La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), demandó de mayor presupuesto e independencia para el sector justicia, tras asegurar que la falta de recursos e independencia real, siguen siendo, entre otras dificultades, el Talón de Aquiles de la administración de justicia, en consecuencia, con la imposibilidad material de cumplir con las exigencias legales y reivindicativas del sistema judicial.
Justicia y Transparencia lamentó que al 2020, pese a todos los retos y las altas responsabilidades institucionales que tiene el Poder Judicial, a este se le siga considerando como la cenicienta, el más débil y vulnerable de todos los poderes formales y constitucionales del Estado, esto así fundamentalmente, por los males estructurales que suponen su sumisión presupuestaria y la escasa independencia de que goza en su accionar operativo y administrativo.
En un balance presentado por la fundación, sobre las ejecutorias y desempeño del Poder Judicial durante todo el año 2019, la entidad cívica resaltó como aspectos negativos de la justicia dominicana, la creciente percepción de descrédito y baja valoración, la falta de tribunales y personal administrativo, la necesidad de una ley que castigue y persiga la prevaricación, un presupuesto deficiente, la mora judicial aun presente en todos los estamentos judiciales, con retrasos promedios de hasta 10 años, afectando la seguridad jurídica y hasta la propia democracia, poniendo de paso en cuestionamiento el estado de derecho, además de conculcar el derecho fundamental del acceso a la justicia.
Asimismo, Trajano Potentini presidente de Justicia y Transparencia, calificó como preocupante, el que año tras año, persistan en la administración de justicia los mismos problemas, encontrándonos en una especie de circulo vicioso, con avances solamente virtuales y retóricos, los cuales solo retratan proyecciones y deseos, muy lejos de concretarse.
El diagnóstico de la fundación, aun cuando concluye en que la justicia dominicana, va de mal en peor, no obstante, reconoce como elemento positivo, la renovación en el 2019, de la actual Suprema Corte de Justicia, inyectando sangre nueva, y en particular la capacidad gerencial y vinculación con el sistema judicial, del presidente del Poder Judicial, Luis Henri Molina, de quien se advierten grandes esfuerzos y acciones orientadas a mejorar la administración de justicia, iniciativas destinadas al fracaso, sino se cuenta, en definitiva con la logística y recursos para afrontar las reformas.
Reforma de los códigos napoleónicos aún vigentes en el país, y urgencia en particular de un nuevo Código Penal
Asimismo, Trajano Potentini presidente de Justicia y Transparencia, observó que la justicia, es el poder del estado con mayores retos legales, y consecuentemente institucionales, todo ello de cara a las exigencias constitucionales y a la ambiciosa reforma judicial en curso, con la constitución y el urgente cambio de los antiquísimos códigos napoleónicos (código penal, civil, procesal civil y de comercio), aprobados en 1884, ósea con una vigencia de más de 135 códigos.
Se recuerda que desde el final de la década de los 90, el Poder Ejecutivo por decreto constituyó comisiones para la adecuación y cambios de los códigos, pese a que descansan en el congreso por 20 años los proyectos de reforma, solo se ha logrado aprobar el Código Procesal Penal, quedando, sobre todo, desfasado el sistema de persecución penal, por la falta de un nuevo código penal acorde con los nuevos tiempos.
La FJT sostuvo que un nuevo código penal vendría a suplir una renovada visión y enfoque de la clasificación de las infracciones, “actualizando la existente aun de factura francesa, que se sustenta en el viejo ordenamiento de juzgamiento criminal. Explicaron que el Código Penal, varía sustancialmente el régimen de las penas y con ello algunos de los elementos bases del procesal penal.
Con este balance reiteramos la necesidad del nuevo Código Penal, en la urgencia de armonizar y actualizar los instrumentos de política criminal, “en razón de los nuevos tipos penales, aun sin previsión legal en nuestra legislación, tales como el sicariato, el feminicidio, el autor intelectual, el necesario cumulo de penas, entre otros delitos y situaciones que este código viene a solucionar”.
Citó que el Código Penal, no solamente es aborto, también es libertad de expresión, difamación e injuria, peculado, delitos electrónicos y de alta tecnología, “entre otras tantas infracciones, las cuales necesitan ser actualizadas a la realidad social imperante, traduciéndose todos estos escollos e incongruencias en una sostenida y creciente impunidad.
La FJT entiende, que, si no se dota al Poder Judicial de los recursos necesarios para asumir los nuevos retos de las reformas concretadas y en curso, tendremos entonces cada vez menos seguridad jurídica, y un poder del estado sin capacidad para cumplir su rol y funciones, en detrimento incluso de la gobernabilidad democrática y paz social.
Asimismo, Justicia y Transparencia pidió a los jueces aplicar mano dura en contra de la delincuencia y del crimen organizado, al tiempo de lamentar la percepción que en la actualidad persiste sobre una justicia venal y deficiente, aun cuando se advierten esfuerzos importantes, aunque no suficientes del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, para mejorar los niveles de credibilidad de ese importante poder del estado.
La entidad de sociedad civil planteó la necesidad de crear una ley que penalice y castigue la prevaricación judicial contemplando en detalles el procedimiento y competencia acorde con la constitución para el juzgamiento de los jueces por falta en el ejercicio de sus funciones. De ahí que la FJT, entiende que el combate a la corrupción judicial debe ir acompañado de un sistema de consecuencias y disuasivo real, para que los jueces actúen apegados a criterios éticos y morales a la hora de administrar justicia.
Citan como una inconstitucionalidad por omisión y desconocimiento al estado de derecho la falta de tribunales contenciosos administrativos de primera instancia.
El jurista explicó, que es al Poder Judicial a quien le corresponde establecer los nuevos tribunales contenciosos administrativos de primera instancia, todo ello por mandato de la constitución, lo que evidentemente supone disponibilidad presupuestaria, lo mismo ocurre con otras jurisdicciones para hacer frente a la desbordante carga procesal.
Potentini deploró y reitero como un escollo de la administración de justicia la falta de implementación de los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia, en cumplimiento del artículo 164 de la constitución, y de paso la inercia, inoperancia, y lentitud del Tribunal Superior Administrativo en el desempeño de sus labores jurisdiccionales.
Justicia y Transparencia, advirtió que la falta de estos tribunales, deviene en una doble inconstitucionalidad, al no ponerlos en funcionamiento, pese a una disposición constitucional y con ello robarles a los ciudadanos la posibilidad del doble grado de jurisdicción o doble instancia como uno de los principios cardinales del derecho, además del desconocimiento de los elementos base del estado de derecho.
FJT reitera propuesta de un mecanismo de autogestión financiera y presupuestal, para dotar al Poder Judicial y Ministerio Público de más recursos.
De acuerdo con la FJT, el mecanismo a implementar guardaría mucha similitud con el actual modelo de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Internos, cuyas dependencias gubernamentales, tienen especializado por sus respectivas leyes, un 4 por ciento de sus recaudaciones, para el caso de adunas y un 2 por ciento también de sus recaudaciones, para la Dirección General de Impuestos Internos.
En suma, estaríamos hablando de conformidad con las recaudaciones de aduanas e impuestos internos, con valores que sobrepasaron, durante el año 2019, los 100 mil millones y más de 400 mil millones respectivamente, en suma estaríamos hablando de más de 4 mil millones para adunas y asimismo sobrepasando los ocho mil millones para impuestos internos, todo esto sin mediar, ni depender del esquema ordinario de asignación de recursos por ley, como ocurre con las demás instituciones sujetas a las posibilidades y prioridades del ejecutivo.
Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia explicó que no se trata de una reforma fiscal o cargar al pueblo de más impuestos, más bien el mecanismo planteado busca redistribuir los recursos gestionados por el Poder Judicial; tales como los impuestos producto de la jurisdicción inmobiliaria, (Transferencia de propiedades e inscripción hipotecaria, entre otros, en fin se trata de una dependencia del Poder Judicial, que bien serviría como parámetro para establecer los por cientos necesarios para garantizar la operatividad de la justicia.
La entidad de sociedad civil manifestó su temor de que estos importantes estamentos de administración de justicia y persecución de la delincuencia y el crimen organizado, caigan en una eventual quiebra por la falta de recursos y la imposibilidad material de cumplir con las exigencias legales y reivindicativas del sistema judicial.
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