Cada vez que surge un problema en nuestros municipios, la primera mirada se dirige al ayuntamiento. Si hay basura, desorden en las calles, ocupación de las aceras o conflictos por el uso del suelo, la gente reclama al alcalde. Sin embargo, cuando llega el momento de decidir, financiar o intervenir, aparecen otras instituciones que asumen el protagonismo. Al gobierno local le queda la responsabilidad frente al ciudadano, mientras su capacidad de respuesta se reduce.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? A mi juicio, hemos construido un Estado que reconoce la autonomía municipal en sus normas, pero mantiene una fuerte inclinación a concentrar las decisiones. Nos gusta hablar de descentralización, aunque seguimos esperando que las soluciones lleguen desde un ministerio, una dirección general o el Palacio Nacional.

La Constitución reconoce la autonomía de los gobiernos locales y la Ley 176-07 establece sus competencias. Pero tener una atribución escrita no garantiza poder ejercerla. Se necesitan recursos, personal preparado, información y autoridad efectiva. Cuando estas condiciones faltan, la autonomía se convierte en una promesa difícil de cumplir.

Una parte del problema surge cuando legislamos sobre transporte, residuos, ordenamiento territorial o convivencia sin resolver suficientemente cómo participarán los ayuntamientos. Cada sector desarrolla su estructura, sus procedimientos y sus prioridades. El territorio termina recibiendo decisiones de varias instituciones, mientras el gobierno municipal intenta organizar lo que otros han dispuesto.

Coordinar es necesario. Hay problemas que superan los límites de un municipio y requieren respuestas nacionales. Lo preocupante ocurre cuando esa coordinación reduce al ayuntamiento a facilitar un espacio, acompañar una visita o aparecer en la fotografía. Participar exige intervenir en las decisiones, conocer sus consecuencias y tener capacidad para darles seguimiento.

El dinero pesa mucho en esta relación. Quien dispone del presupuesto puede establecer prioridades, contratar y ejecutar. Un ayuntamiento con responsabilidades amplias y recursos insuficientes termina dependiendo de gestiones, favores y acuerdos para atender necesidades que deberían formar parte de su capacidad ordinaria.

Sería cómodo atribuir toda la responsabilidad al Gobierno central. Hay ayuntamientos que han debilitado su propia posición por falta de planificación, escasa fiscalización o incapacidad para sostener propuestas técnicas. La autonomía necesita gobiernos locales que la ejerzan con seriedad. Defender competencias exige demostrar que se pueden administrar con transparencia y resultados.

Pero las debilidades municipales deben corregirse fortaleciendo las instituciones. Utilizarlas como justificación permanente para sustituirlas termina reproduciendo el mismo problema. Si cada dificultad se resuelve trasladando la decisión hacia arriba, el municipio nunca desarrollará la capacidad que se le reclama.

Me preocupa que estemos acostumbrándonos a ver al ayuntamiento como una oficina de servicios básicos, olvidando su condición de gobierno del territorio. Allí se encuentran la vida cotidiana, los conflictos comunitarios y las oportunidades de desarrollo.

Recuperar su capacidad de gobernar requiere financiamiento suficiente, equipos técnicos, reglas claras y respeto institucional. El ciudadano merece saber quién decide, quién ejecuta y quién responde. Mientras esas tres funciones sigan separándose, continuaremos exigiéndoles a nuestros alcaldes soluciones sobre asuntos en los que cada vez tienen menos poder.

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Durante años, muchas decisiones urbanas fueron tomadas como si la ciudad permanecería igual. Se autorizaron accesos, salidas comerciales, giros, cruces, estacionamientos, edificaciones y cambios de uso sin medir lo que ocurriría cuando aumentaran la población, el parque vehicular y la intensidad de las actividades económicas.

Algunas de esas decisiones no provocaron consecuencias inmediatas. Una entrada mal ubicada podía funcionar cuando circulaban pocos vehículos. Una plaza con estacionamientos insuficientes parecía manejable mientras el sector tenía baja densidad. Un colegio, una clínica o un supermercado podían operar sin mayores contratiempos porque la calle todavía soportaba su movimiento.

Diez o quince años después, la realidad es completamente distinta. Aquello que parecía un detalle aislado hoy puede ser el punto donde comienza un congestionamiento diario. La salida de una plaza bloquea una intersección; el acceso a una torre interrumpe el flujo; un comercio ocupa la acera porque nunca se previó espacio para carga y descarga; una actividad aprobada como pequeña creció hasta desbordar la capacidad de su entorno.

Estos problemas no surgieron espontáneamente. Muchos tienen detrás un permiso municipal, una inspección insuficiente, una excepción concedida o una falta de planificación. Por eso, la responsabilidad de los ayuntamientos no puede limitarse a evitar nuevos errores. También deben revisar las distorsiones existentes y comenzar a ordenar aquello que, aun habiendo sido autorizado, hoy afecta gravemente la movilidad y el espacio público.

Corregir no significa desconocer derechos adquiridos ni actuar de manera arbitraria. Significa evaluar la operación actual de cada punto crítico y establecer medidas razonables de mitigación. Hay accesos que pueden reorganizarse, horarios de carga que deben regularse, giros que necesitan prohibirse, estacionamientos que deben recuperarse y actividades cuyo funcionamiento tiene que adecuarse a la capacidad real de la vía.

Para hacerlo se necesita un inventario municipal de distorsiones urbanas. Cada ayuntamiento debería identificar las intersecciones conflictivas, los accesos comerciales que generan filas, las construcciones que invaden visuales de seguridad, los centros que producen estacionamiento irregular y los puntos donde decisiones antiguas afectan la circulación actual.

Ese levantamiento debe apoyarse en observación, datos y consulta con quienes viven diariamente el problema. Los agentes de tránsito conocen dónde se repite el caos. Los residentes saben a qué horas una calle deja de funcionar. Los comerciantes conocen las dificultades de abastecimiento. Esa información debe convertirse en decisiones municipales concretas, con plazos, responsables y seguimiento.

La planificación no puede servir únicamente para diseñar el futuro. También debe ayudarnos a corregir el pasado.

Es fácil atribuir toda la crisis vial a la cantidad de vehículos o al comportamiento de los conductores. Esa explicación resulta incompleta. La ciudad también se congestiona por la acumulación de decisiones públicas que nunca fueron revisadas. Cuando una distorsión permanece durante años, termina siendo asumida como normal, aunque diariamente reste seguridad, tiempo y calidad de vida.

Los ayuntamientos tienen la oportunidad de iniciar una corrección gradual, técnica y transparente. No todo podrá resolverse de inmediato, pero sí puede establecerse un orden de prioridades y comenzar por los puntos de mayor impacto.

Dejar intactos esos puntos críticos equivale a permitir que una decisión antigua continúe multiplicando sus efectos negativos sobre toda la ciudad con cada día.

Gobernar una ciudad también es reconocer cuándo una decisión dejó de funcionar. Los permisos explican cómo llegamos hasta aquí; la planificación y la autoridad municipal deben definir cómo comenzamos a salir.

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Mueren las esperanzas de una comunidad laboriosa e indispensable para la dinámica diaria de los dominicanos. Proveer alimentos es una práctica milenaria que debe ser reconocida como uno de los oficios más nobles y necesarios para la sostenibilidad de cualquier nación. No hay desarrollo posible si la distribución de alimentos perecederos no cuenta con un sistema moderno, eficiente y digno para quienes producen, venden y consumen. Y en eso, este mercado juega un rol histórico e insustituible.

La creación del fideicomiso para los mercados de abastos se anunció como una solución novedosa, eficaz y con visión de futuro. Prometía relanzar el comercio agroalimentario en entornos salubres, organizados y adecuados a las exigencias del siglo XXI. Se habló incluso de una intervención urbana de alto impacto que regeneraría la zona norte de la capital, llevándola de la informalidad al orden, del deterioro al esplendor, y del abandono al protagonismo que merece.

¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Por qué está detenido este proyecto? ¿Qué impide que se avance en algo tan esencial y estratégico para el país?

Sabemos que los procesos públicos toman tiempo, que deben cumplirse etapas y que hay aspectos técnicos y legales que no pueden obviarse. Pero también sabemos priorizar. Y si hablamos de prioridades, pocas cosas tienen mayor peso social, económico y humano que garantizar una red moderna de mercados de abastos. No solo hablamos de comercio, hablamos de seguridad alimentaria, de encadenamientos productivos, de empleo digno y de vida urbana más saludable.

El Gobierno central parece no entenderlo. O no querer entenderlo. Porque a pesar de tener los instrumentos, los recursos y el compromiso público con esta iniciativa, el proyecto está paralizado. Y esa parálisis comienza a convertirse en desesperanza para cientos de comerciantes, transportistas, consumidores y comunidades que dependen de este ecosistema económico.

Extrañamos la vitalidad que caracterizaba al Mercado Nuevo: alimentos frescos, variados y a buen precio, disponibles para miles de familias cada día. Un lugar que a pesar de su deterioro, nunca perdió su esencia, su energía y su valor para la ciudad. Imaginen lo que podría ser si se le brindaran las condiciones adecuadas. Si fuera limpio, seguro, regulado, digno.

La transformación de este mercado, además de una intervención física, es una apuesta al rescate del comercio tradicional, a la formalización económica, a la cohesión comunitaria y al desarrollo sostenible de la capital. Esta obra tiene el potencial de dignificar barrios enteros, de reducir la criminalidad, de mejorar la movilidad, y de integrar social y económicamente una zona históricamente marginada.

¿De verdad no lo ve el Gobierno Central? ¿Acaso no comprende que esta es una de las obras de mayor impacto urbano de los últimos años? ¿O será que el cálculo político ha pesado más que el interés colectivo?

No quisiera pensar que hay mezquindad detrás de esta paralización. Pero si la hay —como muchos temen— que se imponga la sensatez. Porque más allá de posibles beneficios electorales para la alcaldesa del Distrito Nacional o cualquier otro actor político, los verdaderos beneficiarios serán los dominicanos y dominicanas que merecen espacios públicos de calidad, mercados modernos y ciudades más humanas.

El país necesita señales claras de compromiso con lo esencial, no con lo cosmético. Y pocas señales serían más potentes que reiniciar de inmediato este proyecto, con transparencia, eficiencia y voluntad política. Porque donde hoy hay caos, desorden e insalubridad, podría haber un centro modelo de abastecimiento y convivencia.

Y porque si de verdad se quiere transformar la ciudad, se comienza por el corazón de su gente: el lugar donde cada día se ganan la vida, se alimentan y sueñan con un mañana mejor.

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No conozco personalmente a Hostos Rizik. Nunca he conversado con él. Hago la aclaración porque vivimos en una sociedad donde reconocer públicamente el trabajo de un funcionario muchas veces se interpreta como simpatía, compromiso o interés.

Y no debería ser así. Desde hace años sigo con particular atención los temas vinculados a la gestión pública, las ciudades, los servicios y el territorio. Eso me ha enseñado que una cosa son los números que presentan las instituciones y otra, igualmente importante, es lo que termina percibiendo el ciudadano.

Desde hace un tiempo siento un cambio en RD Vial. Hostos Rizik asumió la dirección de esa institución en febrero de 2025. Ha pasado tiempo suficiente para que su gestión pueda comenzar a ser observada más allá del entusiasmo propio de los primeros meses.

Y hay algo que me llama particularmente la atención y es que la gestión se siente. Se siente cuando transitamos por determinadas carreteras y encontramos mayor presencia institucional. Se siente en el mantenimiento, la limpieza, la iluminación, la señalización y en una asistencia vial que procura estar más cerca del ciudadano. Son elementos que individualmente podrían parecer pequeños, pero juntos construyen percepción de gestión.

Los números también comienzan a ofrecer elementos para evaluar. RD Vial cerró 2025 con recaudaciones cercanas a los RD$12,500 millones y aportes importantes para financiar obras públicas. Para 2026 proyectó incrementar esos ingresos y durante los primeros meses del año las recaudaciones han mantenido un comportamiento favorable.

Pero hay que hacer una precisión para ser justos. RD Vial no ejecuta directamente todas las obras que vemos. El fideicomiso constituye fundamentalmente un instrumento de financiamiento y gestión de recursos, mientras una parte considerable de las intervenciones corresponde al Ministerio de Obras Públicas. Atribuirle todo lo bueno a una sola institución sería tan incorrecto como responsabilizarla de todo lo malo.

Mi valoración va por otro lado. Rizik proyecta la imagen de algo que debería resultar absolutamente normal en el Estado, pero que todavía celebramos cuando lo encontramos: un funcionario a tiempo completo.

Presencia, seguimiento, continuidad y atención a los detalles. No puedo afirmar cómo funciona internamente la institución porque no estoy dentro de ella. Tampoco puedo evaluar al hombre porque no lo conozco. Puedo observar al funcionario y los resultados que llegan hasta el ciudadano.

Durante mucho tiempo he sostenido que la gestión pública no puede evaluarse exclusivamente por la cantidad de dinero ejecutado. Ejecutar presupuesto es una obligación. El verdadero desafío consiste en convertir esos recursos en servicios, soluciones y mejoras que la gente pueda identificar en su vida cotidiana.

Ahí está la diferencia entre administrar y gestionar. Administrar puede verse en un informe. Gestionar termina viéndose en la calle. Por supuesto, queda mucho por hacer. Nuestra infraestructura vial mantiene enormes desafíos de mantenimiento, seguridad, señalización, movilidad y calidad. Precisamente por eso debemos continuar observando y exigiendo resultados.

La objetividad tampoco significa convertir la crítica en una profesión. Consiste en señalar lo que está mal con la misma independencia con que reconocemos aquello que parece estar funcionando. No conozco a Hostos Rizik y quizás esa distancia hace más sencilla esta valoración.

Hasta ahora, lo que observo de su trabajo al frente de RD Vial me produce una buena impresión. Los números permitirán evaluar finalmente su gestión. Mientras tanto, hay algo que también cuenta; se siente que hay alguien gestionando.

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Durante más de una década hemos sido testigos de un proceso interminable de intervenciones en la Ciudad Colonial, disfrazado de proyectos de readecuación, restructuración o modernización. Lo que al principio fue presentado como un plan integral para revitalizar el casco histórico más antiguo del continente americano, ha terminado convertido en una pesadilla que parece no tener fin. Y mientras las autoridades se afanan en justificar demoras, cambios de diseño, modificaciones presupuestarias y nuevas fases, la realidad que viven los residentes, comerciantes y visitantes es otra muy distinta: un lento pero constante deterioro del entorno humano, social y económico de la zona.

Detrás de esta prolongada ejecución de obras hay más sombras que luces. Todo parece indicar que se manejan agendas paralelas al margen del bienestar colectivo. No se explica de otro modo el abandono institucional en aspectos fundamentales, la imposición de regulaciones arbitrarias, y la cerrazón para escuchar a quienes tienen décadas habitando y cuidando ese espacio. El sufrimiento de quienes residen o trabajan allí ha sido ignorado por demasiado tiempo. El comercio agoniza, los hoteles cierran, las familias se mudan, los turistas se decepcionan, y la gente común –sin respaldo político ni empresarial– vende sus propiedades por precios ridículos, empujada por la asfixia de un proceso que no entiende ni controla.

A esto se suma una peligrosa rigidez burocrática que impone restricciones absurdas a quienes desean restaurar o intervenir sus viviendas, bajo pretextos de “preservación” que ni siquiera están sustentados en normativas claras. En realidad, muchas de estas limitaciones obedecen a voluntades caprichosas, a criterios técnicos cuestionables y, en algunos casos, a favoritismos o intereses particulares disfrazados de protección patrimonial. Todo esto ha creado un ambiente hostil que promueve la salida de los habitantes originales y abre paso a una transformación silenciosa, orientada al beneficio de otros sectores más poderosos.

Pero la Ciudad Colonial no es propiedad de una institución pública, ni de dos, ni de tres. Tampoco lo es exclusivamente de quienes viven allí. Ese pequeño territorio contiene más de 500 años de historia. Ahí están el primer ayuntamiento del Nuevo Mundo, la primera catedral, el primer hospital, la primera universidad. Es el corazón fundacional de nuestra nación. Un testigo viviente del nacimiento de América. Es, por tanto, patrimonio de los 11 millones de dominicanos que hoy habitamos esta tierra.

Por eso, ha llegado el momento de proponer una salida seria, estructurada y definitiva. Y esa salida no puede seguir dependiendo del vaivén de gobiernos o de proyectos con plazos interminables. La Ciudad Colonial necesita un nuevo modelo de gobernanza. Proponemos la creación de un “Distrito Colonial” bajo una ley especial, que le otorgue a sus residentes y propietarios la capacidad de autogestionarse, con normas claras, modernas y consensuadas, enfocadas en preservar el patrimonio sin atropellar a la comunidad que lo mantiene vivo.

Este distrito tendría una estructura de gestión autónoma, con participación directa de los vecinos, comerciantes, expertos en patrimonio y representantes del Estado, bajo un marco legal que respete la singularidad del territorio y lo blinde ante manipulaciones inmobiliarias o decisiones arbitrarias. Un espacio que combine desarrollo con identidad, inversión con inclusión, turismo con respeto a la vida cotidiana. Un modelo que tenga dolientes reales, no burócratas de paso.

Lo que está en juego no es solo la estética de unas calles coloniales. Está en juego la memoria histórica de una nación. La Ciudad Colonial no puede seguir siendo maltratada bajo la excusa de su rescate. No puede continuar como rehén de proyectos interminables ni de intereses opacos. Es momento de defenderla con altura, con visión y con valentía.

Salvar la Ciudad Colonial no es una causa local. Es una causa nacional. Y todos los que creemos en la memoria, la dignidad y la historia como pilares de una sociedad con futuro, debemos unirnos para exigirlo.

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El accidente ocurrido este lunes en la avenida George Washington debe investigarse hasta determinar exactamente qué pasó, quién tuvo responsabilidad y cuáles fueron las circunstancias que terminaron convirtiendo una de las principales vías de Santo Domingo en escenario de una tragedia. Pero mientras llegan esas respuestas hay una pregunta que la ciudad tiene derecho a formular desde ahora: ¿Qué hacía un vehículo pesado circulando por el Malecón? 

No se trata de adelantar conclusiones sobre el accidente ni de atribuir responsabilidades que todavía deben establecer las autoridades. Se trata de algo mucho más elemental; y es recordar que el tránsito de vehículos pesados por esta vía ha sido objeto de restricciones durante años y que, en enero de 2025, el INTRANT y la Alcaldía del Distrito Nacional anunciaron nuevamente la prohibición de circulación de vehículos de carga de dos ejes o más desde el Puerto de Santo Domingo hasta el distribuidor de la avenida Luperón.

La razón expresada entonces por las propias autoridades fue particularmente clara; fue para evitar accidentes y proteger vidas. Por eso lo sucedido obliga a mirar más allá del accidente.

Hay que determinar si el vehículo involucrado tenía autorización para circular por esa vía, cuál era su ruta, qué tipo de carga transportaba, bajo qué condiciones se desplazaba y cuáles mecanismos de fiscalización estaban funcionando en ese momento. Porque las prohibiciones que existen únicamente en resoluciones, comunicados de prensa y letreros colocados en las calles sirven de muy poco.

No podemos acostumbrarnos a reaccionar después de cada tragedia con operativos extraordinarios, declaraciones públicas y nuevas advertencias para luego, cuando disminuye la atención mediática, regresar lentamente al mismo desorden.

En 2022 ya se denunciaba públicamente que camioneros y conductores de patanas incumplían las restricciones existentes para circular por la George Washington. En agosto de 2024 nuevamente se reportó la presencia frecuente de vehículos pesados en el Malecón pese a las disposiciones vigentes. Se anunció entonces una ruta alternativa para los vehículos dirigidos hacia el Puerto de Santo Domingo y posteriormente agentes de la DIGESETT fueron colocados en distintos puntos para impedir el acceso de camiones no autorizados.

Entonces debemos preguntarnos qué ocurrió después. Somos relativamente buenos produciendo normas y extraordinariamente inconsistentes haciéndolas permanentes.

Ordenamos cuando ocurre una crisis. Fiscalizamos cuando existe presión. Sancionamos durante algunas semanas. Después disminuye el control y progresivamente reaparece aquello que supuestamente habíamos corregido. Así no se administra una ciudad.

El Malecón tampoco es una carretera industrial. Es uno de los espacios urbanos, turísticos y recreativos más importantes de Santo Domingo. Por allí circulan diariamente vehículos familiares, motocicletas, turistas, deportistas y ciudadanos que utilizan sus espacios públicos.

Compatibilizar esa realidad con determinadas operaciones de carga requiere regulación, rutas alternativas, horarios, permisos excepcionales cuando correspondan y, fundamentalmente, fiscalización.

Lo ocurrido debe servir para algo más que contar víctimas, retirar vehículos y restablecer el tránsito. Pero también necesitamos saber qué estaba haciendo allí ese vehículo, si podía estar allí y quién tenía la responsabilidad de verificarlo.

Porque cuando una norma fue creada precisamente para evitar una tragedia y la tragedia finalmente ocurre, investigar el accidente constituye apenas una parte del problema. La otra, quizás mucho más importante para la ciudad, es determinar si falló también la autoridad.

Y esa respuesta Santo Domingo la merece.

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El crecimiento de nuestras ciudades ha sido mucho más rápido que la capacidad de muchos ayuntamientos para supervisarlo.

Construcciones que avanzan sin respetar retiros, edificaciones que cambian su uso original, ampliaciones improvisadas, ocupaciones de espacios públicos, modificaciones de fachadas, proyectos que generan impactos importantes en sectores residenciales y obras cuya permisología muchas veces resulta poco conocida por quienes viven alrededor. Todo eso termina produciendo conflictos. Y cuando los conflictos aparecen, casi siempre surge la misma pregunta: ¿quién permitió esto?

Por eso considero que uno de los grandes desafíos de los gobiernos locales dominicanos es fortalecer seriamente sus áreas de fiscalización y control urbano. Ya no basta con recibir planos, emitir permisos y realizar alguna inspección ocasional.

La ciudad moderna necesita sistemas de seguimiento permanentes, tecnológicos, transparentes y capaces de detectar irregularidades antes de que se conviertan en problemas prácticamente irreversibles.

Los ayuntamientos deben sistematizar sus procesos de inspección, crear expedientes digitales, georreferenciar obras, establecer alertas sobre permisos otorgados, controlar fechas, usos autorizados, modificaciones posteriores y verificar que aquello que fue aprobado sea realmente lo que termina construyéndose. Fiscalizar tampoco puede significar únicamente sancionar. Una buena fiscalización previene, orienta, corrige y genera confianza. También debemos ampliar el carácter público de las decisiones urbanísticas.

Cuando una construcción, cambio de uso o proyecto puede afectar significativamente a una comunidad, los ciudadanos deberían tener mayor facilidad para conocer qué se pretende hacer, cuáles permisos han sido solicitados, qué características tendrá la obra y cuáles impactos han sido evaluados.

No significa que cada vecino pueda decidir arbitrariamente qué puede construirse en una propiedad privada.Significa reconocer que el desarrollo urbano produce consecuencias colectivas.

Una torre altera movilidad, estacionamientos, densidad y servicios. Un negocio cambia la dinámica de una calle residencial. Una construcción puede afectar iluminación, ventilación, paisaje urbano o tranquilidad de quienes ya viven en el entorno. Por eso la información debe ser más pública y accesible.

Los ayuntamientos podrían disponer de plataformas digitales donde cualquier ciudadano pueda consultar permisos relevantes, proyectos en evaluación, decisiones adoptadas y criterios técnicos utilizados.

En determinadas intervenciones de alto impacto, incluso deberían establecerse mecanismos de consulta u observación ciudadana antes de adoptar decisiones definitivas. Escuchar a la comunidad no debilita la autoridad municipal. La fortalece.

Permite conocer información que muchas veces no aparece en un expediente técnico y ayuda a que las decisiones sean más justas, lógicas, legales y equilibradas. Necesitamos pasar de una fiscalización reactiva a una fiscalización inteligente. Eso implica mejores inspectores, formación continua, tecnología, procedimientos claros, trazabilidad de decisiones y mecanismos reales de transparencia.

Las ciudades están creciendo demasiado rápido como para administrarlas con controles del pasado. El orden urbano no se consigue solamente aprobando normas. Se consigue vigilando su cumplimiento, haciendo públicas las decisiones y permitiendo que la ciudadanía conozca, observe y participe responsablemente en aquello que transforma su entorno. Fortalecer la fiscalización municipal no es crear más burocracia.

Es defender la ciudad antes de que el desorden termine convirtiéndose en su forma permanente de crecimiento.

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Un conflicto por un parqueo terminó con una persona muerta en Santo Domingo Este. Una discusión aparentemente cotidiana, de esas que se repiten todos los días en residenciales, edificios y calles, escaló hasta convertirse en una tragedia. La vida se perdió por un espacio, por una motocicleta, por un vehículo que no podía pasar, por una palabra pronunciada con violencia o por una reacción que nadie pudo detener a tiempo.

Pero el problema no fue únicamente el parqueo. El parqueo fue la chispa. El combustible estaba acumulado desde mucho antes.

Vivimos estresados, irritados, cansados, presionados por el tránsito, las deudas, el trabajo, la inseguridad, los problemas familiares y la incertidumbre. Llegamos a nuestros hogares cargados de tensiones y, en lugar de encontrar espacios de tranquilidad, muchas veces encontramos ruidos, vehículos mal estacionados, basura fuera de lugar, mascotas sin control, música elevada o vecinos que entienden que las áreas comunes les pertenecen. Entonces explotamos.

Descargamos sobre el vecino el cansancio que nos produjo la ciudad. Convertimos un inconveniente en una ofensa personal. Interpretamos cualquier reclamo como una provocación. Respondemos con agresividad antes de intentar comprender.

Hemos llegado a extremos preocupantes en materia de convivencia. Una mirada puede generar una discusión. Una bocina puede provocar una pelea. Un parqueo puede convertirse en escenario de muerte. La convivencia no puede continuar corriendo a su suerte.

La vida vertical ha transformado la manera en que habitamos la ciudad. Cada vez más personas comparten accesos, pasillos, ascensores, parqueos, áreas recreativas, sistemas de seguridad y servicios comunes. Estamos viviendo más cerca, pero no necesariamente estamos aprendiendo a convivir mejor.

Construimos edificios modernos, colocamos cámaras, instalamos controles de acceso y diseñamos espacios sociales, pero seguimos dejando de lado la educación comunitaria, la mediación y la prevención de conflictos. Una cosa es entregar apartamentos y otra muy distinta es construir comunidades.

Los condominios y residenciales necesitan reglas claras, protocolos de actuación y mecanismos para manejar los desacuerdos antes de que se conviertan en enfrentamientos. Las administraciones deben asumir un rol preventivo. Las juntas de vecinos deben promover espacios de orientación. Los propietarios tienen que comprender que vivir en comunidad exige límites, respeto y responsabilidad.

También necesitamos aprender a detenernos. No todo merece una reacción inmediata. No toda discusión debe ganarse. No todo conflicto tiene que convertirse en una batalla personal. Retirarse, pedir ayuda, llamar a la administración o esperar unos minutos puede evitar una tragedia.

El estrés nos está enfermando y, en ocasiones, también nos está matando. Este hecho doloroso debe obligarnos a mirar más allá de sus circunstancias particulares. Es una señal de alerta sobre la forma en que estamos gestionando nuestras diferencias.

La convivencia merece atención. Merece políticas, educación, protocolos y acompañamiento. Porque cuando dejamos los conflictos comunitarios a su suerte, cualquier parqueo puede convertirse en el lugar donde perdamos la razón, la tranquilidad y hasta la vida.

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Santo Domingo vuelve a colocarse ante los ojos de la región. Desde el 24 de julio y hasta el 8 de agosto, miles de atletas participan en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, una edición especial que coincide con el centenario de esta competencia regional. Durante estas semanas celebraremos medallas, récords, ceremonias y victorias, pero también debemos observar lo que ocurre fuera de los escenarios deportivos; la ciudad ha sido intervenida, remozada y preparada para recibir visitantes.

Los Juegos han obligado a recuperar instalaciones que durante años reclamaban mantenimiento. El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Parque del Este y otros espacios deportivos muestran una imagen renovada. También han sido atendidos entornos, vías, áreas verdes, estacionamientos y accesos peatonales. Incluso la movilidad ha debido repensarse, promoviendo el uso del Metro y restringiendo la circulación vehicular dentro del Centro Olímpico.

Todo esto demuestra una realidad que debería hacernos reflexionar, y es que cuando existe una fecha impostergable, coordinación institucional y supervisión permanente, la ciudad puede transformarse. Lo que muchas veces tarda años se ejecuta con rapidez cuando el país asume un compromiso internacional. La pregunta inevitable es por qué esa capacidad de respuesta aparece con tanta fuerza ante un evento y no siempre frente a las necesidades cotidianas de los ciudadanos.

Una ciudad no debería necesitar estar de fiesta para ser limpiada, iluminada, señalizada y organizada. Tampoco debería esperar la llegada de delegaciones extranjeras para recuperar sus aceras, proteger sus áreas verdes o mejorar sus espacios públicos. La verdadera prueba de estos Juegos comenzará cuando se apague el pebetero, se desmonten las estructuras temporales y los atletas regresen a sus países.

El legado no puede medirse únicamente por la cantidad de obras entregadas. Una instalación deportiva cerrada, deteriorada o sin programación comunitaria pierde rápidamente su valor social. Cada pabellón remodelado debe contar con presupuesto de mantenimiento, administración responsable, seguridad, personal capacitado y programas que permitan su aprovechamiento por atletas, clubes, escuelas y comunidades.

La inversión pública encuentra su verdadera justificación cuando las obras permanecen útiles, accesibles y bien cuidadas, mucho después de desaparecer las cámaras, los discursos y las ceremonias oficiales.

Lo mismo debe ocurrir con las intervenciones urbanas. Las calles reparadas deben conservarse; los espacios peatonales deben respetarse; las áreas verdes deben protegerse; el transporte colectivo utilizado durante el evento debe seguir fortaleciéndose. El orden mostrado durante los Juegos no puede desaparecer al día siguiente de la clausura.

Aquí surge también una responsabilidad municipal. Los ayuntamientos y juntas de distritos municipales vinculados a las sedes deben participar activamente en la preservación del entorno, el manejo de residuos, la regulación del espacio público, la movilidad y el mantenimiento urbano. El Gobierno central puede construir y remodelar, pero la sostenibilidad cotidiana requiere coordinación territorial, recursos permanentes y responsabilidades claramente definidas.

Estamos en juegos, ciertamente. Pero también estamos frente a una oportunidad para demostrar que el desarrollo urbano no consiste en preparar una ciudad para una fotografía internacional, sino en hacerla más habitable para quienes la recorren todos los días.

Cuando terminen las competencias quedará la responsabilidad mayor; cuidar lo construido, abrirlo a la ciudadanía y convertir la inversión realizada en bienestar duradero. La medalla más importante será lograr que, después de los Juegos, Santo Domingo continúe funcionando como una ciudad que aprendió a organizarse, a mantenerse y a respetar a sus habitantes.

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La debilidad de los gobiernos locales dominicanos no se explica únicamente por la falta de recursos. También responde a la manera en que esos recursos son asignados, administrados y políticamente canalizados.

Durante décadas, los ayuntamientos han dependido de transferencias insuficientes, programas extraordinarios y gestiones particulares ante el Poder Ejecutivo. Esta práctica ha creado una cultura institucional en la que muchos alcaldes dedican buena parte de sus esfuerzos a solicitar fondos para obras que deberían formar parte de un sistema regular y previsible de financiamiento.

Aceras, contenes, mercados, cementerios, parques, mataderos y otras infraestructuras municipales suelen ser financiados mediante partidas especiales. Estas inversiones son necesarias y producen resultados visibles en las comunidades. El problema surge cuando lo extraordinario se convierte en la principal vía para responder a necesidades ordinarias.

La Ley 166-03 establece que los gobiernos locales deben recibir el 10 % de los ingresos del Estado. Esa disposición permanece incumplida. Mientras tanto, se anuncian fondos especiales que, aunque importantes, no corrigen la raíz del problema; la ausencia de un modelo financiero que garantice a cada municipio recursos suficientes, permanentes y distribuidos mediante criterios objetivos.

La autonomía municipal no puede depender de la capacidad de un alcalde para conseguir una reunión, presentar una solicitud o mantener una buena relación con las autoridades nacionales. Tampoco debe quedar condicionada por afinidades políticas, niveles de influencia o decisiones tomadas fuera del territorio.

Un alcalde debe rendir cuentas por el uso de los recursos públicos, pero también necesita saber con anticipación cuánto recibirá, cuándo lo recibirá y bajo qué fórmula legal. Esa previsibilidad es indispensable para planificar obras, contratar servicios, organizar el mantenimiento urbano y responder a las demandas ciudadanas.

En los últimos años se han producido avances en transparencia, compras públicas, medición del desempeño y asistencia técnica. Herramientas como el SISMAP Municipal han contribuido a mejorar la organización administrativa y la rendición de cuentas. También se han impulsado programas de capacitación e incentivos vinculados con el cumplimiento institucional.

Estos progresos merecen reconocimiento, aunque resultan insuficientes mientras la descentralización financiera continúe pendiente. No puede exigirse a los ayuntamientos mayor capacidad de gestión si, al mismo tiempo, se les niegan los recursos previstos en la legislación.

La discusión tampoco debe limitarse a entregar automáticamente el 10 % sin controles. Los recursos deben estar acompañados de fiscalización, transparencia, planificación, profesionalización y consecuencias claras para quienes incumplan. La autonomía no significa ausencia de controles, sino capacidad de decidir dentro de la ley y bajo mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

El país necesita superar el modelo de alcaldes solicitantes y avanzar hacia gobiernos locales institucionalmente financiados. Las asignaciones especiales pueden complementar la inversión municipal, pero no sustituir las transferencias que corresponden por mandato legal.

La verdadera descentralización comenzará cuando un municipio no tenga que pedir como favor lo que el ordenamiento jurídico le reconoce como derecho. Mientras eso no ocurra, los ayuntamientos seguirán administrando necesidades locales con una autonomía más proclamada que ejercida.

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