Tenemos actualmente 159 municipios y 32 provincias. Sin embargo, en el Congreso Nacional reposan al menos 26 iniciativas destinadas a elevar distritos municipales y otras comunidades a la categoría de municipio. También se estudian propuestas para crear nuevas provincias, entre ellas Santa Lucía, Matías Ramón Mella, Villa Riva y Río Haina.
No se trata de negar que algunas comunidades hayan crecido, desarrollado una identidad propia o alcanzado condiciones que justifiquen revisar su categoría territorial. Verón-Punta Cana, por ejemplo, presenta una realidad demográfica, económica y urbana que merece una evaluación seria. Pero una cosa es reorganizar el territorio respondiendo a transformaciones comprobables y otra muy distinta es fragmentarlo atendiendo principalmente a intereses políticos.
Crear un municipio no consiste en cambiar un nombre sobre el mapa. Significa instalar una alcaldía, un concejo de regidores, nuevas estructuras administrativas y una nómina completa. Implica dividir territorio, población, patrimonio, ingresos y transferencias que antes correspondían a otra demarcación. Cada nuevo municipio genera gastos permanentes. Necesita autoridades, personal, oficinas, equipos y recursos para recoger residuos, mantener parques, construir aceras, ordenar el tránsito, regular el uso del suelo y prestar servicios. La pregunta obligatoria es sencilla: ¿puede esa comunidad financiar razonablemente la estructura que está solicitando?
El problema es que muchos municipios existentes todavía dependen casi totalmente de las transferencias del Gobierno central. Algunos tienen una capacidad recaudatoria mínima y apenas pueden sostener su funcionamiento ordinario. Si dividimos esas demarcaciones sin estudios financieros rigurosos, terminaremos repartiendo los mismos recursos entre más estructuras, debilitando tanto al municipio original como al nuevo.
La cercanía de las autoridades no garantiza por sí sola mejores servicios. Un alcalde puede estar más cerca de la comunidad y, sin embargo, carecer de recursos, personal técnico y capacidad institucional para responder. La proximidad política no sustituye la eficiencia administrativa.
Antes de aprobar una nueva demarcación, el Congreso debería exigir un estudio independiente que determine su población real, fuentes de ingresos, actividad económica, capacidad recaudatoria, continuidad territorial y disponibilidad de infraestructura. También debe evaluarse el impacto que la separación tendría sobre el municipio de origen.
Además, cada propuesta debería someterse a consulta ciudadana. No basta con escuchar a los sectores que promueven la elevación. También deben participar las comunidades afectadas, las organizaciones sociales, los sectores productivos y las autoridades locales de ambas partes.
El país necesita igualmente una ley clara sobre organización territorial que establezca criterios uniformes y reduzca la discrecionalidad política. No puede seguirse modificando el mapa nacional mediante decisiones aisladas, sin una visión integral del territorio.
En algunos casos, la solución no será crear otro municipio. Puede ser fortalecer la junta distrital existente, desconcentrar servicios, establecer oficinas municipales, formar mancomunidades o garantizar una distribución más equilibrada de las inversiones.
La aspiración de una comunidad a tener mayor reconocimiento merece respeto. Pero también merece honestidad. No debemos prometer autonomía donde no existen condiciones para ejercerla ni presentar como desarrollo lo que pudiera convertirse en más burocracia, más cargos y menos capacidad para prestar servicios.
El desarrollo territorial no se mide por la cantidad de alcaldes, regidores o provincias. Se mide por la calidad de vida, el orden, las oportunidades y los servicios que recibe la población. Revisar el mapa puede ser necesario. Fragmentarlo sin planificación sería irresponsable; porque dividir el territorio puede resultar políticamente atractivo, pero dividir no es desarrollar.
