La Fundación Justicia y Transparencia rechazó las pretensiones de la Suprema Corte de Justicia de controlar todo lo relativo al acceso del ejercicio de la abogacía en el país, toda vez que seriamos la única parte en el mundo donde el estamento judicial es dueño amo y señor no solamente de los jueces, sino también de los notarios, los alguaciles y los interpretes judiciales.
Además, tuvo el control de la defensa pública, en un claro conflicto de intereses, y ahora también la posibilidad de manejar mediante un proyecto ley a todos los abogados del país, incluyendo como tales a los miembros del Ministerio Público y a los integrantes de las Altas Cortes en sus respectivas calidades de abogados.
La entidad de sociedad civil considera inaceptable el que la Suprema Corte de Justicia tenga el monopolio de todos los actores del sistema de administración de justicia, lo que sin dudas sería una clara violación al espíritu y a los principios constitucionales.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, calificó el proyecto de ley para reglamentar el ejercicio profesional del derecho como absurdo, peligroso e inconstitucional, conculcando los derechos de los recién graduados, al establecer que solo podrán acceder al ejercicio de la abogacía luego de haber transcurrido dos años y la aprobación de un examen inicial.
Estas pruebas van seguidas de otros exámenes cada cinco años, requisitos además extensivos a todos los abogados del país, y por demás necesarios e indispensables para mantener la condición de abogados, esto así en manos de un jurado examinador compuesto mayoritariamente por miembros del Poder Judicial.
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