Estoy seguro que ante esta columna la salida más genial de algunos colegios privados será la siguiente: “Si usted quiere busque otra opción”. Claro, lo harán porque sus gestores saben bien que la clase media está, en términos de servicios de educación, en el foso de los leones.
¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que, bajo la práctica oliogopólica de los centros educativos bilingües, sin que ninguna autoridad tenga la valentía de aplicar regulaciones de mercado, las tarifas son relativamente iguales.
Al calcular el incremento promedio efectivo para 2015 de los precios de la matrícula en colegios con certificación americana, el resultado es un “portentoso 11%”. Las comillas tienen su explicación en datos concretos que a continuación comparto con mis lectores.
La inflación interanual, publicada por el Banco Central para 2014, es la más baja de los últimos años: 1.58%. La devaluación de la moneda nacional, de acuerdo con la institución rectora de la política monetaria, fue de 3.66%. Al cobrar en dólares, estos colegios se indexan automáticamente ante la variación del índice de precio interno.
Es importante tomar en cuenta, además, que al corte de noviembre del pasado año la inflación de Estados Unidos ascendía a 1,3%. Supongo que nuestros centros privados de enseãnza no vieron –porque no es de su interés- niguno de estos indicadores a la hora de golpear nuestros bolsillos con su incremento a todas luces abusisivo.
Otra opción justificadora podrían ser las supuestas inversiones durante el año. El problema es que, en mi caso particular, esto no es visible ni comprobable. Las estrecheces en infraestructura resaltan a la vista y tratar de decir lo contrario equivaldría a tomarnos como tontos útiles o conejillos de Indias.
Apuesto a que los cuerpos docente –y lanzo un desafío público a los colegios bilingues a que rebatan mi argumento- no recibieron un incremento salarial equivalente al grosero aumento tarifario que debemos pagar los padres. El fin, espurio y atropellante, es simplemente engrosar capital y patrimonio por la vía de la expoliación, aprovechando las debilidades del Estado para garantizar un derecho constitucional que nos concierne a todos: el derecho a la educación.
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