El apagón general que dejó sin electricidad a todo el país el pasado martes ha vuelto a poner sobre la mesa un tema que se creía superado: la fragilidad del sistema eléctrico nacional. Durante horas, hospitales, escuelas, comercios, medios de transporte y millones de hogares quedaron en penumbras, recordando lo mucho que la vida cotidiana depende de una infraestructura energética confiable.
La reacción política no se hizo esperar. Desde la oposición, los principales partidos han hecho de este incidente una bandera de crítica. Antonio Florián, secretario general de la Fuerza del Pueblo, expresó su «profunda preocupación» y responsabilizó al Gobierno por lo que calificó como un reflejo del «grave deterioro del sistema eléctrico nacional». Para la FP, el apagón es consecuencia de la «ineficiencia, el descuido y la improvisación» con que, a su juicio, se ha manejado el sector energético en los últimos años.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también elevó el tono. Francisco Javier García, Charles Mariotti y Martín Matos calificaron el evento como «catastrófico», denunciando la «improvisación» del Gobierno del PRM. Mariotti advirtió sobre las pérdidas económicas derivadas del apagón, que, sumadas a los daños ocasionados por la tormenta Melissa, «dibujan un panorama cada vez más oscuro» para la administración actual. Según el exsecretario general peledeísta, lo ocurrido demuestra que «no hay conducción ni estrategia» en el sector eléctrico, reclamando explicaciones claras a las autoridades.
Desde el oficialismo, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, ofreció una versión distinta: un incidente técnico en la subestación San Pedro I provocó el colapso del sistema, pero la respuesta fue rápida y efectiva. Santos destacó que el servicio fue restablecido en «un tiempo bastante rápido», cumpliendo con los protocolos internacionales. Además, resaltó el papel crucial de las hidroeléctricas en el proceso de recuperación, lo que, según dijo, evidencia la «robustez y madurez» del sistema eléctrico dominicano.
Entre la denuncia y la defensa técnica se encuentra la realidad que preocupa a la ciudadanía: la vulnerabilidad estructural de un sistema que, aunque ha avanzado en cobertura y generación, sigue mostrando deficiencias críticas en transmisión, mantenimiento y planificación. Un apagón nacional no puede ser tratado como un simple accidente técnico. En pleno siglo XXI, la confiabilidad energética es sinónimo de seguridad, productividad y calidad de vida.
La transparencia es, por tanto, una exigencia. El país necesita saber con exactitud qué ocurrió, por qué el sistema colapsó y qué medidas se adoptarán para evitar que se repita. Pero también es indispensable que la discusión política no eclipse lo esencial: la necesidad de una política energética de Estado, sostenida más allá de los ciclos partidarios, que garantice inversión, supervisión y modernización permanentes.
En un país que aspira al desarrollo sostenible y a una economía competitiva, la luz no puede seguir siendo rehén de la improvisación ni de la disputa política. Este apagón debe servir como advertencia y oportunidad: o se consolida un sistema eléctrico verdaderamente estable y transparente, o la oscuridad seguirá siendo un recordatorio de todo lo que aún nos falta por iluminar.
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