El sistema político dominicano enfrenta un espejo incómodo que la euforia de las contiendas partidarias suele disimular. La abstención electoral del 45,6 por ciento registrada en los comicios de 2024 constituye un dato estadístico preocupante, y representa una anomalía que hay que combatir. Todo ello significa una manifestación evidente de una fisura estructural que interpela directamente a la clase dirigente y a la institucionalidad del país.
Lejos de responder únicamente a factores sociodemográficos tradicionales como la edad o el género, este comportamiento refleja un malestar profundo y generalizado que se concentra con mayor fuerza en los entornos urbanos y de alto dinamismo económico.
Cada vez que tocaba ir a las urnas, la República Dominicana podía presumir de una participación activa que enorgullecía a las autoridades y al liderazgo político, porque mantenía esas tasas superiores al 70 por ciento. Sin embargo, el quiebre observado a partir de 2020 profundizó un declive que hoy supera con creces el promedio de América Latina.
Las causas de este fenómeno no son fortuitas. Los estudios especializados, como el “Estudio sobre la abstención electoral en la República Dominicana” presentado ayer por la Junta Central Electoral y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, señalan una preocupante brecha entre el respaldo teórico a los principios democráticos y la escasa satisfacción con su funcionamiento práctico. El clientelismo, la insatisfacción con la oferta política tradicional, la apatía y la percepción de inutilidad del sufragio alimentan un rechazo silencioso que castiga la gestión de los partidos.
A este panorama interno se suma la alarmante desconexión de la diáspora. Con una participación que apenas bordea el 19 por ciento, los dominicanos en el exterior continúan sosteniendo la economía nacional mediante el envío masivo de remesas, mientras enfrentan barreras logísticas, administrativas y una insuficiente inclusión partidaria que los relega a una ciudadanía de segunda categoría.
Revertir esta tendencia exige abandonar la autocomplacencia. Urge implementar puentes institucionales, simbólicos y territoriales orientados a profesionalizar la gestión electoral, modernizar la logística transnacional y rescatar la educación cívica desde las aulas. Si los partidos políticos y el Estado no logran demostrar que el voto constituye una herramienta transformadora y útil para la vida comunitaria, el abstencionismo continuará consolidándose como la opción preferida de una ciudadanía hastiada de promesas incumplidas. La democracia no colapsará de golpe, pero se debilita cada vez que un ciudadano decide darle la espalda a las urnas.
