El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo anoche a los medios de comunicación que dos fiscales adjuntos están participando, conjuntamente con el director de Inteligencia Policial y de Asuntos Internos, en la investigación de un caso en la Dirección Central Antinarcóticos (Dican), cuyas características aún no están claras, pero que ya provocó la suspensión temporal en funciones de su director, el coronel Carlos Fernández Valerio, y el arresto de varios oficiales adscritos a ese organismo.
Conforme explicó el Procurador, la integración de los fiscales se produjo en respuesta inmediata a un pedido de intervención hecho hace cinco días por el jefe policial ante el caso que envuelve a oficiales de la Dican. Los fiscales incorporados a la investigación son Iván Lorenzo y José Alberto Jiménez.
Según se conoció ayer, las funciones del coronel Fernández Valerio serán desempeñadas temporalmente, hasta que concluya la investigación, por el coronel Francisco Bloise Olmeda.
Al parecer, según se desprende de unas declaraciones emitidas ayer por la jefatura de la Policía, que en ningún momento establece de qué se trata, en el seno del organismo antinarcóticos habrían ocurrido infracciones a las normas de la institución. “Ciertamente, hay una investigación en proceso”, indica una nota de la Policía, aunque negó que, como parte de la pesquisa, el coronel Carlos Fernández Valerio, director de la Dican, esté bajo arresto.
“Varios oficiales de la Dicam están arrestados y son investigados, en un proceso que inició a requerimiento del citado coronel”, según indica una declaración del cuerpo de orden público.
Agrega que al percatarse de la situación, el jefe policial dispuso ampliar las investigaciones y formó una comisión integrada por los directores de Inteligencia y de Asuntos Internos, “con la intención de transparentar la investigación se designó un director interino al frente de la Dican hasta tanto concluya la misma”.
Un periódico de circulación nacional publicó en su edición de ayer que un coronel y varios oficiales de la Policía estaban bajo arresto e investigación por una junta de generales y organismos de inteligencia del gobierno, por sospechas de cometer irregularidades y la desaparición de drogas por un valor de 50 millones de pesos.
También dijo el citado peridico que la jefatura de la Policía “baraja la posibilidad de desmantelar el Dican, ante el escándalo descubierto, donde hay pérdidas de drogas, dinero, y se dice que oficiales extorsionaban a traficantes en los barrios del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y ciudades del país”.
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