El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, calificó este martes como una señal positiva la disminución del salario de los actuales jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), en consonancia con su ley orgánica y el propio espíritu de la constitución, al equilibrar en un plano de igualdad jerárquica, tanto a los miembros del TSE, como a los de la Junta Central Electoral.
No obstante, Pontetini dijo esperar que ojalá no se trate de una medida de corte populista y mediática, con la esperanza de que la referida disminución sea manejada con transparencia y concretada en la realidad; además de hacer extensiva esa disposición al respeto de la institucionalidad, observando la ley de función pública y sin cancelaciones masivas como se ha denunciado.
ALa entidad cívica entiende que la acción del Tribunal Superior Electoral retrata y evidencia un desorden y discrecionalidad del manejo de los fondos públicos, por parte fundamentalmente de los órganos autónomos del estado y de los incumbentes de ministerios y direcciones generales, además del incumplimiento olímpico e irrespeto a la ley general de salarios #105-13, la cual aún se mantiene trunca en su operatividad por la falta de los reglamentos de aplicación.
Pide aplicar ley general de salario a todos los altos órganos constitucionales.
Para la FJT es un imperativo la aplicación de la ley general de salario y con ello salir de la vergüenza que supone que, en una nación pobre, como la República Dominicana existan funcionarios que perciban sueldos superiores a los de cualquier presidente de Europa o Estados Unidos o de cualquier científico de la Nasa, tales como el Gobernador del Banco Central, los titulares de las Súper-Intendencias, el Director de Indotel, los miembros de Altas Cortes y de otros órganos constitucionales, con la agravante de que también se manejan al margen de la ley de Seguridad Social.
También la FJT citó como otra evidencia del tema salarial y discrecionalidad de los funcionarios, el reciente escándalo escenificado en la cancillería con una nómina de asesores, sin que se conozca la competencia, trabajo o especialidad de los mismo, salvo su filiación política de matrícula perredista, esto sumado a la decena de consejos de administración de las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado, los cuales constituyen una pesada carga para el erario, con exorbitantes salarios y beneficios marginales.
En la actualidad más de 50 instituciones estatales tienen consejos de administración cuyos miembros trabajan si acaso unas 6 u 8 horas al mes, cobrando salarios hasta de más de $600,000 mensuales, todo esto fuera de otros renglones y beneficios, tales como dietas, gastos de representación, seguro médico y de vida, tarjetas de crédito, asignación de vehículos, choferes, seguridad y combustibles.
Trajano Potentini demandó del Ministerio de Administración Pública (MAP), el disponer de los reglamentos necesarios para aplicar la ley de salario, estableciendo un marco uniforme para todas las instituciones públicas, independientemente de que sean autónomas o descentralizadas; convirtiéndose además en un guardián de la constitución de la república, cuando dispone en su artículo 140:
«Regulación incremento remuneraciones. Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley. Disposición que es violada reiteradamente por los ayuntamientos».
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