Los parqueadores callejeros e informales se han convertido, poco a poco, en una expresión visible del desorden urbano que hemos normalizado. Ya no se trata solamente de personas que “ayudan” a estacionar un vehículo. En muchos puntos de la ciudad actúan como si fueran propietarios del espacio público; apartan lugares, cobran tarifas, intimidan conductores, organizan la calle a su manera y terminan imponiendo una autoridad paralela donde debería prevalecer la autoridad municipal.

El problema no es menor. Cuando una persona puede apropiarse de una acera, de una esquina o de un tramo de vía pública para administrarlo como negocio particular, lo que queda en evidencia es una falla profunda del orden urbano. La calle deja de ser de todos y pasa a ser controlada por quien llegó primero, por quien grita más fuerte o por quien tiene capacidad de presión.

Esto afecta la movilidad, la convivencia y la seguridad. Muchos ciudadanos ya no se sienten libres de estacionarse en espacios permitidos sin recibir una exigencia de pago. Otros evitan determinadas zonas porque saben que, además del tránsito y la falta de parqueos, tendrán que enfrentar el cobro informal y, en ocasiones, la amenaza disfrazada de “cuidado del vehículo”.

La ciudad no puede funcionar bajo reglas improvisadas. El espacio público tiene que ser regulado por normas claras, autoridades presentes y sistemas formales. Donde hay desorden permanente, siempre aparece alguien dispuesto a ocupar el vacío. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con los parqueadores informales; han llenado el espacio que dejó la ausencia de planificación, fiscalización y gestión municipal.

No se trata de perseguir la pobreza ni de desconocer que muchas personas buscan sobrevivir en medio de una economía difícil. El tema debe abordarse con sensibilidad social, pero también con firmeza institucional. Una cosa es entender la necesidad humana de trabajar, y otra muy distinta es permitir que la necesidad justifique la privatización informal de la ciudad.

Los ayuntamientos tienen que asumir este tema como parte de una agenda seria de ordenamiento urbano. Hace falta identificar las zonas críticas, regular los estacionamientos, fortalecer la policía municipal, aplicar sanciones cuando corresponda y crear alternativas para quienes hoy viven de esa práctica. La solución no puede ser mirar hacia otro lado.

También se requiere una política integral de parqueos. Mientras las ciudades sigan creciendo sin prever suficientes espacios de estacionamiento, mientras los comercios funcionen sin soluciones adecuadas y mientras las aceras sean ocupadas por vehículos, motocicletas, tarros, letreros y negocios improvisados, el caos seguirá reproduciéndose.

Una ciudad ordenada no es aquella donde todo el mundo hace lo que quiere. Es aquella donde las reglas protegen el derecho de todos. El conductor tiene derechos, el peatón tiene derechos, el comerciante tiene derechos y también la persona que trabaja informalmente merece una salida digna. Pero ningún derecho puede ejercerse a costa de secuestrar la calle.

Si permitimos que los parqueadores informales sigan decidiendo quién usa el espacio público, cuánto debe pagar y bajo qué condiciones puede hacerlo, estaremos aceptando que la ciudad ya no pertenece a sus ciudadanos, sino al desorden. Y una ciudad gobernada por el desorden termina perdiendo autoridad, seguridad y calidad de vida.

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En nuestro país existe una confusión muy frecuente entre lo que es una junta de vecinos y lo que es una junta de condominio. A simple vista parecen figuras similares, porque ambas reúnen personas, tratan problemas comunes y procuran cierto orden colectivo. Pero en la práctica, en lo legal y en su alcance institucional, son estructuras muy distintas.

La junta de vecinos nace de la comunidad abierta. Su escenario natural es el barrio, el sector, la urbanización, la calle, el entorno donde conviven familias, comercios, iglesias, escuelas, espacios públicos y autoridades locales. Su razón de ser es representar necesidades comunitarias, canalizar reclamos, promover participación ciudadana y servir de puente entre los munícipes y el ayuntamiento.

Una junta de vecinos puede gestionar el arreglo de una calle, reclamar iluminación, denunciar ruido, pedir limpieza, organizar jornadas comunitarias, defender áreas verdes, promover seguridad barrial o exigir respeto al espacio público. Su fuerza está en la organización social y en la capacidad de articular a la comunidad alrededor de causas comunes.

La junta de condominio, en cambio, pertenece a otra naturaleza. No representa un barrio ni administra una comunidad abierta. Su ámbito es una propiedad privada sometida al régimen de condominio, donde existen unidades individuales y áreas comunes. Allí cada propietario tiene derechos sobre su apartamento, local o vivienda, pero también comparte responsabilidad sobre escaleras, ascensores, parqueos, pasillos, piscinas, azoteas, cisternas, plantas eléctricas, cámaras, portones, áreas sociales y demás espacios comunes.

Por eso, mientras la junta de vecinos mira hacia la ciudad, la junta de condominio mira hacia la convivencia interna de una copropiedad. Una trabaja la vida comunitaria del entorno; la otra administra el orden, el mantenimiento y las reglas internas de un inmueble compartido.

Esta diferencia parece sencilla, pero no entenderla genera muchos conflictos. Hay juntas de vecinos que quieren intervenir en decisiones internas de condominios como si fueran autoridad administrativa sobre esos espacios. También existen juntas de condominio que actúan como si pudieran regular calles, aceras o espacios públicos externos al residencial. Ahí comienza el desorden: cuando cada figura se sale de su naturaleza.

La junta de condominio debe ocuparse de las cuotas de mantenimiento, el cumplimiento del reglamento, la conservación de las áreas comunes, la transparencia en los gastos, la convocatoria de asambleas, la solución de conflictos internos y la defensa del interés común de los condómines. Su legitimidad no viene del activismo comunitario, sino de la condición de propietarios y del marco que regula la copropiedad.

La junta de vecinos, por su lado, debe fortalecer la participación ciudadana, organizar a los residentes del sector, levantar necesidades colectivas, coordinar con las autoridades municipales y promover una cultura de corresponsabilidad urbana. Su legitimidad nace de la comunidad y de su capacidad de representación social.

Ambas figuras son necesarias. Una ciudad organizada necesita juntas de vecinos fuertes, serias y responsables. Pero la vida en vertical también exige juntas de condominio institucionales, transparentes y capaces de administrar con criterio. El problema aparece cuando cualquiera de las dos se convierte en espacio de improvisación, control personal, abuso de poder o simple grupo de presión.

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Hay obras que lucen hermosas el día de su inauguración, pero que empiezan a revelar su verdadero costo cuando se apagan las luces del acto, se desmonta la tarima y la responsabilidad queda en manos de quien debe mantenerlas todos los días.

Esa es mi preocupación como municipalista y como ciudadano frente a varias de las infraestructuras que se levantan o se acondicionan con motivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, especialmente en zonas como el entorno del patinódromo, el Malecón Deportivo y otros espacios que serán entregados a la ciudad.

Aclaro algo desde el principio: no cuestiono la inversión en espacios públicos, deporte, recreación y recuperación urbana. Al contrario, nuestras ciudades necesitan más lugares dignos para caminar, ejercitarse, compartir en familia y convivir. Lo que me preocupa es que esas obras terminen convirtiéndose en una nueva carga para el Ayuntamiento del Distrito Nacional sin que exista una previsión presupuestaria clara para sostenerlas.

Un ayuntamiento tiene responsabilidades enormes y recursos limitados. Debe limpiar la ciudad, recoger residuos, mantener parques, ordenar espacios públicos, atender mercados, cementerios, drenajes, aceras, contenes, tránsito local, iluminación complementaria, arbolado, emergencias urbanas y una larga lista de demandas ciudadanas que crecen cada día.

Entonces, si al gobierno local se le entregan nuevos parques, instalaciones deportivas, áreas verdes, mobiliario, baños, luminarias, parqueos, pistas especializadas y espacios de alto uso público, la pregunta obligada es sencilla: ¿con qué recursos se van a mantener?

Porque una cosa es construir una obra con presupuesto extraordinario, empujada por un evento internacional, y otra muy distinta es mantenerla durante años con el presupuesto ordinario de un ayuntamiento.

Ahí es donde debemos ser responsables. La ciudad no puede recibir infraestructura como quien recibe un regalo sin saber cuánto cuesta conservarlo. Un espacio público abandonado no tarda mucho en deteriorarse. Primero falla una lámpara, luego se rompe un banco, después se descuida el baño, crece la maleza, baja la vigilancia, se pierde el orden y al final la ciudadanía termina culpando al ayuntamiento, aunque nunca se le hayan entregado los recursos suficientes para asumir esa carga.

Por eso, antes de transferir formalmente esas obras, debe existir un acuerdo transparente entre el Gobierno central, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Deportes, las federaciones involucradas y los demás actores responsables. Ese acuerdo debe incluir costos de mantenimiento, personal requerido, seguridad, limpieza, energía, jardinería, seguros, reparaciones, reglas de uso y fuente de financiamiento.

La solución puede ser una asignación especial, un fondo de mantenimiento, una cogestión regulada o un modelo mixto. Lo que no debe ocurrir es que se inaugure con aplausos desde el Gobierno central y luego se deje la factura diaria en el escritorio del ayuntamiento.

Santo Domingo merece obras buenas, pero también merece instituciones capaces de sostenerlas. El verdadero legado de los Juegos no será la foto inaugural. Será que esos espacios sigan limpios, seguros, vivos y útiles dentro de cinco o diez años.

Porque entregar obras sin presupuesto de mantenimiento no es fortalecer la ciudad. Es cargar al gobierno local con una responsabilidad que puede terminar volviéndose injusta para todos.

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Asociarse debería significar sumar capacidades, compartir soluciones y defender intereses comunes. En el ámbito municipal, esa lógica es especialmente valiosa porque muchos ayuntamientos y distritos municipales enfrentan limitaciones técnicas, financieras y operativas que difícilmente pueden superar por separado. Una organización asociativa bien conducida puede convertirse en una herramienta poderosa de cooperación, formación y representación. Pero cuando pierde su propósito, también puede transformarse en una estructura costosa, cerrada y desconectada de las necesidades reales de los territorios.

Ese es el riesgo que hoy se observa en varias entidades municipalistas. Nacieron para fortalecer la gestión local, pero con frecuencia terminan ocupadas por disputas internas, lealtades partidarias y luchas por el control de sus órganos directivos. La defensa de la municipalidad queda relegada mientras aumenta el interés por controlar presupuestos, viajes, congresos, representaciones y cuotas de poder.

La asociatividad no puede confundirse con la simple acumulación de cargos ni con la creación de una burocracia paralela. Tampoco puede reducirse a reuniones protocolarias, fotografías institucionales y discursos repetidos sobre autonomía local. Su valor debe medirse por la capacidad de producir resultados concretos; asistencia técnica útil, propuestas legislativas serias, formación especializada, defensa jurídica de competencias y acompañamiento efectivo a los gobiernos locales.

Cuando una asociación recibe aportes provenientes de instituciones públicas, debe someterse a estándares más rigurosos de transparencia. Cada gasto tiene que estar vinculado con sus objetivos. Cada actividad debe responder a una necesidad identificada. Cada dirigente debe rendir cuentas sobre sus decisiones. No se trata de cuestionar el derecho a organizarse, sino de exigir que esa organización respete la ley, sus estatutos y la confianza de quienes la sostienen.

También es indispensable revisar la calidad de su democracia interna. Una asociación que no garantiza elecciones transparentes, reglas iguales para todos y participación efectiva de sus miembros pierde autoridad para hablar en nombre del municipalismo. No puede defender autonomía hacia afuera mientras reproduce prácticas autoritarias hacia adentro. No puede exigir respeto institucional al Gobierno central mientras sus propios procedimientos generan dudas, exclusiones y conflictos judiciales.

La permanencia excesiva de las mismas figuras en posiciones clave tampoco ayuda. Las instituciones deben estar por encima de las personas. La experiencia es importante, pero no puede convertirse en argumento para bloquear la renovación, controlar todos los procesos o reducir el debate interno. La alternabilidad fortalece, evita dependencias y permite que nuevas generaciones aporten ideas, métodos y prioridades.

Por eso resulta oportuno que estas entidades publiquen sus presupuestos, nóminas, informes de gestión, auditorías, fuentes de financiamiento y criterios de representación. La transparencia no debe aparecer únicamente cuando surge una controversia. Tiene que formar parte de la cultura institucional. Quien administra recursos de origen público o representa autoridades electas debe aceptar que sus actuaciones están sujetas al escrutinio ciudadano y al cumplimiento de la normativa.

El país necesita asociaciones municipalistas serias, técnicas y con capacidad de incidencia. Necesita entidades que estudien los problemas del territorio, produzcan propuestas y acompañen a los gobiernos locales en sus desafíos cotidianos. Lo que no necesita son estructuras sin rumbo, subordinadas a intereses políticos y sostenidas con recursos que podrían tener un mejor destino.

Defender la asociatividad significa también exigirle coherencia. Asociarse no es proteger privilegios ni fabricar escenarios de poder. Es organizarse para servir mejor. Cuando se pierde esa finalidad, la asociación deja de ser solución y se convierte en parte del problema.

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Boca Chica es uno de esos lugares que el país parece recordar cada cierto tiempo, casi siempre cuando se anuncia un nuevo plan, una nueva intervención, una nueva promesa de rescate o una nueva visión de futuro. Y cada vez que eso ocurre, vuelve a encenderse una esperanza vieja, casi cansada, de que por fin este municipio turístico, popular, histórico y estratégico pueda recuperar el lugar que nunca debió perder.

Lo curioso, y a la vez preocupante, es que Boca Chica no ha sido olvidada en los discursos. Todo lo contrario. Ha sido mencionada, diagnosticada, planificada, prometida y anunciada muchas veces. Se han hablado planes municipales de desarrollo, planes estratégicos, ordenamiento territorial, relanzamiento turístico, recuperación de playa, intervención del malecón, inversión pública, inversión privada y transformación integral. La pregunta, entonces, no es si Boca Chica ha tenido planes. La pregunta verdadera es por qué tantos planes no han logrado producir la transformación profunda que el territorio necesita.

Porque Boca Chica no necesita únicamente una obra bonita, una acera nueva, un remozamiento temporal o una inversión anunciada con entusiasmo. Boca Chica necesita autoridad territorial, continuidad institucional, disciplina urbana, visión turística, recuperación social y una gobernanza capaz de sostener en el tiempo lo que se promete en los actos públicos. Ahí está el punto central. El problema no ha sido la falta de anuncios, sino la debilidad para convertir esos anuncios en una política sostenida de transformación.

Un municipio turístico no se relanza sólo con cemento. Se relanza con orden, seguridad,  limpieza, reglas claras, control del uso del suelo, recuperación del espacio público,  protección ambiental, una relación sana entre comercio, turismo, comunidad y autoridad. Se relanza cuando el visitante se siente bienvenido, pero también cuando el residente siente que vive en un lugar digno, cuidado y respetado.

Boca Chica tiene una ubicación privilegiada, una playa emblemática, cercanía con el aeropuerto, memoria turística, cultura popular y un potencial económico enorme. Pero también arrastra problemas acumulados: desorden urbano, deterioro de imagen, ocupación informal de espacios, inseguridad percibida, contaminación visual, debilidad en la gestión local y una peligrosa costumbre nacional de intervenir por momentos, no por procesos.

Por eso, cada nuevo anuncio debe ser recibido con respeto, pero también con vigilancia ciudadana. No basta con celebrar cifras millonarias ni titulares esperanzadores. Hay que preguntar qué se hará, cuándo se hará, quién lo ejecutará, cómo se fiscalizará y cómo se garantizará que el esfuerzo no muera cuando cambie la coyuntura política o mediática.

Boca Chica no merece otro anuncio para la historia de las promesas incumplidas. Merece una transformación real, medible y sostenible. Merece que el Estado, el ayuntamiento, los empresarios, los comunitarios y los ciudadanos asuman que ordenar un municipio no es posar para una foto, sino cambiar una cultura de gestión.

Después de tantos planes, Boca Chica ya no necesita que le vuelvan a decir que tiene futuro. Necesita que, por fin, alguien se tome en serio su presente.

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El Primer Congreso de Arquitectura y Futuro del Hábitat 2026, organizado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, constituye una oportunidad valiosa para abrir una conversación urgente sobre el presente y el futuro de nuestras ciudades. Bajo el tema «Repensando el hábitat caribeño: retos locales, soluciones globales», este encuentro académico y profesional coloca sobre la mesa una preocupación que ya no puede seguir siendo tratada de manera aislada: la forma en que estamos construyendo, ocupando y transformando nuestros territorios.

Hablar de hábitat no es hablar solamente de vivienda, edificios o proyectos arquitectónicos. Es hablar de la vida cotidiana de la gente. Es hablar de barrios, calles, aceras, parques, drenajes, servicios públicos, movilidad, convivencia, seguridad, inclusión, sostenibilidad y calidad de vida.

En el Caribe, y especialmente en nuestro país, las ciudades enfrentan desafíos cada vez más complejos. El crecimiento urbano acelerado, la densificación vertical, la reducción de áreas verdes, la ocupación del espacio público, la presión inmobiliaria, la vulnerabilidad climática y la falta de planificación efectiva están generando territorios más tensos, más calientes, más congestionados y menos humanos.

Por eso este congreso resulta tan importante. Porque invita a mirar el hábitat desde una visión integral, donde la arquitectura dialogue con el urbanismo, la gestión local, el medioambiente, la movilidad, la resiliencia, la inclusión social y la participación ciudadana.

El gran reto no es detener el desarrollo. El verdadero desafío es orientarlo con inteligencia, sensibilidad y responsabilidad. Una ciudad moderna no puede medirse únicamente por la cantidad de torres que levanta, por los metros cuadrados que construye o por la velocidad con que se expande. Debe medirse también por su capacidad de ofrecer bienestar, orden, convivencia y dignidad a quienes la habitan.

Repensar el hábitat caribeño implica reconocer nuestras condiciones propias; clima tropical, exposición a fenómenos naturales, desigualdad territorial, informalidad urbana, limitaciones institucionales y una cultura de uso del espacio que muchas veces ha crecido sin reglas claras. Las soluciones globales pueden ser útiles, pero solo tendrán verdadero valor si son adaptadas a nuestras realidades locales.

De ahí la importancia de que la academia propicie estos espacios de reflexión. Las universidades además de formar profesionales; también deben ayudar a construir pensamiento crítico, propuestas viables y nuevas miradas sobre los problemas nacionales.

Este congreso representa una invitación a pensar ciudades más habitables, más verdes, más inclusivas, más ordenadas y más resilientes. También es un llamado a entender que el futuro del hábitat no depende de una sola disciplina ni de un sólo sector. Requiere la participación de arquitectos, urbanistas, municipalistas, autoridades, constructores, comunidades y ciudadanía.

El futuro de nuestras ciudades se está decidiendo hoy. Por eso, discutir el hábitat caribeño no es un ejercicio académico distante, es una necesidad social, territorial y humana.

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Las áreas verdes se reducen en las ciudades de nuestro país mientras el cemento avanza sin pedir permiso. Cada solar vacío termina convertido en parqueo, cada patio desaparece bajo una marquesina, cada árbol cae para dar paso a una verja, una ampliación o una construcción improvisada. Y así, poco a poco, sin darnos cuenta, estamos convirtiendo nuestras ciudades en grandes planchas de concreto.

El problema es más que estético. No se trata únicamente de que la ciudad se vea más gris, más dura o menos amable. El problema es mucho más profundo. Cuando eliminamos árboles, jardines, patios, parques y espacios permeables, la ciudad pierde su capacidad natural de respirar, absorber agua, producir sombra y regular la temperatura. Entonces llega la lluvia, el agua no encuentra tierra donde filtrarse y comienza a correr sin control por calles, contenes, aceras, parqueos y avenidas. Por eso muchas zonas urbanas se convierten en verdaderas piscinas cada vez que cae un aguacero fuerte.

El cemento no absorbe. El asfalto no respira. La ciudad impermeabilizada devuelve el agua con violencia. Y cuando a eso se suma la falta de drenaje, la ocupación de cañadas, la basura tapando imbornales y la construcción sin visión urbana, el resultado es el desastre que vemos cada temporada de lluvias: calles inundadas, vehículos dañados, viviendas afectadas, comercios paralizados y ciudadanos atrapados en su propia ciudad.

Pero las consecuencias van más allá de las inundaciones. Una ciudad sin áreas verdes es una ciudad más caliente. Los árboles reducen la temperatura, limpian el aire, producen sombra, protegen al peatón y hacen más humana la vida urbana. Cuando desaparecen, aumenta el calor, sube el consumo eléctrico, se hace más incómodo caminar y se deteriora la salud física y emocional de la gente.

También perdemos convivencia. Un parque  no es únicamente un espacio con grama y bancos. Es un punto de encuentro, una pausa en medio del ruido, un lugar para que los niños jueguen, los envejecientes caminen, los vecinos conversen y la comunidad respire. Cuando sustituimos todo eso por cemento, parqueos y construcciones sin alma, la ciudad se vuelve más agresiva, más individualista y menos vivible.

El desarrollo urbano no puede medirse únicamente por la cantidad de torres, plazas, avenidas o edificios que se levantan. Una ciudad verdaderamente desarrollada es aquella que sabe equilibrar crecimiento con calidad de vida. Construir sin preservar áreas verdes no es progreso; es una forma silenciosa de deterioro.

Necesitamos recuperar la idea de que cada árbol cuenta, cada metro de suelo permeable importa y cada parque es una infraestructura esencial para la vida. Los ayuntamientos deben asumir con más firmeza la protección del arbolado urbano, la regulación de construcciones, la creación de parques de bolsillo, la recuperación de aceras verdes y la exigencia de áreas permeables en nuevos proyectos.

El cemento puede levantar edificios, pero no construye bienestar por sí solo. Una ciudad sin verde se calienta, se inunda, enferma y expulsa a su propia gente de los espacios públicos.

Por eso debemos decirlo con claridad; cuando se reducen las áreas verdes, no sólo perdemos árboles. Perdemos sombra, salud, convivencia, belleza, seguridad climática y calidad de vida. Y una ciudad que pierde todo eso, aunque crezca hacia arriba, empieza a hundirse por dentro.

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La controversia que hoy vive Pedro Brand alrededor de la posible instalación de una planta de clasificación y valorización de residuos sólidos revela una verdad incómoda que el país ha querido evitar durante años. Aquí se produce basura moderna, pero todavía arrastra una cultura institucional vieja para manejarla. Y eso explica gran parte de la tensión que hoy se siente en comunidades como La Cuaba y El Aguacate.

De un lado están quienes defienden el proyecto argumentando que el país necesita avanzar hacia modelos más modernos de tratamiento de residuos, reciclaje y aprovechamiento ambiental. Del otro lado están ciudadanos preocupados, desconfiados y temerosos de que detrás de un discurso técnico termine escondiéndose otro gran vertedero con consecuencias irreversibles para su territorio. Ambas posiciones tienen argumentos válidos.

Negar la necesidad urgente de transformar el manejo de residuos sólidos sería irresponsable. El modelo actual ha colapsado hace tiempo. Muchos vertederos a cielo abierto continúan operando bajo condiciones inaceptables, afectando ríos, cañadas, acuíferos y comunidades completas. La expansión urbana y el crecimiento poblacional ya no permiten seguir improvisando. Pero también sería injusto descalificar las preocupaciones comunitarias como si fueran simples actos de oposición irracional.

La historia ambiental dominicana ha dejado demasiadas heridas abiertas. La población ha visto cómo proyectos inicialmente presentados como soluciones técnicas terminan degenerando por falta de supervisión, incumplimiento de normas o debilidad institucional. Esa memoria colectiva pesa. Y pesa mucho.

Por eso este debate no debe reducirse a una lucha entre “ambientalistas” y “desarrollistas”. El verdadero centro de la discusión debe ser otro. La confianza pública.

Hoy la gente quiere saber quiénes son los responsables reales del proyecto, cuáles son los estudios ambientales realizados, qué mecanismos de supervisión existirán, quién fiscalizará permanentemente la operación y cuáles garantías jurídicas tendrá la comunidad frente a posibles daños futuros. Y francamente, esas preguntas son legítimas.

Los proyectos vinculados al manejo de residuos sólidos tienen impactos territoriales profundos. Cambian dinámicas urbanas, afectan movilidad, generan presión ambiental y modifican la percepción de valor sobre grandes zonas geográficas. No son simples inversiones privadas aisladas. Son intervenciones de interés público. Precisamente por eso requieren algo más que permisos administrativos; necesitan licencia social. Y la licencia social no se impone. Se construye con transparencia, información abierta, participación comunitaria y supervisión permanente.

En este punto las autoridades ambientales, municipales y gubernamentales tienen una enorme responsabilidad. No basta con aprobar técnicamente un proyecto. Hay que garantizar que la ciudadanía tenga acceso real a los estudios, a las evaluaciones de impacto y a mecanismos de vigilancia independientes.

El país necesita infraestructura moderna para residuos sólidos. Eso es indiscutible. Pero también necesita instituciones capaces de hacer cumplir las reglas incluso después de inaugurados los proyectos. Porque ahí ha estado históricamente nuestro mayor fracaso.Muchos proyectos comienzan bien diseñados y terminan degradándose con el paso del tiempo por abandono institucional, intereses económicos o falta de fiscalización.

Pedro Brand hoy representa mucho más que una discusión local. Se ha convertido en una prueba nacional sobre cómo, en esta media isla, se manejará los grandes conflictos ambientales y territoriales del futuro. Y quizás la lección más importante de todo esto sea entender que el desarrollo y la protección ambiental no tienen que caminar enfrentados. Lo verdaderamente moderno es lograr que ambos puedan coexistir bajo reglas claras, vigilancia seria y respeto absoluto hacia las comunidades.

Debemos tener bien claro que cuando la ciudadanía pierde la confianza, ningún proyecto, por más técnico que parezca, logra sostenerse en paz.

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Debemos revisar con profundidad los permisos de no objeción para el uso del suelo en nuestra ciudad. No como un simple trámite administrativo, ni como una carpeta más que pasa de un escritorio a otro, sino como una decisión pública que puede mejorar o empeorar la vida de miles de ciudadanos.

La ciudad no se destruye de golpe. Se va perdiendo por pedazos. Una acera ocupada hoy, una rampa inexistente mañana, un parqueo improvisado donde antes había paso peatonal, una verja que avanza unos centímetros sobre el espacio público, una construcción que se levanta sin respetar el entorno, una autoridad que mira hacia otro lado. Así, poco a poco, la ciudad va dejando de ser un espacio de convivencia para convertirse en un territorio hostil.

Hay constructores desaprensivos que actúan como si la ciudad les perteneciera. Se llevan por delante las aceras, reducen los espacios comunes, bloquean la movilidad peatonal y levantan proyectos sin comprender que construir no es simplemente levantar paredes. Construir también implica respetar el tejido urbano, la seguridad, la accesibilidad, el derecho de los vecinos y la dignidad de quienes caminan la ciudad todos los días.

Cuando una obra invade la acera, no está afectando únicamente a quien vive al lado. Está afectando al envejeciente que ya no puede caminar seguro, a la madre que empuja un coche, a la persona con discapacidad que necesita una ruta accesible, al estudiante que camina hacia su escuela, al ciudadano común que termina obligado a tirarse a la calle para poder pasar. Esa agresión silenciosa al espacio público termina fomentando irritación, cansancio, violencia urbana y una sensación colectiva de abandono.

Por eso la clave está en crear un mecanismo interno serio, técnico y transparente que impida que estos procesos sigan siendo el pan nuestro de cada día. Las no objeciones de uso de suelo deben pasar por filtros rigurosos, con criterios urbanísticos claros, revisión colegiada y trazabilidad institucional. No puede depender únicamente del criterio aislado de una oficina, de una firma rápida o de una interpretación conveniente.

La ciudad necesita reglas claras y consecuencias reales. Antes de aprobar una no objeción, debe evaluarse el impacto sobre la movilidad, el drenaje, el tránsito, los estacionamientos, las aceras, la accesibilidad universal, la seguridad del entorno y la convivencia comunitaria. Luego de aprobarse, debe existir una supervisión constante para garantizar que lo construido corresponda exactamente con lo autorizado. La supervisión no puede ser ocasional ni complaciente. Debe ser técnica, documentada, colegiada y sostenida en el tiempo.

Lo peor es que, ante la mirada indiferente de las autoridades correspondientes, los ciudadanos se sienten agotados. Sienten que reclamar no sirve, que denunciar no produce resultados, que la ciudad se negocia entre poderosos mientras el ciudadano común carga con las consecuencias. Esa percepción es peligrosa, porque cuando la gente pierde la confianza en las instituciones, también pierde la fe en las reglas.

Sin embargo, soy de los que cree que todo tiene una salida. Creo que más tarde que temprano encontraremos el camino correcto que nos encauce hacia una sociedad quizá no perfecta, pero sí más ordenada, más respetuosa y más consciente de que la ciudad es una casa común.

Lo lamentable es que mientras más tarde llegue esa corrección, más alto será el precio. Y ese precio no se pagará únicamente en dinero. Se pagará en calidad de vida, en convivencia perdida, en espacios públicos mutilados, en ciudadanos cansados y en una ciudad cada vez más difícil de habitar.

Todavía estamos a tiempo. Pero hace falta voluntad, autoridad, técnica y carácter. Porque defender el uso correcto del suelo no es frenar el desarrollo. Es impedir que, en nombre del desarrollo, nos sigan arrebatando la ciudad.

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Hay territorios donde el debate no puede ser ligero. San Juan de la Maguana es uno de ellos. Allí no estamos frente a una discusión técnica aislada ni ante una oportunidad económica cualquiera. Estamos frente a un punto de quiebre que obliga a definir, con claridad, qué modelo de desarrollo queremos para una región que históricamente ha sostenido su vida y su economía sobre el agua y la producción agrícola.

El proyecto minero que se estudia en la zona ha reabierto una tensión conocida entre extracción y sostenibilidad. De un lado, se presentan cifras, promesas de inversión y generación de empleos. Del otro, se levanta una preocupación legítima que no puede ser desestimada, la posible afectación de las cuencas hídricas y del sistema agrícola que da sustento a miles de familias. En medio de ese choque, lo peor que puede ocurrir es simplificar la discusión.

No se trata de estar a favor o en contra de la minería como concepto. Se trata de entender dónde, cómo y bajo qué condiciones es viable. San Juan no es un territorio neutro. Es un espacio altamente sensible donde cualquier intervención de alto impacto debe ser evaluada con un nivel de rigurosidad superior. El agua allí no es un recurso más, es la base de todo. Es producción, es economía, es vida.

Por eso, asumir una postura responsable implica rechazar tanto el entusiasmo automático como el rechazo sin análisis. La discusión exige evidencia técnica sólida, verificable y transparente. Estudios de impacto ambiental independientes, auditorías confiables, evaluaciones acumulativas que no se limiten al proyecto puntual y garantías reales de protección de las fuentes de agua. Sin eso, cualquier decisión sería un acto de irresponsabilidad.

Pero hay un elemento que no puede quedar relegado a un segundo plano. La licencia social. No como un concepto decorativo, sino como un principio vinculante. Cuando una comunidad expresa desconfianza, cuando sectores organizados, productores y autoridades locales levantan la voz, eso no es ruido. Eso es territorio hablando. Ignorarlo no resuelve el conflicto, lo agrava.

El rol del gobierno local en este proceso no puede ser simbólico. La planificación del desarrollo territorial no se impone desde escritorios lejanos. Se construye con la gente, con sus realidades y con sus prioridades. Pretender avanzar sin ese alineamiento es abrir la puerta a un conflicto prolongado y costoso en todos los sentidos. El municipio no es espectador del desarrollo, es su primera línea de defensa, organización y sostenibilidad.

Hoy, con la información disponible y el nivel de desconfianza existente, no hay condiciones para autorizar una explotación minera en San Juan. Esa es una conclusión responsable. No definitiva, pero sí prudente. Porque el desarrollo no puede medirse en función de lo que se extrae, sino de lo que se preserva y se proyecta a largo plazo.

San Juan no necesita decisiones apresuradas. Necesita claridad, rigor y respeto por su vocación productiva. Y sobre todo, necesita que se entienda que hay territorios donde el margen de error no existe. Porque cuando se compromete el agua, se compromete todo.

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