La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), planteó este domingo al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, que convoque al Concejo del Ministerio Público a los fines de dar cumplimiento a la ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, que en su artículo 41 establece: procurador Fiscal Titular. Las fiscalías se integran por un equipo de procuradores fiscales y fiscalizadores que estarán dirigidos por un Procurador Fiscal designado como Titular, conforme al escalafón, por el Consejo Superior del Ministerio Público por un período de cuatro años. Su mandato podrá ser reconfirmado por un segundo y único período consecutivo previa evaluación de desempeño.
El pedido de la organización de la sociedad civil se produce ante el descontento de algunos miembros del ministerio público que han sido evaluado obteniendo calificaciones que ameritan ser promovidos, lo que a la fecha no se ha producido por la permanencia en sus puestos de los titulares, que también deben ser promovidos a procuradores de cortes y los actuales procuradores de cortes evaluados y que han obtenidos buenas calificaciones a procuradores generales adjuntos, tal como lo establece el Estatuto del Ministerio Público, entre los titulares que ya cumplieron 4 años y meses en sus cargos sin ser evaluadas y ratificadas se encuentran las procuradoras fiscales de los distritos judiciales más importantes Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo y Santiago.
Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO, calificó de grave el proceso de allanamiento y cierre simultáneo de varias clínicas en el municipio de Santo Domingo Este de la provincia Santo Domingo dispuesto por el Ministerio Público de esa demarcación, donde se evidencio la comisión de varios errores procesales que luego obligaron a las autoridades a reabrir los centros de salud por el incumplimiento del debido proceso, lo que ha sido una práctica recurrente de miembros del ministerio público que más que atacar el crimen con esas acciones lo favorecen, ya que los casos al llegar a la jurisdicción de juicio se caen, recayendo la responsabilidad en los jueces.
“Desde el punto de jurídico un proceso que empieza mal termina mal, ningún caso de investigación por delito debe ventilarse a la luz pública en la fase de investigación o preparatoria porque la ley establece que es privado, en cualquier país, con un error de esa naturaleza en un proceso, es anulable, siendo esa una razón por la que la mayoría de los procesos se caen en los tribunales, por violar las disposiciones del Código de Procesal Penal y muestra de ello están los casos donde se encontraban ex funcionarios públicos, cuyos caso fueron llevados primero en la jurisdicción de los medios de comunicación y sin fundamentos en los tribunales ordinarios”.
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