En pleno siglo XXI cuando muchas sociedades avanzan en derechos y salvaguardan esas leyes bajo estamentos sólidos y de compromiso, nosotros en esta media isla ubicada en el mismo trayecto del sol, continuamos en el oscurantismo más terrible en asuntos penales. Recientemente, y luego de más de un siglo, fue «reformado» el Código Penal.
Es una buena noticia y resulta un avance, un ligero avance no del todo positivos en algunos aspectos. La reforma del código era un reclamo a gritos durante muchísimos años por ciertos sectores de la sociedad. Lo que se reformó nos colocó fuera de la época del 1800 pero aún estamos en los años 30 ó 40 del pasado siglo con esa «nueva» reforma.
La reforma del Código Penal fue guardada, editada y «reformada» por un grupo de hombres y mujeres que muchas veces no leen ni lo que emiten. Allí en ese congreso hay un gran número de «honorables» que paralelo a estas funciones públicas tienen sus negocios privados de todo lo que usted se pueda imaginar, y se niegan, como no, a eliminar los privilegios que reciben por ser diputados y senadores. Allí en ese lugar que se supone, debe ser de garantías en deberes y derechos, hay muchos que no cumplen a cabalidad con lo esperando.
También levita en ambas cámaras el eterno rancio machismo que aflora cada vez que se habla o formulan posibles cambios en leyes. Así es amigo lector, aún en este siglo de avances, hay servidores públicos que viven en la era de la caverna. Precisamente ese es el punto de la tardanza de más de 20 años en reformar el Código Penal y el asunto puntiagudo de introducir en esa reforma el derecho al aborto bajo las 3 causales y el aumento de penas para casos de homicidios. Temas hartos debatidos pero que en países como el nuestro y en un congreso atiborrado de hipócritas, prevalece «la defensa a la vida» y creer en la absurda «justicia divina».
Una gran cantidad de esos hombres y mujeres que ponen sus posaderas en esas curules, cobrando sueldos de lujo, exoneraciones, viáticos y barrilitos para sus bolsillos, carecen de preparación, de correctas formas de hablar, de una dicción clara y un mensaje enfático que comunique con sus electores y con un pueblo en su mayoría carente también de formación académica. Por eso siempre he dicho que al Congreso llega cualquiera en este país, siempre que tenga un buen dinero para pagar por esa posición.
Y es lo que precisamente sucedió con la diputada Altagracia de los Santos, y unas declaraciones suyas que se volvieron viral y la gente no dejo de comentar. Unas expresiones mal formuladas, erróneamente pensadas y pesimamente concebidas. No supo comunicar lo que, en realidad, quizás, quería comunicar y machacando el idioma, convirtió su «mensaje» en un batiburrillo poco entendible: «La gente se casa para tener relaciones sexuales, nadie se casa con una momia o un robot, por lo que me opongo a que se aumente la pena en caso de sexo no consentido».
Es decir, para esta mujer que se define, según ella como: sexóloga, pastora y es diputada, la mujer siempre tiene que estar disponible cuando el marido quiera. Añadió con su cara muy fresca, que tipificar la violación dentro del matrimonio convertiría el enfado femenino en epidemia judicial: «Van a decir que las violaron porque amanecieron enfogonadas».
Pregunto, ¿qué mal tan grande hicimos como sociedad, como país, para merecer que «honorables» sin educación de ningún tipo, que no saben ni comunicar ni usar las palabras correctas, sean quienes definan nuestras leyes? ¡Estos son los que ocupan el Congreso!
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