La vicepresidencia de la República y la Misión Internacional de Justicia (IJM), desarrollarán un plan para la formación e inserción laboral de adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, quienes, a la vez, recibirán apoyo terapéutico y acompañamiento legal en caso que lo requieran.
Asimismo, serán incluidos junto a sus familias en los programas de protección social que desarrolla el Gobierno a través del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), con la verificación previa de que califican para participar en esta iniciativa socio-educativa.
A raíz de un acuerdo firmado entre la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, doctora Margarita Cedeño, y el director nacional de IJM, Fernando Rodríguez Jr., los adolescentes podrán adquirir habilidades y conocimientos que les permitan generar ingresos y progresar en sus comunidades de manera sostenible.
Rodríguez dijo estar convencido de que gracias al acuerdo una gran cantidad de adolescentes y sus familias podrán gozar su derecho a una vida digna y libre de la explotación y otras formas de violencia con la esperanza de un futuro seguro y duradero.
“Quedamos a la orden para concretizar e implementar los proyectos de colaboración que nos permitirán brindar servicios a víctimas de la explotación sexual comercial de una manera coordinada y efectiva para lograr la restauración de estas vidas preciosas”, indicó.
La medida beneficiará a 31 comunidades que han registrado la mayor cantidad de casos de explotación sexual comercial, y calificadas como prioritarias, entre ellas, Sabana de la Mar, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Juan Dolio, Boca Chica y Guayacanes. Asimismo, en San Cristóbal, Barahona, El Limón, Los Cacaos de Samaná, Santiago y Puerto Plata.
También en Las Américas (Ciudad Juan Bosch), Brisas del Este, Guerra, Ensanche Capotillo, Zona Colonial, Los Guandules, Villa Mella, Guaricanos, Sabana Perdida, Los Alcarrizos y La Ciénaga. La capacitación se ofrecerá a través de los Centros de Capacitación y Producción Progresando (CCPP) y los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) diseminados en todo el país.
En la firma participaron además, la directora general de Prosoli, Altagracia Suriel; y el director de los CTC, Claudio Doñé, quien indicó que con la medida se está dando un paso de compromiso en favor de las víctimas.
“Ese es el compromiso de los que queremos servir en este país, junto a la Vicepresidenta, a defender a los que no tienen posibilidad de que alguien les defienda”, destacó Doñé.
Asimismo, el acuerdo establece que ambas instituciones promoverán de manera conjunta mensajes de prevención y de atención a víctimas de violencia y trata de personas a través de las emisoras de los CTC. De igual manera, involucrar y promover a través del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), la creación de una red de facilitadores que maneje el modelo de intervención, acompañados del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Vicepresidencia de la República.
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