La Cámara de Cuentas informó que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) no pudo entregar los soportes justificativos del gasto de más de 1,200 millones de pesos que recibió y utilizó entre el 2009 y el 2012.
El organismo establece que por esa razón los auditores se abstuvieron de emitir una apreciación debido a que no lograron obtener evidencia suficiente y apropiada para opinar sobre los ingresos y desembolsos realizados por el PRD desde el 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2012.
El informe de auditoría reveló que el PRD tuvo ingresos de más de mil 247 millones de pesos en esos cuatro años y egresos por mil 213, pero que dicho partido no pudo suministrar las documentaciones, soportes físicos y originales, por lo que no se pudo auditar el uso de esas partidas.
En una carta enviada el 14 de agosto del 2014 a la Cámara de Cuentas, el presidente del PRD, Miguel Vargas, informó que esos documentos se perdieron durante el asalto de que fue objeto la Casa Nacional del partido blanco el 27 de enero del 2013.
“Con relación a los comprobantes de ingresos y egresos, los mismos no se han podido suministrar debido a que el 27 de enero del 2013 la Casa Nacional del partido fue asaltada por grupos políticos desaprensivos destruyendo mobiliarios, equipos y documentos de los archivos de las áreas de organización, electoral y de las oficinas administrativas y financieras, donde reposaban los documentos de ingresos y egresos de las operaciones del partido”, establece la comunicación.
Los auditores procedieron a realizar una investigación especial en la que se pudieron evidenciar algunos ingresos y egresos como la inversión de 349 millones de pesos en propaganda y publicidad; 129 millones en mítines, desfiles y otros eventos y 209 millones en gastos administrativos en cuatro años.
La Cámara de Cuentas recomendó al presidente del PRD instaurar un protocolo de resguardo, seguridad y monitoreo para las informaciones financieras, económicas y administrativas de la entidad, tanto a las documentaciones físicas como electrónicas, a fin de evitar en el futuro pérdidas de documentos contentivos del manejo de los recursos públicos.
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