El total de inversión tasado por el Ministerio de la Vivienda en el primer trimestre de este año ascendió a RD$74,755 millones en el sector de la construcción. La mayor cantidad de ese monto, de acuerdo al informe publicado por la entidad, RD$49,287 millones corresponden al renglón habitacional, es decir, viviendas o edificaciones levantadas para el uso familiar o personal. Por debajo de ese renglón, todos los demás: combinados, comercial y oficinas, estructuras especiales, almacenes, hospedaje y otros.
Es precisamente por esta realidad del mercado que la reciente implementación de las nuevas tarifas del Mived dispararon la voz de alarma de los diferentes sectores de la construcción, como es el caso de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao, que sugirió al ministerio reconsiderar los montos que oscilan entre RD$55,000 y 80,000 pesos por inspecciones, para citar un ejemplo de las nuevas tasas.
Aumentos excesivos, es la frase que empezó a escucharse en estos conglomerados que impulsan, sin duda, la máquina que mantiene en franco crecimiento la economía del país. Sandy Joel Rodríguez, presidente de Aprocovici, entiende que «estos aumentos no tienen base legal clara» y advirtió, naturalmente, que estos incrementos se van a transferir a los compradores finales. No es una novedad, es lo que tradicionalmente sucede cuando se producen aumentos en cualquier bien o servicio.
Todo esto coincide –de acuerdo a ejecutivos de la asociación– con una disminución en las ventas de los proyectos habitacionales, lo que ha producido un momento crítico mientras las empresas que desarrollan este tipo de negocios enfrentan mayores costos financieros y una desaceleración en la ejecución inicial de las obras. Otro ingrediente en las tarifas establece un nuevo cobro del 0.1% sobre el valor tasado de cada proyecto. «Estas cargas económicas no han sido previamente consensuadas con el sector y resultan desproporcionadas», se quejó el presidente de la asociación.
El aumento de las tarifas impuestas por el Mived, sostienen empresarios vinculados directamente al sector, representa una amenaza directa al dinamismo del sector construcción, al elevar significativamente los costos operativos de los desarrolladores. Este encarecimiento puede provocar una disminución en la ejecución de nuevos proyectos, especialmente aquellos dirigidos a sectores vulnerables, afectando la disponibilidad de viviendas asequibles.
A su vez, podría incentivar la informalidad en los procesos constructivos, comprometiendo la calidad y seguridad de las edificaciones. La desaceleración del sector impactaría negativamente la generación de empleos, la inversión privada y la recaudación fiscal, frenando el crecimiento económico nacional. Por tanto, es crucial revisar estas medidas para preservar la sostenibilidad del sector y su impacto social.
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