Recientemente, diversos medios de comunicación han denunciado una alarmante práctica en la que jóvenes funcionarios vinculados al Partido Revolucionario Moderno (PRM) estarían extorsionando a servidores públicos para que contribuyan económicamente a los proyectos políticos oficialistas, obligándolos a destinar parte de sus salarios a financiar actividades proselitistas. Este tipo de conductas no solo refleja un abuso de poder, sino que también mancha la transparencia y la ética del servicio público en la República Dominicana.
Las denuncias apuntan a que algunos de estos funcionarios no solo exigen dinero a los empleados públicos, sino que también utilizan la presión y la amenaza de represalias, como el despido o la degradación laboral, para forzar estas aportaciones. Este tipo de extorsión no es nuevo, pero sorprende ver cómo se perpetúa incluso en un gobierno que se autodenomina como una alternativa frente a las prácticas corruptas del pasado.
Un caso emblemático de este tipo de prácticas es el escándalo que envolvió al ex rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), quien fue destituido tras una investigación que reveló irregularidades graves, incluyendo la extorsión a su personal para que aportara una parte de sus salarios a la campaña política del oficialismo. Este caso no solo dejó en evidencia una grave vulnerabilidad en el sistema de administración pública, sino también la impunidad con la que algunos funcionarios se sienten autorizados para abusar de su posición de poder.
Otro incidente que también refleja esta misma línea de abuso es el caso de Hecmilio Galván, director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), quien fue acusado de exigir contribuciones ilegales a sus empleados bajo la amenaza de despidos o represalias laborales. Si bien es cierto que el caso fue investigado por las autoridades correspondientes, no se puede obviar que esta situación es un claro ejemplo de cómo algunos funcionarios aprovechan su poder para hacer un uso inapropiado de los recursos humanos y financieros a su disposición.
El reciente comentario del ministro de Educación Superior, Rafael Santos, quien señaló que la oposición peledeísta también utilizaba estas prácticas en gobiernos anteriores, no debe servir como excusa ni justificación para que se continúe con este tipo de conductas. Aunque es cierto que en administraciones previas se denunciaron hechos similares, esto no convierte en aceptables las malas prácticas actuales. La denuncia de la oposición no debe ser vista como una manera de exculpar a los responsables dentro del actual gobierno, sino más bien como una advertencia de que no se debe permitir la perpetuación de esta cultura de corrupción en la política dominicana.
La extorsión de servidores públicos para financiar proyectos políticos es una práctica condenable en cualquier contexto y, aún más, cuando se lleva a cabo en nombre de un partido o gobierno. Ningún funcionario público debe ser obligado a aportar dinero de su salario para proyectos políticos, ya sean de campaña electoral o de cualquier índole. Esta es una violación flagrante de los derechos humanos y un abuso de poder inaceptable.
A lo largo de la historia, la política dominicana ha estado marcada por diversas formas de corrupción, pero esta nueva modalidad de extorsión bajo la amenaza de represalias laborales es una de las más graves y preocupantes. No solo compromete la integridad de los servidores públicos, sino que también mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. La política no debe ser un espacio para la explotación ni para el uso indebido de los recursos del pueblo, sino un medio para promover el bienestar común y la justicia social.
Es necesario que las autoridades competentes, especialmente la Procuraduría General de la República, tomen cartas en el asunto con firmeza y sin demoras. El mensaje debe ser claro: los servidores públicos no deben ser forzados ni coaccionados para financiar agrupaciones políticas. Este tipo de conductas debe ser erradicado de inmediato para garantizar que el país avance hacia una cultura política más justa, transparente y ética. La extorsión política no tiene cabida en la República Dominicana, y mucho menos bajo un gobierno que dice promover el cambio y la justicia.
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