Atrás quedó la época en que los políticos influyentes –con posibilidades de llegar al poder– tenían la protección económica de acaudalados empresarios, que se ocupaban de cubrir sus necesidades simples y complejas para garantizar la viabilidad democrática y un orden que no pusiera en riesgo sus capitales.
El mecenazgo no era del todo inicuo porque en el fondo constituía un aporte socialmente responsable a la preservación de las instituciones, aunque, a decir verdad, también redituaba y facilitaba el crecimiento exponencial de riquezas particulares.
Esa relación –que permitió florecer profundas amistades, casi hermandades, entre empresarios y políticos– terminó cuando estos últimos descubrieron que podían emanciparse a través de una corporativización del ejercicio político.
Fue entonces cuando –desde el poder– antiguos militantes sudorosos se convirtieron en una clase perfumada armando negocios con la permisología, la aprobación de leyes, resoluciones, ordenanzas, circulares y empresas de carpeta para suplir bienes y servicios, construir, traficar y especular a la sombra del Estado.
De esa manera, los ex mecenas y los políticos pasaron a ser competidores, a batallar por el pastel de las utilidades, con mayores ventajas para quienes, con la bandera de un partido como telón de fondo, se convertían en accionistas de grandes negocios sin poner un centavo.
Vencidos, domeñados y, para no perderlo todo, algunos empresarios formaron sociedades con ciertos políticos, construyendo unos engendros en los que se hace porosa la frontera entre la gobernabilidad corporativa y el hurto al erario con todas sus modalidades de peculado.
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