La muerte de una niña de apenas once años, luego de caer de un juego mecánico instalado durante las fiestas patronales de Hato Mayor, no puede quedar registrada como una desgracia más. Tampoco debe reducirse a la responsabilidad individual del propietario del aparato. Estamos ante un hecho que obliga a revisar toda la cadena de permisos, supervisión e inspección que hizo posible que aquella estructura comenzara a operar.
Tres menores resultaron heridas cuando se desprendió uno de los asientos del juego conocido como La Estrellita. Una de ellas perdió posteriormente la vida. Ya existe un proceso judicial abierto y fue presentado en el Senado un proyecto de ley para regular este tipo de atracciones. Todo eso es necesario, pero la respuesta institucional debe ir mucho más lejos.
Las fiestas patronales ocupan espacios públicos, movilizan a miles de personas y requieren autorizaciones municipales. En consecuencia, los ayuntamientos no pueden limitarse a cobrar arbitrios, reservar calles o permitir la instalación de tarimas, negocios y aparatos mecánicos. Autorizar una actividad supone verificar que existen condiciones mínimas de seguridad para quienes participan.
La pregunta que debemos hacernos es sencilla. ¿Quién inspeccionó ese juego antes de permitir su funcionamiento?
Hay que determinar cuáles documentos presentó la empresa, si contaba con una póliza de responsabilidad civil, cuándo fue revisada la estructura, quién certificó sus condiciones mecánicas y eléctricas, y qué institución autorizó su instalación. Estas preguntas no procuran adelantar culpabilidades. Buscan identificar las fallas que deben corregirse para evitar otra tragedia.
He insistido durante años en que la gestión municipal no puede reducirse a recoger basura, construir contenes o inaugurar parques. El gobierno local administra el territorio y debe proteger a quienes lo habitan. Esa función comprende ordenar las actividades comerciales temporales, inspeccionar las estructuras instaladas en espacios públicos y suspender cualquier operación que represente un peligro.
El país necesita un protocolo nacional para juegos mecánicos, circos, tarimas, conciertos, ferias y eventos temporales. Cada instalación debería contar con una certificación técnica vigente, una bitácora de mantenimiento, seguro de responsabilidad civil, inspección eléctrica, plan de evacuación y personal entrenado para responder ante emergencias. Ningún permiso municipal debería otorgarse sin esos requisitos.
Ese protocolo debe definir claramente las competencias del ayuntamiento, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Policía Nacional y cualquier otra entidad involucrada. Cuando todos participan de manera informal, al final nadie asume plenamente la responsabilidad.
Las fiestas patronales forman parte de nuestra identidad cultural. No se trata de eliminarlas ni de colocar obstáculos innecesarios a quienes trabajan en ellas. Se trata de comprender que la diversión pública exige controles serios. La alegría de una comunidad nunca puede descansar sobre estructuras improvisadas o inspecciones inexistentes.
La tragedia de Hato Mayor debe marcar un antes y un después. La mejor manera de honrar la memoria de esa niña es impedir que otro niño suba a una atracción cuya seguridad nadie haya comprobado.
Después del dolor vendrán los informes, las declaraciones y las promesas. Lo verdaderamente importante será transformar esta experiencia en normas claras, inspecciones verificables y responsabilidades definidas. La prevención cuesta menos que una tragedia. Y cuando está en juego la vida de nuestros niños, ninguna autoridad puede alegar que no sabía, que no podía o que no le correspondía.
