Una jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo ordenó este martes el arresto de 25 implicados en el caso de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (Dican), incluyendo al ex titular de ese organismo, coronel Carlos Fernández Valerio.
Además de Fernández Valerio, también se dispuso el arresto de los procuradores fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando, Ramón Augusto Beras Castro, Leonidas Suárez Martínez; así como el coronel Mercedes Altagracia Morla Cuevas, el teniente coronel Félix Humberto López Paulino, teniente coronel Voltaire Batista Matos, teniente coronel Juan Bulus Andújar, el mayor Luciano Gómez Cabrera, mayor Junior Vázquez Báez, así como al primer teniente Bárbaro Torres Beltrán.
También se dictaminó el arresto al sargento mayor Antolín de los Santos Sabala, sargento Pedro José Almánzar González, cabo Agapito muñoz evangelista, raso Raiviris Lironey García Miranda, coronel Guillermo Báez Ubiera, teniente coronel Francisco Valenzuela Valenzuela, mayor Ruddy José Japa Álvarez, capitán Carlos Amézquita Reinoso, primer teniente William Ruddy Rosario Guerrero, mayor Alberto Jiménez Ruiz, capitán Edwin Lapaix, teniente Juanico Belén Mejía, sargento mayor Francisco Pérez Castro, y Santo Emilio Hernández.
El juez tomó la decisión luego de ponderar la solicitud de orden de arresto, hecha por el procurador general adjunto Bolívar Sánchez Veloz, y el procurador general de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de la Provincia Santo Domingo.
Considerando esto que la presente solicitud se inscribe en la investigación llevada a cabo por el representante del Ministerio Público (MP) actuante, según instancia de referencia, en la cual se hace constar la pertinencia de autorización de arresto en contra de los ciudadanos.
Su orden de arresto es “por presuntamente haber sustraído una droga en un allanamiento presuntamente practicado en fecha 27 de septiembre de 2014”, se explicó al disponer la sanción.
La magistrada Wendy Martínez Mejía ordenó al representante del Ministerio Público a presentar a los ciudadanos en un plazo de 48 ante el juez de la instrucción correspondiente, si entiende que debe dictarse otro medida de coerción o en su defecto la puesta en libertad.
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