¿Puede el municipalismo producir un presidente?

Hay momentos en la historia de las democracias en que las sociedades cambian más rápido que la propia política. Los ciudadanos comienzan a formular nuevas exigencias, mientras muchos actores públicos continúan ofreciendo las mismas respuestas de siempre. Eso explica por qué, de vez en cuando, resulta necesario revisar algunas de las ideas que durante décadas dimos por ciertas.

Una de ellas tiene que ver con la formación de quienes aspiran a gobernar un país. Durante buena parte de nuestra historia republicana se entendió que el camino natural hacia la Presidencia de la República pasaba por el Congreso Nacional, los ministerios, la dirección de los partidos políticos o el liderazgo construido desde la oposición. Esa fue, durante mucho tiempo, la escuela tradicional del poder.

Pero las sociedades evolucionan. También lo hacen las ciudades, los problemas públicos y las expectativas ciudadanas. Hoy la pregunta ya no debería limitarse a quién posee mayor liderazgo político, sino quién ha demostrado mayor capacidad para gobernar.

No es una diferencia semántica. Es un cambio de paradigma.

Desde hace años he sostenido que el desarrollo nacional comienza en el territorio. No porque allí se concentre todo el poder del Estado, sino porque es allí donde el poder se pone verdaderamente a prueba. Las políticas públicas pueden diseñarse en los ministerios, discutirse en el Congreso o anunciarse desde el Palacio Nacional, pero sólo adquieren valor cuando transforman la vida cotidiana de las personas. Y esa transformación siempre ocurre en un territorio concreto.

El municipio es, probablemente, la institución política más antigua de nuestra tradición democrática. Mucho antes de la consolidación de los Estados modernos, los cabildos representaban el espacio donde las comunidades organizaban su vida colectiva, administraban sus recursos y resolvían sus problemas comunes. No es casualidad que la historia política de Hispanoamérica tenga en el municipio uno de sus pilares fundamentales. Allí nació una forma de entender el gobierno desde la proximidad, la responsabilidad y el servicio.

Con el paso del tiempo, sin embargo, muchas veces se redujo el papel de los gobiernos locales a la simple administración de servicios. Esa visión resulta hoy insuficiente. El municipio ha dejado de ser únicamente el nivel de gobierno más cercano al ciudadano. Se ha convertido en el escenario donde convergen, al mismo tiempo, casi todos los grandes desafíos nacionales.

La movilidad, la seguridad ciudadana, la gestión de residuos, el ordenamiento territorial, la adaptación al cambio climático, la protección del medio ambiente, la gestión de riesgos, la convivencia, la recuperación de los espacios públicos, el desarrollo económico local, la participación comunitaria; todo termina encontrándose en un mismo lugar: el territorio.

Mientras muchas instituciones públicas concentran su trabajo en un sólo sector, un ayuntamiento administra simultáneamente todos esos desafíos. No gobierna conceptos; gobierna realidades. No administra teorías, ni escenarios hipotético; administra conflictos y trabaja con ciudadanos que esperan respuestas todos los días.

Gobernar un municipio significa administrar la complejidad… en vivo. Y pocas experiencias públicas exigen tanto como esa.

El alcalde convive diariamente con problemas que no pueden posponerse. La basura no espera. El tránsito tampoco. Los espacios públicos deteriorados afectan inmediatamente la calidad de vida. Las lluvias ponen a prueba la capacidad de respuesta institucional. Los conflictos comunitarios exigen mediación. Las demandas ciudadanas no conocen horarios.

Gobernar un territorio obliga a decidir permanentemente. Decidir con recursos escasos. Decidir bajo presión.Decidir conciliando intereses muchas veces contrapuestos. Decidir sabiendo que cada error tendrá consecuencias visibles y que cada acierto será evaluado inmediatamente por la propia comunidad.

Quizá por eso el municipalismo comienza a adquirir una dimensión política diferente. No porque aspire a sustituir otras experiencias de gobierno, sino porque representa una de las escuelas de gestión pública más completas que existen dentro del Estado.

Durante mucho tiempo la política premió, sobre todo, la capacidad para conquistar el poder. Hoy las democracias parecen comenzar a valorar también la capacidad para ejercerlo con eficacia. Estamos transitando, quizá sin advertirlo plenamente, de una cultura basada casi exclusivamente en el liderazgo político hacia una cultura donde la gestión adquiere un valor creciente.

Y esa diferencia no es menor. Liderar inspira y gestionar transforma.

Naturalmente, sería un error concluir que un buen alcalde está automáticamente preparado para ser presidente de la República. Gobernar una nación exige competencias adicionales relacionadas con la conducción macroeconómica, la política exterior, la defensa nacional, las relaciones internacionales y la dirección estratégica del Estado.

Pero también sería un error ignorar que muy pocos cargos públicos someten a una persona a una prueba de liderazgo, negociación, planificación, administración de recursos, resolución de conflictos y rendición de cuentas tan intensa como la que enfrenta un gobernante local.

Toda política pública termina desembocando en un municipio. La seguridad se construye en los barrios, la educación encuentra su verdadero impacto en las comunidades, la salud preventiva necesita territorios organizados, la vivienda requiere planificación urbana, la protección ambiental comienza en cada ciudad, la resiliencia frente a los desastres depende de la preparación de los gobiernos locales y hasta el desarrollo económico se expresa finalmente en cada municipio.

Por eso siempre he afirmado que el territorio no es el último eslabón del Estado. Es el lugar donde el Estado demuestra si realmente funciona.

Quizá ha llegado el momento de comenzar a valorar la experiencia de gestión con el mismo entusiasmo con que durante décadas hemos valorado la capacidad de hacer política.

No se trata de reemplazar el liderazgo por la administración. Las democracias necesitan ambas virtudes. Se trata de reconocer que el liderazgo del siglo XXI ya no puede sustentarse únicamente en la fuerza del discurso o en la habilidad para conquistar adhesiones. Debe apoyarse también en la experiencia demostrada de gobernar, de resolver, de planificar y de transformar realidades.

Tal vez por eso la verdadera discusión no consista en preguntarnos si un alcalde puede llegar algún día al Palacio Nacional.

La pregunta de fondo es otra: ¿Está preparado nuestro país para exigir que quien aspire a gobernar la nación haya demostrado previamente, con hechos y resultados, su capacidad para gobernar el territorio donde todos los días transcurre la vida de la gente?

Porque, después de todo, las democracias maduras no terminan confiando únicamente en quienes saben conquistar el poder. Terminan depositando su confianza en quienes han demostrado que saben ejercerlo.

Y quizá esa sea la mayor enseñanza que el municipalismo dominicano puede ofrecer al debate nacional. El Palacio Nacional no debería ser la primera prueba de un gobernante, sino la última.