El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados, Luis Abinader, afirmó que el fracaso del modelo de gobierno del presidente Danilo Medina ha engendrado la metástasis ética, moral e institucional y los escándalos y falta de credibilidad en que ha caído la justicia dominicana.
En el marco de una rueda de prensa ofrecida con motivo de celebrarse mañana el Día del Poder Judicial, Abinader consideró que la crisis del sistema judicial, no solo agudiza el estado de inseguridad que afecta a la familia dominicana, sino que también afecta el clima de seguridad jurídica indispensable para fomentar la inversión y acelerar el desarrollo económico y social.
Abinader expuso que la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias se enseñorean hoy como poderosas instituciones, mientras la permisividad frente al delito no es extraña a quienes tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la normativa que paute la convivencia civilizada de los ciudadanos.
A su juicio, el presidente Danilo ha tenido una gran responsabilidad en el descalabro de la Justicia y la institucionalidad, por la decisión de sustentar su repostulación presidencial en una reforma constitucional hecha en base a escandalosas negociaciones, tal como recientemente lo reconoció en un libro de recientemente publicación uno de sus principales colaboradores, el licenciado Antonio Isa Conde.
“En realidad, así como el presidente Medina fracasó en sus políticas sociales y en fomentar un modelo económico que reduzca efectivamente la pobreza y promueva el desarrollo en todos los órdenes, así también asistimos al descalabro de la Justicia como garante de derechos, orden y paz social”, puntualizó Abinader.
Planteó entonces que la solución de la crisis judicial e institucional que padece el país sólo se resolverán con un cambio político, una renovación a fondo del modelo de gobierno para que sea incluyente, solidario y que encare con eficiencia los retos y desafíos que tiene por delante el pueblo dominicano.
Abinader citó que durante la crisis política de 1994, que dio lugar a una reforma constitucional, el Dr. José Francisco Peña Gómez introdujo como un elemento progresista la creación del Consejo Nacional de la Magistratura. Con esta institución se dio inicio a la primera ola de reforma de la Justicia y a su modernización, inicialmente exitosa.
Deploró que en vez de cimentar el avance de la justicia en esa reforma, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han instrumentalizado un retroceso al eliminar los necesarios equilibrios en el sistema y mantener una mayoría mecánica al presidente de la República, conformando unas Altas Cortes con marcada parcialidad y compromiso con los intereses del partido de gobierno, factor de influencia fundamental en la crisis actual.
Existen múltiples ejemplos de esta situación con los escándalos que se sucedieron en el transcurso del pasado año, donde vimos a la Justicia renunciar a su independencia e inclinarse a favor de connotados dirigentes del PLD.
De ahí la pérdida de confianza de la sociedad en el sistema judicial, dado que la impunidad, la comprobada corrupción interna y la falta de independencia eliminan cualquier garantía de seguridad jurídica y con ello atentan contra la institucionalidad democrática del Estado y a su vez contra la existencia de la sociedad misma.
Sostuvo que mientras la Procuraduría General de la República actúa a las órdenes del partido gobernante, niega a la sociedad la tutela de sus derechos reconocidos en la Constitución, como en los casos del drama de las mujeres maltratadas que mueren por falta protección por parte del ministerio público, y la denuncia de diputados del PRM solicitando al Procurador el inicio de investigaciones ante denunciados actos de corrupción en la reciente modificación de la Constitución, frente a lo cual esa Procuraduría ha mantenido oídos sordos, no obstante haber sido esos actos dolosos formalmente reconocidos por un ministro del actual gobierno.
Ante este escenario desolador nuestro compromiso es lograr que renazca la esperanza de que en esta sociedad es posible tener una justicia que tutele por igual los derechos de todos los ciudadanos y que cree un régimen de consecuencias que garantice la correcta administración pública.
Para ello es necesario retomar el proceso de reforma que devuelva al Consejo Nacional de la Magistratura su composición originaria, de forma tal que se garantice la elección de los jueces en razón del interés colectivo, y no de quien gobierne.
Es necesario adecentar y hacer menos costoso el acceso a los servicios judiciales, así como profundizar el sistema de carrera judicial e incrementar el presupuesto, en una reforma integral de las instituciones que inciden en el sector justicia.
Se hace indispensable la despolitización de la función del representante de la sociedad en la Justicia, y para esto planteamos reformar el ministerio público, separando las funciones judiciales de las políticas que les son propias, por lo que asumimos el compromiso de promover una reforma que cree el ministerio de Justicia como órgano del Poder Ejecutivo y se le reserve a la Procuraduría General de la República las funciones de representación de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales.
Proponemos fortalecer los mecanismos de control y transparencia del Poder Judicial y del ministerio público, así como los sistemas de evaluación y desempeño de sus miembros.
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