La preocupación que hoy se respira en las comunidades cercanas a la presa de Hatillo no es un exceso de alarma ni una reacción emocional desmedida. Es, por el contrario, la expresión legítima de una población que observa cómo el principal reservorio de agua dulce de las Antillas Mayores cambia de color, de olor y de significado, sin que las respuestas oficiales logren disipar la incertidumbre ni restaurar la confianza.
Hatillo no es solo un cuerpo de agua. Es sustento, es trabajo, es alimento y es vida para miles de familias de la provincia Sánchez Ramírez, una demarcación cuya vocación agrícola depende directamente de la calidad de sus recursos naturales. Cuando el agua que riega los cultivos, alimenta la pesca y sostiene el consumo humano comienza a mostrar signos evidentes de deterioro, el problema deja de ser ambiental para convertirse en social, económico y sanitario.
Las explicaciones técnicas ofrecidas hasta ahora, que atribuyen la coloración verdosa a una floración de algas, pueden tener sustento científico. Sin embargo, la ciencia, cuando no se comunica con transparencia ni se acompaña de acciones visibles, pierde credibilidad ante una ciudadanía que vive a diario las consecuencias. El silencio prolongado, la ausencia de monitoreos públicos y la falta de información clara terminan siendo tan nocivos como la contaminación misma.
Que comunitarios se vean obligados a recolectar muestras de agua y llevarlas por su cuenta a laboratorios, según las denuncias recibidas en La Crónica, revela una falla profunda en la gestión ambiental. No se trata solo de confirmar o descartar la presencia de bacterias o químicos peligrosos; se trata de garantizar el derecho de la población a saber qué está ocurriendo con un recurso estratégico y cuáles son los riesgos reales a los que se expone.
En una provincia eminentemente agrícola como Sánchez Ramírez, descuidar el medio ambiente es hipotecar el futuro. El agua contaminada no distingue entre cultivos y hogares, entre economía y salud. Si la presa se degrada, se compromete la seguridad alimentaria, se encarece la producción, se afectan los ingresos de los agricultores y se abre la puerta a enfermedades que golpean con más fuerza a los sectores más vulnerables.
La protección de la presa de Hatillo no debe asumirse como una reacción coyuntural ante una crisis mediática, sino como una política pública sostenida. Requiere vigilancia permanente, estudios independientes, rendición de cuentas y, sobre todo, voluntad de actuar antes de que el daño sea irreversible. El medio ambiente no se defiende con comunicados esporádicos, sino con presencia institucional, decisiones firmes y diálogo honesto con las comunidades.
Escuchar a los residentes no es un gesto político, es una obligación ética. Ellos no piden privilegios ni protagonismo; piden agua limpia, información veraz y la tranquilidad de saber que la tierra que cultivan y el entorno en el que viven no se está convirtiendo en una amenaza silenciosa.
Cuidar la presa de Hatillo es cuidar a Sánchez Ramírez. Y cuidar el medio ambiente, en un país que vive de su tierra y de su agua, no es una opción: es una responsabilidad ineludible con el presente y con las generaciones que vendrán.
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