La migración ilegal, especialmente la proveniente de Haití, representa un desafío complejo para la República Dominicana. En ese contexto, el acuerdo firmado ayer miércoles entre la Liga Municipal Dominicana (LMD), presidida por Víctor D’Aza, la Dirección General de Migración (DGM), la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), marca un paso importante hacia una respuesta integral que incluya a los gobiernos locales en la lucha contra esta problemática.
Aunque la gestión migratoria recae fundamentalmente sobre las autoridades nacionales, los cabildos tienen un papel clave de apoyo, coordinación y vigilancia territorial que no debe subestimarse. Como bien señaló D’Aza, su labor no es sustituir a las autoridades migratorias, sino colaborar de forma efectiva para fortalecer la soberanía nacional y el cumplimiento de las leyes migratorias.
Los ayuntamientos pueden aportar significativamente en varios frentes. En primer lugar, tienen la capacidad de identificar focos de asentamientos irregulares en sus comunidades. Mediante un monitoreo constante del uso del suelo, la ocupación de espacios públicos y la proliferación de construcciones informales, pueden alertar a las autoridades pertinentes y contribuir a acciones preventivas. Es quizás uno de los aspectos elementales de su papel en este nuevo esfuerzo para enfrentar este fenómeno cada vez más acuciante.
Además, los cabildos son fundamentales en la educación ciudadana. Campañas locales de sensibilización sobre los riesgos de la migración irregular y la necesidad de respetar el ordenamiento jurídico pueden generar una conciencia comunitaria que desincentive la complicidad o indiferencia ante la presencia ilegal. De igual manera, pueden fomentar el Registro Civil y la formalización laboral para evitar que la contratación de mano de obra ilegal se convierta en una norma social.
En este mismo contexto, los ayuntamientos también deben colaborar en la planificación urbana y el acceso a servicios. Una gestión territorial ordenada, que evite la expansión de barrios marginados –como ejemplo, el operativo de desalojo ejecutado en Mata Mosquito, en Friusa, bávaro, por Migración–, puede dificultar la instalación de comunidades ilegales. Asimismo, tienen la obligación de trabajar de la mano con Interior y Policía para reforzar la vigilancia comunitaria y la seguridad en las zonas fronterizas y periféricas.
La migración ilegal haitiana no es solo un tema fronterizo, es una cuestión nacional que requiere respuestas en todos los niveles del Estado. Por eso es sumamente importante el papel de los involucrados en este acuerdo, ya que los cabildos no pueden permanecer al margen. Su cercanía con las comunidades y su capacidad de gestión territorial los convierten en aliados estratégicos en la defensa del orden, la legalidad y la soberanía nacional.
Este acuerdo, más que simbólico, debe traducirse en acciones concretas y sostenidas. La colaboración interinstitucional es el único camino para enfrentar con eficacia este fenómeno y garantizar la paz social y el respeto a la ley en cada rincón del país.
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