Para el pueblo, el arroz trasciende con creces la categoría de un simple producto agrícola o una mercancía sujeta a las frías estadísticas del intercambio comercial. Es el núcleo de su mesa, el alimento sagrado que vertebra la dieta diaria y, sobre todo, el motor económico y social que sostiene la vida en más de veinte provincias del territorio nacional.
Frente a las complejidades derivadas de los tratados de libre comercio, la solicitud planteada en rueda de prensa ayer miércoles por la Fuerza del Pueblo a las autoridades de los Estados Unidos, para que se considere un tratamiento especial y diferenciado al cereal dentro del DR-CAFTA, pone de relieve un imperativo ético y de seguridad nacional, y es que ningún acuerdo internacional puede anteponerse a la supervivencia de miles de productores locales ni comprometer la estabilidad social del país.
El fondo de esta discusión radica en las profundas asimetrías estructurales que separan al agro estadounidense del dominicano. Mientras el productor de Norteamérica opera con grandes extensiones de tierra, millonarios subsidios, avanzada mecanización y una robusta red de políticas públicas de apoyo, el agricultor de estas tierras brega en condiciones de evidente vulnerabilidad. Un ejemplo elocuente es el de los parceleros de la Reforma Agraria, quienes cultivan extensiones reducidas de apenas unas cincuenta tareas en promedio y de cuyo esfuerzo cotidiano depende cerca del 45 % de la producción nacional de arroz, según cifras difundidas por el referido partido.
Desproteger este sector no solo significaría un golpe devastador para la economía rural, que genera cientos de miles de empleos directos e indirectos, sino que abriría la puerta a una peligrosa dependencia externa en un recurso tan vital como la alimentación. El espejo de otras naciones de la región que vieron colapsar sus mercados internos tras abrir sus puertas sin salvaguardas efectivas debe servir como una lección ineludible.
Reclamar este trato especial no implica un rechazo al comercio internacional ni un desconocimiento de los vínculos históricos y de amistad con los Estados Unidos. Se trata de armonizar intereses mediante el diálogo constructivo y la diplomacia, reconociendo que el mercado dominicano posee dimensiones humanas y sociales que merecen respeto. Como se ha reiterado, no se piden privilegios graciables, sino sensibilidad ante una realidad donde cada tarea sembrada guarda relación directa con familias trabajadoras y comunidades enteras.
En resumidas cuentas, defender la producción nacional de arroz es blindar el futuro de la República Dominicana. El campo no es una moneda de cambio en las negociaciones bilaterales, es la raíz misma de nuestra soberanía alimentaria y el reflejo de la dignidad con la que nuestra gente labra su porvenir. Proteger al productor local es garantizar que el pan de cada día siga germinando en su suelo.
