A propósito que el tema del momento es el operativo Falcón que vincula a legisladores, y demás, con actos de lavado de dinero y narcotráfico, el país se ha volcado a criticar el papel de los partidos políticos que en los procesos electorales no procuran llevar candidatos probos, más bien, personas solventes que no presenten inconvenientes mayores para la organización y se financien su campaña.
La vinculación del narcotráfico y la política no es un tema reciente en el debate político internacional. En América Latina hay sobrados ejemplos. En Colombia hubo al menos tres momentos en los cuales el narcotráfico intentó controlar o influir en la política, según lo destaca el politólogo Alejo Vargas Velázquez.
Sostiene Velásquez que “en un comienzo, se dio mediante la elección de algunos de los jefes de los carteles como representantes políticos: Pablo Escobar, el jefe del Cartel de Medellín, fue elegido a comienzos de los 80 como representante suplente a la Cámara de Representantes, y Carlos Lehder, también del Cartel de Medellín, fue elegido diputado a la Asamblea del Quindío. En los 90, se difundió la financiación del Cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper, junto con una serie de congresistas elegidos en ese momento”.
De igual manera ha sucedido en otros países, como Guatemala. La periodista guatemalteca, Julie López, especializada en crimen organizado, ha revelado que “pocos imaginaban que en Guatemala, en 2019 tantos candidatos o funcionarios estarían vinculados al narcotráfico. Sin embargo, el nexo crimen organizado/política, cumple al menos medio siglo”.
En el país, la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece solamente límites de gastos, en el caso de los procesos internos, no así, en las campañas electorales, lo que de alguna manera limita a la Junta Central Electoral con relación al control de recursos no estatales.
Franklin Rodríguez, senador de la Fuerza del Pueblo por San Cristóbal, recomendó recientemente que se contemple en posible modificación a la Ley Electoral, que el sector privado no financie partidos y candidatos como una forma de reducir al máximo el clientelismo.
En esta ocasión y a propósito de la evaluación que hace la comisión designada por la Junta Central Electoral para someter posibles modificaciones a las normativas electoral y de partidos, ojalá que se tomen en cuenta esta inaceptable relación entre política y narcotráfico, cada vez más latente en el país y que no es exclusivo de un partido, como nos demuestra la historia reciente.
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