La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) informó que miles de afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS) están siendo afectados con la negativa de los especialistas en otorrinolaringología de ofrecer los servicios a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), entidades responsables de administrar el riesgo de salud a los usuarios del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
La directora Nélsida Marmolejos manifestó que esta situación contraviene la Constitución de la República y la Ley 87-01, pues “la salud es un servicio fundamental del que no puede prescindirse y hay la obligación de otorgarlo en caso de necesidad”.
Marmolejos señaló que es conocido que en muchos casos se producen cobros excesivos de parte de especialistas, como también se reconoce que en múltiples ocasiones éstos son perjudicados con las acciones de algunas ARS que no sólo hacen uso inadecuado del poder de contratación pagando sumas irrisorias por los servicios sino que, además, les pagan con retraso violando el artículo 171 de la ley 87-01que establece el pago al Prestador a más tardar 10 días después del pago que se hizo a la ARS “y a esto hay que ponerle coto puesto que está afectando el gasto de bolsillo de los afiliados”.
La directora de la institución encargada de orientar, informar y defender a los afiliados del SDSS llamó a la SISALRIL a intervenir para garantizar los servicios de otorrinolaringología a los afiliados como le manda la Ley 87-01 en su artículo 174: “El Estado dominicano es el garante final del adecuado funcionamiento del Seguro Familiar de Salud (SFS) así como de su desarrollo, fortalecimiento, evaluación, readecuación periódica y del reconocimiento del derecho de todos los afiliados” facultad atribuida a la SISALRIL.
“Llamamos a la SISALRIL y al Consejo Nacional de la Seguridad Social a encarar esta situación generada de manera periódica por algunos especialidades médicas hecho que debe ser frenado en lo inmediato, pues no es posible que se permita a sectores afectar el presupuesto familiar de los afiliados al SDSS en desconocimiento de las leyes”.
Marmolejos pidió al superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, reactivar el Comité Nacional de Honorarios Profesionales previsto en el artículo 173 de la Ley 87-01a los fines de regular la contratación de los profesionales, técnicos y administrativos de ese sector.
En ese sentido, manifestó que esta nueva situación que perjudica a los afiliados del SDSS es propicia para transparentar aspectos que hace varios años debieron ser revisados como es por ejemplo el Plan de Servicios de Salud (PDSS) y el Catálogo de Medicamentos.
La DIDA considera que los servicios de salud deben suministrarse de manera integral por ende es contraria a que se realicen negociaciones unilaterales sobre aspectos vinculados con los servicios y las prestaciones que deben recibir los afiliados del SFS como garantiza la Ley 87-01 y llama a la SISALRIL a que haga cumplir el mandato del artículo 61 de la Constitución que garantiza la salud integral a todas las personas.
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