La República Dominicana participó hoy en la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington (CIDH), donde externó su preocupación por las reiteradas convocatorias a audiencias para abordar el tema del derecho a la nacionalidad dominicana, tras considerar que ya ha sido suficientemente debatido.
Recordó que la CIDH realizó en diciembre de 2013, hace apenas tres meses, una visita in loco, por invitación del Gobierno dominicano, en la cual tuvo la oportunidad de tratar de manera directa, con todos los actores, los temas que fueron ventilados en esa audiencia.
La embajadora Radhys Abreu de Polanco, quien representó al país en la audiencia temática sobre la situación del derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana, precisó que aún la CIDH tiene pendiente rendir el informe correspondiente para que el Estado pueda formular las observaciones de lugar.
Abreu de Polanco explicó que, a través de la Junta Central Electoral, ya se realizó un levantamiento en el cual se inventarió el número de extranjeros inscritos en el registro civil del país, sea de manera regular o irregular.
Puntualizó que en noviembre de 2013, la JCE escrutó los registros de nacimientos de hijos de padres extranjeros, evidenciándose que personas de 117 nacionalidades habían registrado los nacimientos de sus hijos entre 1929 y 2007.
“Los libros fueron escrutados teniendo en cuenta los criterios legales relativos al régimen de adquisición de la nacionalidad dominicana, establecidos en las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional de nuestras normas jurídicas en sus respectivos pronunciamientos”, argumentó.
Las otras dos audiencias en la que participó el Estado dominicano versaron sobre los derechos humanos de las mujeres y la situación de los trabajadores migrantes haitianos.
Trabajadores migrantes. La República Dominicana aseguró ante la CIDH que es un Estado fundamentado en el respeto a la dignidad humana y que las leyes concernientes al trabajo rigen sin distinción a dominicanos y extranjeros, salvo las derogaciones emitidas en los convenios internacionales.
La embajadora Abreu observó que el Código de Trabajo en su principio VII prohíbe cualquier discriminación, exclusión, preferencia basada en motivo de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa.
Aclaró que el Código Laboral Dominicano aplica sanciones para trabajadores nacionales y migrantes sin restricción alguna y cuando los derechos laborales les son afectados pueden proceder por ante el Ministerio de Trabajo o ante los tribunales laborales de la República Dominicana.
Puntualizó que la Ley General de Migración No.285-04 y su Reglamento de Aplicación contemplan reglas específicas en cuanto al estatus de los trabajadores migrantes en la República Dominicana y garantizan la aplicación de la ley, protegiendo en todo caso el derecho de los migrantes a no ser discriminados, a la vez que protege la soberanía nacional.
“La República Dominicana, a través del Ministerio de Trabajo, ha realizado esfuerzos para proteger y erradicar cualquier violación a los derechos laborales de los trabajadores inmigrantes, especialmente a los trabajadores haitianos, con la designación de una persona que sirve de enlace entre el sector empleador y los inmigrantes”, apuntó.
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