La Procuraduría General de la República iniciará esta semana un plan piloto en la cárcel del 15 de Azua, para bloquear las señales telefónicas móviles en ese recinto carcelario, para impedir que desde allí se cometan hechos criminales.
Así lo informó el procurador Francisco Domínguez Brito, quien se abstuvo a mencionar el costo de los aparatos para bloquear las señales telefónicas.
El jefe del Ministerio Publico dijo que en la medida en que haya fondos se irán instalando los bloqueadores en cada cárcel del país, porque no hay dinero para hacerlo todo junto.
Domínguez Brito manifestó que con el bloqueo se busca que los reos no utilicen los teléfonos para actos criminales, sicariato y otros hechos delictivos.
Explicó que las llamadas solo se podrían hacer desde cabinas telefónicas supervisadas, para lo cual se fijarán los días, horas y tiempo en que los reclusos podrán comunicarse.
El procurador valoró que el Congreso Nacional apruebe por ley, el bloqueo a las señales telefónicas móviles en los centros penitenciarios del país.
De su lado, el director y coordinador del Modelo de Gestión Penitenciaria y de la Escuela Nacional Penitenciaria (Enap), Ysmael Paniagua Guerrero, favoreció la colocación de bloqueadores de celulares en las cárceles del modelo tradicional y del nuevo, ya que permitiría reducir la criminalidad y la delincuencia que se gesta desde esos centros.
Paniagua afirmó que con los bloqueadores no se podrán organizar secuestros, extorsiones e instruir homicidios y asesinatos desde la prisión, tras señalar que frenaría el sicariato y el narcotráfico y todo tipo de crimen organizado.
Se recuerda que el 12 de setiembre del 2011, el ex procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, había anunciado una serie de medidas para controlar el uso de celulares en las diferentes cárceles del país, entre ellas perros amaestrados importados de Estados Unidos, inhibidores de señal para esos aparatos y de internet y la incautación de parábolas.
La pieza es de la autoría del peledeísta Juan Julio Campos, de la provincia La Altagracia, quien subrayó que muchas estafas las cometen personas desde los diferentes centros penitenciarios del país, a través de teléfonos celulares.
El artículo 1 del proyecto establece que tiene por objeto prohibir a los internos o presos el uso de todo tipo de aparato de telecomunicaciones, como teléfonos celulares o accesorios para comunicación como chips, tarjetas telefónicas u otros objetos, y establece el bloqueo de señales de telefonía móvil en los centros penitenciarios de la República Dominicana.
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