Tribunal Superior Administrativo conoce hoy recurso de empresas contra transporte de carga

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) decide hoy el futuro del transporte terrestre de carga y de pasajeros. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y 90 empresas y asociaciones dominicanas defenderán el recurso de amparo que tiene como fin último liberalizar el sector del transporte en el país a través de la garantía de las libertades de empresa, contratación, competencia y tránsito.

Transcurridas cinco audiencias en un proceso que se ha extendido por 3 meses, sin contar un mes desde que se puso en mora al Estado de cumplir las disposiciones legales y administrativas supuestamente incumplidas, el Poder Judicial tiene la oportunidad de demostrar su ecuanimidad e imperturbabilidad sin apriorismos ideológicos ante uno de los mayores procesos constitucionales que ha vivido nuestra nación.

En concreto, las organizaciones demandan:

1. El cumplimiento de la Ley 578 de 1965, que prohíbe el establecimiento de monopolios en provecho de particulares en los trabajos de carga o descarga de naves en los muelles y puertos del país;
2. El cumplimiento de la Ley 290 de 1966, que faculta al Ministerio de Industria y Comercio para vigilar el cumplimiento de las normas que garantizan la libre competencia en todos los sectores económicos;
3. El cumplimiento del Decreto 104-91, que encarga al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional proteger las personas físicas o morales que desean transportar mercancías de un lugar a otro del país así como retirar o depositar mercancías en las aduanas y puertos del país, haciendo uso de vehículos de su propiedad o de particulares;
4. El cumplimiento de la Ley 247 de 2012, que obliga al Ministerio de Interior y Policía velar porque la Policía Nacional cumpla con sus deberes a cargo;
5. El cumplimiento del Decreto No. 489-87 de 1987, que faculta a la Oficina Técnica de Transporte Terrestre a tomar todas las medidas necesarias para la organización y control del transporte terrestre de pasajeros;
6. El cumplimiento de la Ley 84 de 1979, que modifica la Ley 341 de 1969 y que faculta al Ministerio de Turismo a autorizar, regular, supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos, especialmente el transporte de turistas.

El desarrollo económico y social de República Dominicana y de las futuras generaciones de sus ciudadanos solo se podrá realizar si el Estado de Derecho garantiza las libertades individuales y colectivas. Es en esta línea donde el recurso de amparo busca su efectividad y persigue el desmonte de una situación de abuso de posición dominante en el transporte que se ha perpetuado por 50 años.Es por ello que la libertad en este sector no será posible hasta que el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional adopten las medidas de protección que sean necesarias para que cualquier empresa pueda depositar y retirar sus mercancías de los distintos muelles y puertos del país.

Al igual que el Estado y que toda la sociedad, consumidores y empresarios aspiran a una sociedad organizada, pacífica, plural y tolerante. Una sociedad que brinde a sus miembros la posibilidad de desarrollo real, libre de coacción, violencia o temor. Para alcanzar estas cotas de desarrollo social armónico que nuestra sociedad se merece, la injerencia del Estado en su papel de ejecutor de la legalidad es fundamental para salvaguardar el orden jurídico y hacer cumplir las leyes.