La política, históricamente vista como un escenario de lucha por el poder, ha sido en muchas ocasiones infiltrada por individuos cuya idoneidad mental y ética es cuestionable. Ante este panorama, el médico y activista social Dr. Isaías Ramos ha planteado una reforma estructural que podría transformar la actividad política: la implementación de rigurosos exámenes psicológicos y toxicológicos para todos los aspirantes a cargos públicos, especialmente los candidatos independientes. Esta propuesta busca evitar la llegada de personas con trastornos de personalidad o intenciones nocivas a posiciones de liderazgo, protegiendo así la estabilidad del sistema democrático y la confianza ciudadana.
Un examen psicológico obligatorio, diseñado y supervisado por universidades de prestigio mundial, garantizaría que solo personas mentalmente aptas y emocionalmente estables accedan a funciones públicas. Además, incluir pruebas toxicológicas permitiría descartar aspirantes con adicciones que podrían comprometer su juicio y desempeño.
La aplicación de estos exámenes reduciría significativamente el riesgo de que individuos con tendencias autoritarias, narcisistas o psicopáticas tomen decisiones que afecten el bienestar colectivo. La política no puede seguir siendo un refugio para aquellos que buscan poder sin la capacidad ética y emocional para ejercerlo.
El argumento del Dr. Ramos cobra aún más relevancia si consideramos las teorías de Carlo Cipolla y el efecto Dunning-Kruger. Cipolla advierte sobre el peligro de individuos cuyas acciones dañan tanto a los demás como a sí mismos, una descripción que encaja con muchos líderes políticos irresponsables. Por otro lado, el efecto Dunning-Kruger expone cómo personas con baja capacidad suelen sobrestimar sus habilidades, generando un liderazgo incompetente pero peligroso. Evaluaciones psicológicas rigurosas ayudarían a filtrar a estos perfiles, garantizando que el país sea gobernado por personas realmente preparadas para el desafío.
Pero la propuesta del Dr. Ramos no se detiene ahí. También plantea una reforma crucial: la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos. Durante décadas, estos han recibido millones de fondos estatales, muchas veces usados de manera opaca y sin una rendición de cuentas efectiva. En lugar de seguir alimentando estructuras partidarias que muchas veces reproducen corrupción y clientelismo, estos recursos podrían ser destinados a la Junta Central Electoral (JCE) para fortalecer la supervisión de los procesos electorales y promover la educación cívica en la ciudadanía.
Al transferir estos fondos a la educación política y la transparencia electoral, se fomentaría un electorado más informado y crítico, reduciendo la manipulación y el uso del dinero como factor decisivo en las campañas. La democracia debe basarse en la calidad de los candidatos y sus propuestas, no en quién tiene mayor acceso a fondos públicos para propaganda y movilización de votantes. Esta medida también nivelaría el terreno de juego para los candidatos independientes, quienes hoy enfrentan enormes desventajas frente a los grandes partidos.
La combinación de exámenes psicológicos y toxicológicos obligatorios con la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos representa una revolución ética y estructural en la política. No solo mejoraría la calidad del liderazgo en el país, sino que también restauraría la confianza en las instituciones democráticas. Es momento de tomar decisiones audaces y transformar la política en un verdadero servicio público, donde los más capaces y honestos sean quienes dirijan el destino de la nación.
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