Nuevas salas de exhibición en provincias donde no había cines. Construcción de estudios cinematográficos que contribuyen al desarrollo del fascinante séptimo arte. Una producción robusta de títulos dominicanos que se agolpan en la lista de espera hasta que finalmente confirman su estreno para el disfrute del público. Un crecimiento sostenido de la empleomanía –en cantidad y preparación profesional– como nunca se alcanzó previo al 2010, cuando se aprobó y entró en vigencia la Ley No.108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana.
Con sus virtudes y defectos, esta legislación impulsó un sector que se aprecia sólido en estos momentos, 14 años después de su concepción. Ante los vientos que anticipan un proyecto de reforma fiscal que amenaza con su eliminación o modificación en el mejor de los casos, actores a todos los niveles de este campo ha dado riendas sueltas a una ofensiva mediática y a un lobismo sin precedentes con el objetivo de salvar, a toda costa, una ley que está en el imaginario del Poder Legislativo desde hace unos años, y no precisamente por sus bondades a beneficio de la industria.
La ofensiva de buena parte de la industria cinematográfica amplió su radio de acción este miércoles, logrando que la célebre actriz dominicana establecida en Hollywood, Zoé Saldaña, saliera al frente en defensa de la ley. La actriz de Avatar guarda la esperanza que el Gobierno no toque ni con el pétalo de una flor esta ley, porque incidirá de manera contundente y negativa contra el desarrollo del cine nacional. No sólo la protagonista de Lioness espera que siga vigente las exenciones fiscales para este sector, un convincente grupo de artistas vinculados al mismo participó en un audiovisual en el que se expresaron contrario a cualquier acción que perjudique esos incentivos.
Pero el Gobierno necesita incrementar las recaudaciones. Necesita combatir el gasto público y frenar las evasiones que inciden sistemáticamente contra la economía. El presidente Luis Abinader se ha manifestado a favor de aplicar de una vez por todas una reforma fiscal que se viene aplazando desde hace varios años. Los organismos internacionales, con el FMI con la voz cantante, promueven una nueva legislación que ayude a mejorar la salud de las finanzas públicas.
Ninguna reforma fiscal es buena en su naturaleza. En su esencia. Pero la ciudadanía espera una modificación de las leyes que sea lo más equitativa y justa para todos. La pandemia del Covid-19, la convulsión de los enfrentamientos militares devenidos en guerras costosísimas con incidencia global, presionan a las autoridades para tomar medidas inaplazables. Que Dios ilumine a quienes gobiernan y que todo sea para bien de las mayorías. Es necesario, pero que también sean justos.
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