La destrucción de más de diez mil unidades de fuegos artificiales ilegales por parte de las autoridades no debería leerse únicamente como un operativo exitoso, sino como el reflejo de una problemática persistente que cada año cobra víctimas evitables. Detrás de cada caja incautada hay una cadena de negligencias que sigue encontrando espacio en la cotidianidad dominicana.
La pirotecnia ilegal no es un asunto menor ni una tradición inocente. Es, en esencia, un riesgo latente que suele materializarse en lesiones graves, incendios domésticos y daños irreparables, especialmente entre niños y jóvenes. La recurrencia de estos incidentes, sobre todo en temporadas festivas, evidencia que las medidas de control, aunque necesarias, resultan insuficientes si no se acompañan de un cambio cultural más profundo.
El problema no radica únicamente en quienes comercializan estos productos al margen de la ley, sino también en la tolerancia social que los normaliza. La venta en espacios informales, como en colmados, barberías u otros negocios no autorizados, revela una falla en la percepción del riesgo. Se asume la pirotecnia como parte del paisaje festivo, ignorando el costo real que implica cuando se utiliza sin regulación ni supervisión.
Las autoridades han reiterado su compromiso de reforzar la fiscalización, incautar mercancía ilegal y sancionar a quienes incumplan la normativa vigente. Sin embargo, la aplicación de la ley, por sí sola, no transformará una conducta arraigada en la ciudadanía. La prevención efectiva requiere educación, campañas sostenidas y una narrativa distinta sobre lo que significa celebrar.
Es pertinente insistir en que no existe justificación válida para que productos de alto riesgo terminen en manos inexpertas, en niños, adolescentes y jóvenes, especialmente. Cada explosión fuera de control es una señal de alerta sobre las brechas que aún persisten en la supervisión y, sobre todo, en la conciencia colectiva. La responsabilidad no recae exclusivamente en el Estado; también interpela a las familias, a los comerciantes y a la sociedad en su conjunto.
La aspiración de reducir, año tras año, la cantidad de pirotecnia incautada no debe interpretarse solo como un indicador de eficiencia institucional, sino como un termómetro del avance en la cultura de legalidad. Menos decomisos significarían menos circulación ilegal y, en consecuencia, menos tragedias.
Celebrar no debería implicar riesgo. La verdadera festividad es aquella que no deja cicatrices ni pérdidas. Mientras la pirotecnia ilegal siga encontrando espacio en la informalidad y en la permisividad social, cualquier operativo será apenas un paliativo. El desafío real está en desmontar la idea de que el estruendo es sinónimo de alegría.
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