Desde antes de su reelección, el presidente Luis Abinader tenía en carpeta un paquete de reformas que, desde la misma campaña, fue socializando con la ciudadanía en sus aspectos generales. El tiempo de un segundo período anticipaba la gestión de estas iniciativas que se empezaron a concretizar a partir de la reforma constitucional, la primera que sometió el mandatario al Congreso Nacional, a tres días de su juramentación. En manos del Senado se trabaja en esta nueva reforma a la Constitución, que consiste en cuatro puntos debatidos a todos los niveles.
Uno de los puntos de mayor confrontación con los representantes en el Congreso del Partido Revolucionario Moderno, se alcanzó ayer un acuerdo de consenso: no se eliminarán 53 diputaciones, sino 20. Es probable que este fuera el punto intermedio entre lo que aspiraba el presidente Abinader y sus compañeros de partido, para que el proyecto pudiera seguir avanzando en otras instancias, antes de que sea sometido a la Asamblea Nacional Revisora. El espíritu del mandatario es poder pasar los aspectos de gran calado, y está consciente que para ello tendrá que maniobrar y negociar con sus subalternos.
El pasado lunes en «LA Semanal con la Prensa», Abinader encabezó la presentación de propuestas de reestructuración y racionalización de la administración pública. Racionalizar el gasto es una tarea imperiosa en el sector público. El índice de endeudamiento, el barril sin fondo en que ha devenido la política de subsidios del Gobierno, obliga a seguir apretando la tuerca para frenar el sangrado de una herida casi incurable. El presidente fue optimista cuando cifró en 25,000 mil millones el monto que se ahorraría el Estado con la eliminación y las fusiones de instituciones importantes en la burocracia gubernamental.
Todo esto sin que la ciudadanía conozca el inminente proyecto de reforma tributaria, que vendría a complementar el de la reestructuración y racionalización de la administración pública. Incrementar los ingresos es una necesidad impostergable. En ruta hacia otros cuatro años en los que se supone deberá cimentar su legado como estadista –el político ya está confirmado–, Luis Abinader quiere cerrar este 2024 en una posición que le permita administrar desde Palacio la etapa que inicia en enero próximo.
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