país es una de las naciones del mundo con mayor explotación sexual, casos que, según explicó, inician en la adolescencia, por lo que dijo es un tema de alta prioridad para el Gobierno.
Mientras que el señor Rodríguez manifestó el placer de colaborar con el país en el tráfico ilícito de personas, al tiempo de agradecer la oportunidad que se le brinda, con la firma del acuerdo, para que los responsables de ese delito sean procesados en la justicia.
El acto de firma del convenio se llevó a cabo en la Procuraduría General de la República, por tiempo indefinido, con la participación de Jonathan Baró, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y por la Misión Internacional de Justicia, Bob Alfonso, director de Desarrollo de Aplicación de la Ley; Jessica Ortiz, directora de Casos; Jhommy García, abogado litigante; la paralegal Raisy Marte y la asistente de administración, Yuset Guerrero.
La Misión Internacional de Justicia ofrecerá servicios psicosociales a víctimas para la ubicación y restitución de derechos a través de hogares de paso o permanente, según aplicación del caso y de evaluación para poder ser insertadas a la vida productiva, así como de capacitación y de becas de estudio.
De manera coordinada ambas instituciones también desarrollarán un programa de capacitación respecto a temas relacionados a la explotación sexual comercial, con la participación de expertos nacionales e internacionales, que incluye la organizarán charlas, talleres y coloquios dirigidos a los actores del sistema de justicia en general (fiscales, jueces, psicólogos en sus diferentes especializaciones, abogados y público en general), con el fin de lograr el desarrollo profesional necesario para garantizar un mejor servicio.
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