Los diputados acaban de aprobar una ley que tiene como objetivo final crear un Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre como organismo rector de la movilidad urbana en el país.
Tendrá que pasar algún tiempo hasta que este mecanismo sea depurado y llevado a ser realidad con la participación en discusiones de todos los sectores involucrados porque hasta el momento no siento que el tema sea de dominio público.
Existen por el momento una decena de oficinas y organismos que se encargan de organizar y administrar el confuso sistema de tránsito vehicular siendo los resultados caóticos.
De tener un final real esta Ley que en su momento irá al Senado tiene que ser consensuada de tal manera que no vaya a crearse otro instrumento burocrático más como la entidad que el diputado Tobías Crespo propone para que rija el tránsito nacional.
Con todas las instituciones que existen que de alguna manera intervienen en lo que se supone es la organización y administración del tránsito ningunas dan pie con bola, siendo los ciudadanos los que pagan las consecuencias.
En cuanto al transporte colectivo que han tratado de poner en funcionamiento los gobiernos desde las “guaguas banderitas” hasta el sofisticado Metro de Santo Domingo, no existe una solución clara al problema.
Los empresarios privados del transporte público que se iniciaron como sindicalistas y que el Estado ha ayudado a enriquecer son los dueños de las calles, ellos ponen y disponen ante amenazas oficiales que no se cumplen.
Los órganos del Estado capaces de poner orden al caos que existe en el tránsito o terminan haciéndose de lado o sencillamente se alían a los que promueven la situación actual en las vías públicas.
Mientras tanto las chatarras invaden nuestras ciudades imponiendo el método que sus dueños entienden que deben aplicar a los usuarios que cada día se ven más empobrecidos por falta de responsabilidad de las autoridades competentes.
No creo que el Instituto que ya pasó primera lectura entre los diputados y que tiene el propósito de agrupar todas las oficinas que ahora deben organizar el caos vehicular, ni los que existen ahora estén en capacidad de poner orden en el área puedan hacerlo si no se aplica un régimen de consecuencias para los violadores del sistema.
No es cuestión de crear cosas nuevas para sustentar nóminas si la ley de tránsito que existe ahora se cumpliera la situación fuera diferente.
Imagínense que los principales violadores de muchas de las reglas que tenemos ahora en el tránsito son funcionarios, policías, militares y todo aquel que bajo las creencias de tener protección estatal pretenden no ser sancionados. Así no habrá Instituto ni Ley que tengan validez en medio del desorden vehicular que nos azota.
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