La Convergencia Nacional de Abogados (CONA) se opone a que la población sea despojada de armas de fuego, como se anunciara recientemente, en virtud de un pretendido Plan Nacional de Desarme a la población civil.
Los abogados expusieron que de materializarse el desarme de la población como se ha propuesto, a cuyos fines se inició un ciclo de talleres, se estaría colocando a los ciudadanos de trabajo en manos de los delincuentes.
CONA afirmó que constituye un absurdo, el hecho de que ante la alegada ineficacia e incompetencia de los órganos garantes de la paz ciudadana, se pretenda desarmar a la población para esté totalmente a merced de la delincuencia.
“En virtud de que el referido plan sería eventualmente ejecutado por la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional, nos gustaría que el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito y el Jefe de la Policía Nacional, Manuel Castro Castillo, le dijeran a la población quién desarmará a los delincuentes comunes que han tomado al país de rehén”, se preguntó el presidente de CONA Yuniol Ramírez Ferreras.
“Pero dichos funcionarios deben decirnos también, cómo pretenden controlar a los policías delincuentes que constantemente y en nombre de la Ley incurren en crímenes y delitos, a esos no hay forma alguna de desarmarlos ni de controlarlos, ya que tienen licencia para asaltar y matar”, dijo el presidente de CONA.
“Desarmar a la población civil sería dejar totalmente desprotegida a la ciudadanía, dado que el tráfico de armas por parte de los delincuentes vía la frontera es incontrolable, y que en cada asalto perpetrado participa en el mejor de los casos un agente policial”, afirmó Ramírez.
La entidad expresó que planes como el concebido para ejecutar en el país sólo funciona en países donde las instituciones garantes de la seguridad ciudadana funcionan, y donde las mismas no están permeadas por la delincuencia común.
“En países como el nuestro en el cual la mayoría de las muertes por armas de fuego ocurren fruto de delincuencia común, no se puede permitir en modo alguno el desarme indiscriminado de la población civil; si se retiran armas de las calles, serán las armas de los hombres y mujeres de trabajo, ya que los delincuentes, cuando no son miembros de la Policía Nacional, tienen la protección de algunos de sus miembros o se las ingenian para traficar o fabricar las armas que utilizan para cometer crímenes y delitos”, adujo CONA.
Comentarios