El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) rechazó la reforma Constitucional propuesta por el Poder Ejecutivo, por considerarla extemporánea y por considerar que la misma representa un peligro de entregar el control absoluto de los órganos constitucionales al sector político hegemónico de turno.
El presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, aseguró que se pretende usar la sombrilla de la anhelada independencia del Ministerio Público como punta de lanza para pasar una contra reforma constitucional que persigue reducir de un 50 a un 40% el porcentaje de votos para ganar las elecciones presidenciales en una primera vuelta.
Surun Hernández advirtió con la reducción del porcentaje para ganar la primera magistratura de la nación se variarán las reglas de juego en la elección a nivel presidencial, mediante una maniobra cuestionable que atenta contra la institucionalidad democrática y la paz social en favor de las aspiraciones reeleccionistas del presidente Luis Abinader.
El jurista lamentó que lejos de reforzar la independencia de la Justicia, la pieza profundiza su dependencia, destruyendo cualquier resquicio de seguridad jurídica, llegando hasta el extremo de otorgar al Consejo Nacional de la Magistratura la facultad de destituir Jueces de las Altas Cortes, con lo que se elimina la inamovilidad judicial.
“Con este cambio se pretende pulverizar la independencia de los jueces, pues qué juez dictará sentencia contra quien puede destituirlo según su voluntad, sobre todo si tomamos en cuenta que el actual Presidente cuenta con 5 de los 7 votos de dicho órgano”, indicó el gremialista.
Surun Hernández criticó el artículo transitorio vigésimo quinto, se otorga la facultad al actual Presidente, de nombrar al Procurador General de la República, por un período de 6 años, más allá del 2024, fecha en que culmina su mandato.
El presidente del gremio que agrupa a los togados sostuvo que el establecimiento de un sistema de designación de Jueces de la Suprema Corte de Justicia consagra una suerte de sustitución aleatoria, que pondría en grave riesgo la estabilidad jurisprudencial del país, profundizará el sistema de nombramiento de políticos con militancia encubierta en ese poder del Estado y no de jueces de carrera.
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