La República Dominicana enfrenta hoy uno de los desafíos más significativos de su historia reciente: la propuesta de la minera Barrick Gold para construir una nueva presa de cola en el territorio nacional. Este no es un conflicto técnico ni económico únicamente. Es, sobre todo, un conflicto político, jurídico y moral que nos obliga a preguntarnos: ¿quién decide el destino ambiental y territorial del país?
Las presas de cola son estructuras utilizadas para almacenar los residuos tóxicos que resultan de la actividad minera. Su construcción en zonas cercanas a cuencas hidrográficas críticas, como pretende hacer Barrick en este caso, representa un riesgo inaceptable para la seguridad ambiental, la salud pública y el bienestar de las comunidades.
Pero lo más preocupante es el trasfondo del conflicto: la evidente vulnerabilidad de nuestra soberanía frente al poder de las corporaciones multinacionales. El contrato con Barrick, renegociado bajo presión en el pasado, ha sido símbolo de una relación desigual en la que los intereses nacionales han cedido ante promesas de inversión, empleo y crecimiento que rara vez se traducen en beneficios sostenibles para el país.
La Constitución dominicana es clara. El artículo 15 reconoce el agua como patrimonio nacional de uso público y prioritario para la vida. El artículo 66 establece el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano y equilibrado, así como el deber del Estado y de la sociedad de proteger los recursos naturales. Por su parte, el artículo 194 exige que las políticas de desarrollo económico estén orientadas a garantizar el uso racional y sostenible de dichos recursos.
Aceptar la construcción de una nueva presa de cola sin una evaluación pública rigurosa, sin transparencia ni consulta vinculante con las comunidades afectadas, sería una grave violación no solo del sentido común ambiental, sino de la misma Constitución que nos rige.
La soberanía no se defiende solo en las fronteras. Se defiende también en las decisiones sobre el agua que bebemos, el aire que respiramos y los suelos que cultivamos. Permitir que una empresa extranjera imponga las reglas de explotación de nuestros recursos naturales es renunciar al derecho de autodeterminación que tanto ha costado construir.
Este momento exige firmeza del liderazgo político, responsabilidad de las instituciones ambientales y movilización ciudadana. No se trata de estar en contra de la minería per se, sino de exigir una minería que respete los límites ecológicos, sociales y jurídicos del país.
El oro puede esperar. La vida no.
Comentarios