Aunque República Dominicana ha avanzado en la incorporación de mujeres en los espacios de representación, la igualdad política continúa siendo una deuda pendiente. La aplicación de la cuota 40/60, las resistencias partidarias y el llamado “relleno” de las boletas electorales revelan que tener una norma no necesariamente significa garantizar una participación política efectiva.
Tener una representación política en igualdad con los hombres, además de ser una aspiración reivindicativa también es una cuestión fundamental que habla de la calidad de la democracia. Sin embargo, entre lo que establece la legislación y lo que ocurre en la práctica persiste una brecha que aún algunas líderes continúan intentando cerrar.
La denominada paridad política representa, en esencia, la búsqueda de una participación equilibrada de hombres y mujeres en los espacios donde se toman las decisiones públicas. Pero en República Dominicana ese objetivo todavía tropieza con estructuras partidarias, prácticas electorales y resistencias culturales que limitan el acceso de las mujeres a candidaturas competitivas y, posteriormente, a posiciones de poder.
El debate adquiere especial relevancia porque el país cuenta con un marco legal que obliga a los partidos a incorporar mujeres en sus propuestas electorales. La cuota del 40/60 constituye uno de los principales instrumentos para procurar esa participación. Y, aunque, hay voces que no están de acuerdo con las cuotas de participación, la realidad es que es una conquistas de muchos años de lucha.
El problema aparece cuando el cumplimiento de la norma se interpreta como una obligación meramente numérica y no como un compromiso con una representación política real.
En los últimos procesos electorales, la presencia femenina en el Congreso Nacional, por citar un caso, ha experimentado avances importantes. La actual matrícula congresual se encuentra entre las más elevadas de la historia reciente del país, una señal de que las barreras no son infranqueables.
Pero el aumento de mujeres electas no debería llevar a la conclusión de que el problema de la desigualdad política está resuelto.
La pregunta fundamental es otra: ¿cuántas mujeres llegan a las boletas electorales con posibilidades reales de ganar?
Esta distinción es determinante. Una organización política puede cumplir formalmente con una cuota colocando mujeres en candidaturas con escasas posibilidades electorales, mientras reserva los espacios considerados estratégicos para los hombres. De esa manera, la estadística puede mejorar sin que necesariamente se produzca una redistribución efectiva del poder.
Es precisamente ahí donde aparece una de las principales inconformidades de las mujeres políticas: el llamado “relleno”.
No se trata únicamente de estar en una boleta. Se trata de competir en condiciones razonablemente equitativas, tener acceso a recursos, estructuras partidarias, visibilidad, financiamiento, apoyo territorial y oportunidades para convertirse en una opción electoral viable.
En distintos momentos, partidos y sectores políticos han intentado interpretar o aplicar las reglas de participación femenina de manera restrictiva. Ante estas situaciones, la Junta Central Electoral (JCE) ha tenido que desempeñar un papel activo como órgano fiscalizador del proceso electoral.
Esto revela una contradicción mayor; pues una medida concebida para garantizar derechos termina dependiendo, en ocasiones, de la capacidad de las instituciones electorales para hacer que los propios partidos cumplan con la legislación.
La participación de las mujeres no debe ser presentada como una concesión de los partidos políticos. Tampoco como un favor ni como un mecanismo para completar una lista de candidatos. Es un derecho político.
Por eso, el debate sobre paridad no debería limitarse a cuántas mujeres aparecen en una boleta. Debe preguntarse también qué posiciones ocupan, qué posibilidades tienen de ser electas y cuánto poder tienen dentro de las organizaciones políticas.
La paradoja democrática
Hay además una paradoja que hace todavía más relevante esta discusión.
Las mujeres constituyen una parte mayoritaria del padrón electoral dominicano. Es decir, representan una fuerza determinante en la conformación de los gobiernos y en la elección de los representantes populares.
Sin embargo, que las mujeres tengan un peso electoral significativo no se traduce automáticamente en una presencia equivalente en los espacios de decisión.
Ahí aparece una de las preguntas más incómodas del sistema político: ¿cómo puede una mayoría electoral continuar siendo una minoría relativa en determinados espacios de poder?
La respuesta no está necesariamente en la voluntad de las electoras. El problema comienza mucho antes: en la selección de candidaturas, en las estructuras internas de los partidos, en el acceso desigual a recursos y en una cultura política que históricamente ha asociado el liderazgo con figuras masculinas.
Una mujer que pretende convertirse en candidata necesita, muchas veces, atravesar obstáculos adicionales: construir una estructura territorial, conseguir financiamiento, obtener reconocimiento dentro de su partido y enfrentar estereotipos relacionados con su capacidad de liderazgo.
El proyecto que acogió el Ministerio de la Mujer
La situación puede ser todavía más compleja para las mujeres rurales, quienes enfrentan limitaciones económicas, territoriales y de acceso a redes de formación y participación política.
Por eso adquieren importancia iniciativas como la Semana de Impulso a la Paridad Política, promovida desde el Ministerio de la Mujer bajo la dirección de Gloria Reyes. El programa busca colocar nuevamente la discusión sobre la mesa y, sobre todo, trabajar en la formación y fortalecimiento de mujeres que aspiran a participar en procesos electorales.
“Las mujeres rurales sostienen comunidades, economías y redes de cuidado, y ese liderazgo también debe estar presente en los espacios donde se toman las decisiones. Desde la República Dominicana, estamos comprometidas con ampliar las oportunidades para que más mujeres puedan participar en política en condiciones de igualdad, fortalecer sus capacidades y convertir su experiencia y liderazgo territorial en una mayor representación en nuestra democracia”, sostuvo Gloria Reyes.
El inicio de la semana con un curso de alto nivel dirigido a mujeres rurales que aspiran a candidaturas constituye, en ese sentido, un componente relevante: la paridad no puede construirse únicamente desde las cúpulas partidarias, sino que también se hace necesario, producir nuevos liderazgos desde las comunidades.
La celebración de espacios de discusión con expertas nacionales e internacionales también contribuye a ampliar el debate. El panel “Avances necesarios para el impulso de la paridad”, con la participación de Gloria Reyes, Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, y Zoraima Cuello, vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana, (PLD), plantea precisamente la necesidad de pasar de los avances formales a transformaciones más profundas.
En cuanto al tema la secretaria ejecutiva de la CIM, Alejandra Mora Mora, destacó que “las mujeres rurales ya ejercen liderazgo en sus comunidades, sostienen procesos colectivos y participan activamente en la vida pública. El desafío es que ese liderazgo se traduzca también en poder político y capacidad de decisión. La democracia necesita que las mujeres de todos los territorios puedan competir en igualdad de condiciones, acceder a recursos, ejercer sus derechos políticos libres de violencia y participar en las decisiones que transforman sus comunidades”.
La discusión es pertinente porque la paridad política no puede depender exclusivamente de una ley de cuotas.
Las cuotas pueden abrir la puerta, pero no garantizan por sí mismas igualdad de condiciones dentro de la competencia electoral.
Para que exista una verdadera transformación se requiere que los partidos modifiquen sus mecanismos de selección, garanticen espacios competitivos, promuevan formación política y faciliten el acceso de las mujeres a recursos y posiciones de dirección.
La paridad plantea una concepción distinta del poder político: hombres y mujeres deben tener oportunidades equivalentes para participar, competir y ejercer funciones de decisión.
Por eso, el debate dominicano probablemente tendrá que evolucionar desde la discusión sobre el cumplimiento de una cuota hacia una discusión sobre la distribución efectiva del poder.
El verdadero indicador de avance no será únicamente cuántas mujeres aparecen en las boletas o cuántas consiguen un escaño. También será necesario observar cuántas presiden órganos legislativos, encabezan comisiones, ocupan posiciones de dirección partidaria, controlan estructuras territoriales y participan en las decisiones estratégicas de sus organizaciones.
La historia política dominicana demuestra que la incorporación de las mujeres a la vida pública ha sido un proceso gradual y lleno de obstáculos. Los avances actuales son importantes y deben reconocerse, pero no deberían confundirse con la meta final. La participación femenina no es solamente un asunto de justicia para las mujeres. También tiene que ver con la calidad de la democracia.
Una democracia en la que más de la mitad del electorado está constituido por mujeres, pero donde su presencia en determinados espacios de decisión continúa siendo proporcionalmente menor, tiene una contradicción que resolver.
El desafío, entonces, no consiste únicamente en lograr que las mujeres estén presentes. Consiste en garantizar que estén, compitan y decidan.
