El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, llamó la atención del Ministerio Público, y consideró que la devolución de RD$40 millones al empresario farmacéutico José del Carmen Cruz, podría convertir el Estado en instrumento de lavado.
“Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de acuerdos, porque pudieran, eventualmente, hacer que el Estado se convierta en una herramienta de lavado de activos a favor de un determinado imputado, de una persona que ya declaró su culpabilidad”, señaló Castaños Guzmán.
Mientras que el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, afirmó que la Fiscalía da una señal muy negativa a la sociedad, al devolver parte de los bienes a Del Carmen Cruz, quien se declaró culpable de asociación de malhechores y falsificación de etiquetas de medicamentos falsos.
“Esa es una señal muy negativa que sirve de caldo de cultivo, esa especie de justicia transaccional, para que conductas de este tipo se sigan repitiendo y creo que el Ministerio Público le ha hecho un flaco servicio a la sociedad”, dijo Potentini.
Coincidieron en que los acuerdos pueden ser sobre la base de rebaja de la pena, delatar estructuras, pero nunca devolver bienes que se supone fueron adquiridos de forma ilícita.
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