La lucha por el acceso a las tierras raras se ha transformado en un tema crucial en el contexto geopolítico actual, especialmente entre Estados Unidos y China. Este grupo de 17 elementos químicos, que incluye metales como el neodimio y el disprosio, es fundamental para la fabricación de componentes de alta tecnología, desde dispositivos electrónicos hasta sistemas de defensa militar. La creciente dependencia de estos recursos ha llevado a un renovado interés por parte de Estados Unidos en asegurar su propio suministro, a menudo dominado por China.

China controla más del 80% de la producción y el suministro de tierras raras a nivel mundial, lo que le otorga una ventaja estratégica en las industrias tecnológicas y militares. Esta hegemonía no solo fortalece su posición económica, sino que también le permite influir en el desarrollo de tecnologías críticas en otros países, lo que genera preocupación en Washington.

Ante este escenario, el gobierno de Estados Unidos está tomando medidas para reducir su dependencia de las importaciones chinas. Esto incluye el apoyo a la producción nacional de tierras raras, el desarrollo de estrategias de reciclaje y la búsqueda de asociaciones con aliados para diversificar las fuentes de suministro. La intención es fortalecer su capacidad para competir en el ámbito tecnológico y militar, áreas donde las tierras raras juegan un papel indispensable.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, está de visita a la República Dominicana. El objetivo de esta visita no solo fue discutir temas bilaterales, sino también explorar las oportunidades de colaboración en la obtención de tierras raras. Esta acción subraya la intención de Estados Unidos de diversificar su acceso a estos recursos críticos y establecer relaciones estratégicas en la región del Caribe.

Durante su estadía, Rubio enfatizó la importancia de la cooperación internacional para asegurar un suministro estable y seguro de tierras raras. La República Dominicana posee reservas potenciales que podrían ser cruciales para la estrategia de Estados Unidos, lo que hace que la colaboración en este ámbito sea altamente relevante. Esto también destaca la necesidad de desarrollar prácticas sostenibles en la extracción y procesamiento de minerales, abordando así las preocupaciones ambientales.

En conclusión, la competencia por las tierras raras va más allá de una simple disputa por recursos; representa una lucha por el liderazgo tecnológico y militar en el escenario global. La visita de Marco Rubio a la República Dominicana resalta la importancia de establecer alianzas para asegurar el acceso a estos materiales críticos, lo que a su vez podría cambiar la dinámica de poder entre las naciones. A medida que Estados Unidos y China continúan su carrera por la supremacía tecnológica, el acceso a tierras raras seguirá siendo un factor determinante en el futuro del desarrollo tecnológico y la seguridad nacional.

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En el fascinante universo de la política, la conjunción de experiencia y renovación es esencial para el desarrollo de una nación. En este contexto, el caso de Leonel y Omar se erige como un fenómeno singular que merece ser analizado. A lo largo de la historia, hemos visto cómo figuras emblemáticas como los Figueres en Costa Rica o los Bush en Estados Unidos han dejado su huella imborrable. En el ámbito local, el legado de Bosch junto a su hijo León, viajando por el mundo y enseñándole sobre procesos políticos de Vietnam a Praga, nos muestra la importancia de la continuidad familiar en la política.

Sin embargo, es crucial destacar que, a pesar de la influencia familiar, la verdadera vocación de León Bosch se encontraba en el arte y la pintura. Por otro lado, el Dr. José Francisco Peña Gómez, el titán del liderazgo dominicano, legó a su hijo José Frank las herramientas conceptuales y las relaciones necesarias para brillar en el ámbito político. 

Omar, por su parte, fue moldeado como un príncipe, recibiendo una educación que abarcaba desde el desarrollo de habilidades lingüísticas hasta el dominio de las artes y las buenas maneras. Su rostro, siempre sereno, parece reflejar la preparación meticulosa para asumir un cargo presidencial. No obstante, en una democracia, la elección de un presidente no debe ser una cuestión de linaje, sino de la voluntad del pueblo. Omar ha decidido demostrar su valía, recorriendo barrios y callejones, acercándose a la gente y captando las realidades desde todas las capas de la sociedad.

Ser hijo de un presidente le otorga a Omar una ventaja indiscutible como observador de la formulación de políticas. Sin embargo, esta ventaja puede convertirse en una carga si se asocia con un exceso de poder que distraiga del verdadero propósito. Afortunadamente, en el caso de Omar, predomina la claridad de enfoque, el carisma y un ángel especial que le permite ganar la estima incluso de sus opositores. En un entorno donde la política tiende a dividir a la sociedad en un maniqueísmo de amor y odio, Omar se presenta como un símbolo de esperanza y unidad.

La propuesta de Domingo Contreras no es menor, representa un anhelo colectivo en la sociedad. Leonel, con su vasta experiencia, y Omar que trae consigo la frescura de la novedad. El desenlace de este gobierno será crucial para definir el rumbo futuro. Si el gobierno termina en llamas, habrá que valorar la experiencia y la sabiduría acumulada; si, por el contrario, concluye con altos niveles de desgaste, la población clamará por un nuevo enfoque, un nuevo jardín para revitalizar nuestra democracia.

En definitiva, la fortaleza de la Fuerza del Pueblo radica en la capacidad de integrar lo mejor del pasado con lo prometedor del futuro. La política no solo se trata de individuos, sino de la construcción de un tejido social que permita a todos sus miembros prosperar. En este sentido, la historia de Leonel y Omar es un reflejo de esa búsqueda constante de equilibrio y renovación que define la esencia misma de la democracia.

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En días recientes, se ha implementado una medida por parte del Ministerio de Administración Pública que instruye a las instituciones gubernamentales a recopilar datos sobre el cumplimiento de pago de servicios públicos de los empleados del Estado. Esta decisión, presentada como un intento de mejorar la calidad de los servicios y asegurar el cumplimiento normativo, plantea serias preocupaciones sobre la vulneración de los derechos a la privacidad de los trabajadores de la administración pública.

Es fundamental subrayar que los empleados públicos no son simples receptores de ayudas sociales; son profesionales que, en muchos casos, cuentan con estudios de cuarto nivel y diversas especialidades. Al exigirles que presenten comprobantes de pago de servicios como agua y electricidad, el Ministerio parece tratar a estos individuos como si tuvieran que justificar su capacidad de gestión económica ante el Estado, lo cual es inaceptable. Esto no solo es una falta de respeto hacia su dignidad profesional, sino que también sienta un precedente peligroso en la relación entre el gobierno y sus empleados.

Además, esta medida puede interpretarse como una injerencia en la esfera privada de los trabajadores. La obligación de revelar a nombre de quién se encuentran los contratos de servicios públicos puede llevar a situaciones incómodas y, en algunos casos, a vulneraciones de la privacidad familiar. La recopilación de esta información, en lugar de contribuir a una gestión administrativa más eficiente, podría generar desconfianza y miedo entre los empleados, afectando su ambiente laboral y su desempeño.

Es preocupante que se sugiera que los empleados públicos no cumplen con sus obligaciones de pago. Si se van a exigir comprobantes de pago de servicios, entonces, ¿por qué no también del pago de parqueo, comida, traslados en asuntos laborales, trabajos fuera del horario laboral, e incluso el combustible gastado en tareas oficiales? La lista podría extenderse indefinidamente.

Es esencial recordar que, como empleados públicos, tenemos derechos fundamentales que deben ser defendidos. La falta de claridad sobre la base legal que sustenta esta solicitud es alarmante. A veces, las intenciones de implementar políticas que buscan mejorar la gestión pública se ven opacadas por una total ignorancia de las realidades laborales y de los derechos de los empleados.

La improvisación y la falta de planificación en la implementación de estas medidas son verdaderamente preocupantes. Hago un llamado a las autoridades para que organicen mejor sus ideas y propuestas antes de divulgarlas, para que realmente se pueda avanzar en una administración pública que respete la dignidad y la privacidad de sus trabajadores.

Es imperativo que desde el gobierno se respete el derecho a la privacidad de los servidores públicos. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales, pero no deben ser utilizadas como excusas para invadir la vida privada de los trabajadores. La labor del Estado debe centrarse en la confianza y el respeto hacia aquellos que se dedican a servir a la ciudadanía, y no en la vigilancia y el control excesivo.

Invito a todos a reflexionar sobre la importancia de proteger los derechos de los empleados públicos y a exigir medidas que realmente promuevan la dignidad y el respeto en el ámbito laboral. La administración pública debería ser un espacio donde se valore el profesionalismo y no un mecanismo de control que vulnera la privacidad de quienes están al servicio del país.

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Con el tema de la reforma fiscal, surge una reflexión inevitable: la evasión fiscal tiene sus raíces en la falta de confianza en las instituciones. Esta preocupación es el resultado de décadas en las que los políticos han sido señalados como corruptos, sin que se tomen acciones concretas para erradicar esta práctica que tanto daño ha causado al desarrollo de nuestro país.

Es alarmante observar cómo, en lugar de combatir la corrupción de manera efectiva, se opta por medidas superficiales que no hacen más que alimentar la percepción de que la política es un circo. Pagar impuestos debería ser visto como la contribución indispensable para sostener las políticas públicas que benefician a toda la sociedad. Sin embargo, para muchos dominicanos, esta responsabilidad se ha convertido en sinónimo de ingenuidad.

Las constantes denuncias de corrupción por parte de los políticos han sembrado la desconfianza en la población, generando la creencia de que su dinero terminará en los bolsillos de aquellos en el poder. Esta percepción se ve reforzada por el estilo de vida lujoso que algunos funcionarios exhiben, un estilo que claramente no podrían costear con sus salarios. Esta situación ha llevado a que el pago de impuestos sea considerado como una acción absurda, en lugar de ser visto como un acto de compromiso ciudadano para lograr una gestión pública transparente y un país mejor para todos.

Es fundamental que se generen cambios significativos que transformen esta percepción negativa en torno a los impuestos. Solo así podremos construir una sociedad en la que el cumplimiento tributario sea valorado como un acto de responsabilidad cívica y no como una muestra de ingenuidad.

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El sistema penal en nuestro país parece tener un único objetivo: perseguir a los descalzos. Este es un fenómeno que no solo se refleja en las estadísticas, sino que también se manifiesta en la percepción social y en la ejecución de la justicia. A menudo se argumenta que el sistema es clasista y que, en su esencia, solo busca castigar a aquellos que menos tienen. Esta teoría, ampliamente discutida por los grandes teóricos marxistas del derecho, encuentra apoyo en la realidad que vivimos día a día.

Cuando un acusado proviene del pueblo, con un aspecto que delata el hambre ancestral, todos los dedos acusadores de la sociedad apuntan hacia él. En esos momentos, se ignoran principios fundamentales como el debido proceso y las garantías constitucionales. La humanidad del individuo se desvanece frente a un aparato represivo del Estado que parece más interesado en satisfacer la sed de venganza de los perfumados que en garantizar la justicia.

Desde las gradas, se clama por sangre y un castigo ejemplar. Algunos, en su falsa moral, se desgarran las ropas exigiendo el más severo castigo, sin detenerse a considerar que cada persona tiene derecho a la presunción de inocencia, un principio consagrado tanto en nuestra constitución como en los tratados internacionales.

Las voces que se alzan contra corruptos y desfalcadores de los dineros del pueblo suelen estar llenas de rencor y clasismo. Cuando el sistema penal se dirige hacia aquellos que huelen a calle y sudor, parte de la opinión pública se convierte en un torrente de tinta: comentarios, editoriales y artículos de opinión proliferan, todos clamando por la ejemplaridad del castigo. Sin embargo, cuando uno de ellos cae, la narrativa cambia drásticamente. De repente, el clamor por la justicia se torna en una defensa de sus derechos, una súplica por un trato justo.

Es esencial que entendamos que la violación de los derechos humanos no puede ser justificada bajo ninguna circunstancia, sin importar el origen o la clase social de la persona implicada. Ignorar este principio solo alimenta el resentimiento social y perpetúa un ciclo de injusticias. El Ministerio Público, en su afán de cumplir con su deber, a menudo pasa por alto la presunción de inocencia, dañando a muchas personas que merecen ser tratadas con dignidad.

Deberíamos levantar nuestras voces en pro de un sistema que respete la dignidad de todos, en lugar de reaccionar únicamente cuando una figura influyente se ve atrapada en las redes de la justicia penal. La sociedad debe exigir un sistema garantista que proteja a todos por igual, no solo a un selecto grupo. La exclusión y el clasismo se manifiestan en un sistema que solo escucha el clamor por el debido proceso cuando se trata de aquellos que tienen poder e influencia.

La realidad es que una sociedad no puede avanzar cuando su sistema penal está diseñado para atrapar solo a ciertos grupos. Es hora de exigir un cambio que garantice justicia y dignidad para todos, sin distinción. La lucha por un sistema penal equitativo y humano es, sin duda, una batalla que debemos emprender.

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A los Valentines Alcántara (Valentín Alcántara, general dominicano que peleó en ejercicio haitiano en la guerra contra la República Dominicana) hay que darle una clase de historia de geopolítica. Es fundamental entender que los dominicanos se liberaron del yugo haitiano, no del español, su independencia se declaró frente a Haití, no a Francia. 

En el contexto geopolítico actual, Haití es un estado fallido que no merece la mínima atención de nadie. Es tan evidente que la atención del jefe de la misión destinada a reorganizar dicho país se centra más en tomar agua directamente de la jarra que en lo que realmente comunica a la comunidad de naciones.

Esta situación convierte a Haití en un estado que se desdibuja entre las zonas de influencia e interés dentro de la comunidad internacional. La falta de interés por parte de la comunidad internacional y de la élite haitiana plantea un problema serio para la continuidad de la República Dominicana como Estado-nación.

Este escenario no es para tomárselo a chistes. Cuando desde un ministerio estatal se utilizan imágenes con rostros de mujeres africanas para promover políticas públicas, no es algo que se deba tomar a la ligera. Se trata de la construcción ideológica del nuevo perfil dominicano, que no es caucásico, ni oriental, ni indígena, pero tampoco es africano. Es un crisol de razas que nos hace únicos como país, con una hermosura sin igual.

El hecho de que compartamos una isla con Haití, y no con Dinamarca, subraya esta compleja realidad. Los hechos históricos y la geopolítica conspiran contra la continuidad de la patria de Duarte. No podemos permitir que nos chantajeen con chistes desgastados; al final, sabemos que la patria solo late en los corazones sensatos.

Es esencial que reflexionemos sobre nuestra identidad y nuestro lugar en el contexto geopolítico actual. Debemos ser conscientes de los desafíos que enfrentamos y de la importancia de mantener nuestra integridad como nación. ¡Dios, Patria y libertad!

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La sociedad contemporánea, tal como la describe Mario Vargas Llosa, se encuentra inmersa en una «sociedad del espectáculo» donde la apariencia a menudo eclipsa los problemas reales. Un reciente incidente protagonizado por un diplomático haitiano en un evento internacional ilustra esta dinámica. 

Su confusión al tomar un jarrón de agua por un vaso generó una oleada de críticas en redes sociales, donde se cuestionó su educación y comportamiento. Sin embargo, esta reacción superficial nos lleva a cuestionar la importancia de entender el contexto en el que se desarrolla su accionar.

Haití, marcado por una historia de lucha y sufrimiento, enfrenta una compleja crisis política, económica y social. Desde desastres naturales hasta inestabilidad crónica, muchos haitianos viven en condiciones extremas que distan de la educación formal. En este sentido, la acción del diplomático puede interpretarse no solo como un descuido, sino como un acto deliberado que busca atraer la atención hacia la difícil realidad de su país. 

En un mundo donde la frivolidad tiende a dominar, este gesto se convierte en una forma de resistencia, situando a Haití en el centro del debate internacional.

Finalmente, el gesto del diplomático se transforma en un poderoso símbolo que resalta la grave situación humanitaria que enfrenta Haití. En una sociedad que a menudo prioriza lo superficial, es crucial recordar que las luchas por la dignidad y la justicia a menudo se manifiestan a través de actos que, aunque parezcan insignificantes, tienen el potencial de abrir espacios de reflexión y debate. 

Este incidente sirve como un recordatorio de que las voces de aquellos que sufren, como los haitianos, necesitan ser escuchadas y atendidas, más allá de la superficialidad que a menudo nos rodea.

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En la República Dominicana, el gobierno de Luis Abinader se enfrenta a un creciente descontento ciudadano que se traduce en una alarmante pérdida de credibilidad. Cada día que pasa, la confianza en su administración disminuye un 10%, y esta tendencia no parece tener freno. La esperanza de reformas significativas y una mejora palpable en la calidad de vida se ha evaporado, dejando a la población con un sabor amargo: las promesas electorales se han quedado en meras intenciones, sin resultados concretos que las respalden.

La falta de creatividad en el círculo cercano del presidente se hace evidente. Estos conspicuos asesores parecen haber perdido la capacidad de idear propuestas innovadoras que realmente aborden los problemas urgentes que aquejan al país. En lugar de soluciones viables, se opta por estrategias de comunicación vacías, que no hacen sino perpetuar una realidad que cada día se vuelve más insostenible para los dominicanos.

La desconexión de la clase política con las preocupaciones del pueblo se manifiesta de diversas maneras. Un claro ejemplo es la actitud de la senadora Faride Raful, que se comporta como si aún estuviera en la tribuna del Senado, ignorando el clamor popular en el caso de Azua. Esta falta de respuesta ante temas candentes solo profundiza la desconfianza hacia los políticos y destaca una preocupante desconexión con la realidad que vive la ciudadanía.

Uno de los problemas más latentes es el caos en el suministro de energía eléctrica. Los constantes apagones y la falta de un servicio confiable no solo afectan la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también ponen en jaque la productividad de nuestras empresas. A esto se suma la gestión del Intrant, que ha sido objeto de críticas por su incapacidad para manejar el tránsito y la movilidad en las ciudades, generando un verdadero caos en las calles y descontento entre los conductores.

Sin embargo, lo que realmente preocupa es la reciente controversia en torno al avión de Maduro. Este escándalo ha captado la atención internacional y plantea serias interrogantes sobre la política exterior dominicana. No solo se pone en duda la imagen del país, sino que también se cuestionan las alianzas políticas que se están forjando, así como la seguridad nacional en un contexto cada vez más complicado.

En la República Dominicana, todos se consideran expertos en política y béisbol, pero lo que realmente necesitamos son soluciones efectivas. Un gobierno que escuche y responda a las necesidades de su pueblo es esencial en tiempos de incertidumbre. Es hora de dejar atrás los engaños mediáticos y las agendas faranduleras que intentan ocultar la dura realidad que enfrentan los ciudadanos. La falta de autoridad y dirección se siente en cada rincón del país, y es momento de exigir un cambio real, uno que no se limite a pan y circo, sino que ofrezca un futuro mejor para todos.

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La educación en la República Dominicana se ha convertido en un tema de discusión constante, especialmente a la luz de las afirmaciones del expresidente Leonel Fernández, quien subrayó que el problema educativo va más allá de la mera disponibilidad de recursos económicos; se trata de un asunto de filosofía educativa. 

Este enfoque reflexivo es crucial en un momento en que el país ha invertido 2 billones de pesos en el sector educativo en un período de 11 años. 

Sin embargo, a pesar de esta inmensa inversión, los resultados han sido decepcionantes, y la República Dominicana sigue figurando en las posiciones más bajas de las evaluaciones de educación a nivel internacional.

Es evidente que se hace necesario llevar a cabo una revisión exhaustiva de la estrategia en materia de planificación educativa. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo podemos transformar esta abultada inversión en resultados tangibles que eleven la calidad de la educación dominicana? La respuesta podría radicar en un enfoque más centrado en la calidad, en vez de simplemente en la cantidad.

La calidad de la educación no puede ser una mera aspiración; debe ser una realidad palpable. Para ello, es fundamental que se favorezca la descentralización y se adopte una planificación educativa más estratégica. Esto implica no solo destinar recursos, sino también valorarlos de manera equitativa, es decir, distribuir el presupuesto en educación considerando el esfuerzo y los logros de los centros educativos. Aquellos que demuestren un mejor desempeño y aporten resultados significativos deberían recibir una mayor participación en el presupuesto. Esta lógica no solo fomentaría la competencia sana entre instituciones, sino que también incentivaría a los docentes a mejorar su rendimiento y a los estudiantes a alcanzar sus metas académicas.

El Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de replantear su enfoque en la distribución de los recursos asignados al 4 % del PIB. La asignación eficiente de estos fondos es clave para medir el avance y la contribución de cada centro educativo de forma objetiva y cuantificable. Es imperativo que se establezcan indicadores claros y métricas de desempeño que permitan evaluar el impacto real de cada institución en la formación de sus estudiantes. Solo así podremos garantizar que la educación pública en el país no solo sea accesible, sino también de calidad.

El desafío es grande, pero no insuperable. La educación es la base del desarrollo de cualquier nación, y su mejora debe ser una prioridad para todos los actores involucrados: desde el gobierno hasta los padres y la sociedad civil. Es momento de dejar de lado las excusas y actuar con determinación. La educación dominicana merece un cambio radical que la saque del sótano y la lleve a ocupar el lugar que le corresponde en el ámbito internacional.

La educación de calidad no es solo un derecho, sino una necesidad urgente que debe ser atendida con la seriedad y el compromiso que merece.

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La reciente crisis electoral en Venezuela ha puesto de manifiesto la delicada situación que enfrenta la democracia en la región. En este contexto, la figura de Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana, ha resurgido como un faro de compromiso y valentía. Durante la noche de las elecciones, Fernández se encontraba en el país vecino, donde, en un claro acto de desafío y responsabilidad, exigió que el oficialismo mostrara las actas de votación. No es sólo un gesto simbólico, sino una declaración de principios que reafirma su defensa de la democracia venezolana frente a un régimen cuestionado.

El diálogo entre Fernández y el presidente brasileño, Lula da Silva, es revelador. Mientras el oficialismo proclamaba un triunfo con cifras que desbordaban la credibilidad, Fernández no se acobardó. Al contrario, se posicionó firmemente en favor de la transparencia y la rendición de cuentas, pidiendo que se presentaran las actas. Este acto no sólo resalta su valor personal, sino que también lo posiciona como un interlocutor válido ante la Unión Europea, que observa con atención la evolución de esta crisis post-electoral. Si Fernández hubiese optado por un alineamiento con el oficialismo, su relevancia y credibilidad habrían desaparecido en el limbo de la complicidad.

La respuesta de Lula, quien inmediatamente respaldó la demanda de Fernández, es un claro indicativo de que la presión internacional puede ser un elemento clave en la lucha por la democracia en Venezuela. La negativa del régimen de Maduro a presentar las actas no hace más que incrementar las dudas sobre la legitimidad de su gobierno. La verdad acerca de lo ocurrido en las elecciones siempre encuentra la forma de salir a la luz, como un colchón que inevitablemente flota.

Por otro lado, es pertinente reflexionar sobre la actuación del presidente dominicano, Luis Abinader, quien, en sus recientes declaraciones, pareció más un candidato en busca de reelección que un estadista comprometido con la verdad. En un entorno donde la información y los argumentos sólidos son esenciales, su discurso no sólo generó confusión, sino que también lo dejó expuesto ante la oposición y la ciudadanía. Si su intención es realmente evitar la reforma constitucional para beneficio personal, debería actuar en consecuencia y dejar de lado la retórica que suena a búsqueda de un contrincante electoral.

La figura de Leonel Fernández emerge como un baluarte en la defensa de la democracia no solo en su país, sino en toda la región. Su compromiso con la verdad y la transparencia en Venezuela nos recuerda que la lucha por la democracia es un esfuerzo que trasciende fronteras. En tiempos de incertidumbre, es fundamental que los líderes se alineen con la verdad y la justicia, no solo por el bien de su nación, sino también por el futuro de toda una región que anhela vivir en libertad.

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