La reciente propuesta de la Junta Central Electoral (JCE) sobre las candidaturas independientes es, en el mejor de los casos, una oportunidad desperdiciada. En el peor, es un intento deliberado de conservar un sistema político cerrado, dominado por partidos tradicionales que cada vez representan menos a una ciudadanía que busca alternativas reales de participación.
El Frente de Candidaturas Independientes (FCI), a través de su vocero, el doctor José Cabral, ha levantado la voz con razones que no pueden ignorarse. El proyecto de ley que pretende regular la participación de candidatos no afiliados a partidos reduce en apenas un 2% el requisito de firmas necesarias para postularse. Es un gesto simbólico que no cambia nada en el fondo: el sistema sigue siendo excluyente.
En un país donde la desconfianza en los partidos políticos crece año tras año, bloquear la entrada de nuevas voces al espacio electoral es, sencillamente, antidemocrático. Las candidaturas independientes no son una anomalía: son una respuesta legítima a una demanda ciudadana de renovación, transparencia y representación directa.
El presidente de la JCE, Harold Jáquez, ha defendido su propuesta como un intento de organizar el proceso. Pero regular no puede ser sinónimo de limitar. Si el objetivo es fortalecer la democracia, las reglas deben facilitar, no dificultar, la participación de los ciudadanos que no desean formar parte de estructuras partidarias.
Lo más preocupante es que este proyecto de ley se discute en una comisión especial de la Cámara de Diputados, presidida por Elías Wessin Chávez, sin que se escuche debidamente a los actores directamente afectados: los movimientos y ciudadanos que encarnan el fenómeno independiente. Legislar sin participación es legislar sin legitimidad.
Las barreras propuestas —como los altísimos requisitos de firmas, plazos irrazonables y mecanismos opacos para validar apoyos— no buscan filtrar aspirantes serios, sino proteger a quienes ya controlan el juego político. Es una ley diseñada no para ordenar, sino para excluir.
Frente a esta realidad, el FCI no solo tiene razón al exigir el retiro del proyecto: tiene el deber de hacerlo. Defender el derecho a postularse sin partidos no es una rebeldía caprichosa, es una lucha por una democracia más auténtica y plural.
Es momento de que el Congreso y la JCE entiendan que la legitimidad no se construye blindando el sistema, sino abriéndolo. Las candidaturas independientes deben ser tratadas con justicia, y no como una amenaza. Si la democracia solo beneficia a quienes ya están en el poder, deja de ser democracia.
El país necesita una ley que respalde la participación ciudadana, no que la limite. Una legislación moderna, equitativa y clara para los independientes es urgente. Lo contrario sería seguir perpetuando un sistema que ya no representa a la mayoría.
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