Luego de una rueda de prensa del gobierno y su ministro de Hacienda Jochi Vicente, en el que anunciaron cambios y aumentos dentro de lo que sería la posible reforma fiscal bajo el disfraz de «modernización fiscal» presentada al país por segunda vez desde que el gobierno del Presidente Luis Abinader inició su camino, pues nuevamente fue descartada por la presión de la ciudadanía, o como escribió en su más reciente artículo la politóloga Rosario Espinal, el asunto era más bien «escenificar un intento de promulgarla». Una «reforma fiscal» con el único objetivo de enfrentar a los evasores fiscales.
Al minuto de finalizar esa reunión o rueda de prensa donde se informó sobre: cambios arancelarios, aumentos precios ciertos alimentos, cambio de nombre de ITBIS a IVA, derogación de ciertas leyes, entre ellas, la Ley de Cine, cobro de ITBIS a compras onlinle, precios marbetes y un largo etc., las redes se llenaron de comentarios y reclamos en contra de lo que pretendía el gobierno en el aspecto económico, iniciaron las quejas, las protestas y comunicados pagados en la prensa por ciertos sectores. Sumado a los cacerolazos durante varios días y a unas vistas públicas celebradas por primera vez dentro del Congreso, y que dio oportunidad a todo aquel que deseaba quejarse o reclamar contra esa reforma fiscal.
Pocos días después, el pasado sábado en la noche el Presidente Luis Abinader anunció por los medios de comunicación y redes que la reforma fiscal, esas pretensiones que ellos relataron aquella tarde, no se hará y será retirada de la Cámara de Diputados. El mandatario también dijo que «buscarán otras maneras de realizar ajustes presupuestarios necesarios y que sobre los RD$122,486 millones que pretendían recaudar con esa reforma fiscal se tendrá que volver al presupuesto y controlar la deuda del país». Por cierto, los responsables de ese control al endeudamiento son ellos mismos, obvio, no el pueblo.
Lo que muchos no aceptamos, a sabiendas de que ciertos detalles y puntos de esa reforma fiscal deben realizarse, es que el gobierno debe demostrar austeridad en el gasto público y externo, y no lo hace, sino que pide a la sociedad aceptar amarres fiscales debido al dispendio del erario público ejecutado por ellos.
Sin embargo, ciertos economistas conocedores de todo lo que conlleva una reforma fiscal han señalado la decisión del gobierno como inadeucada. El economista Magín Díaz, ex director de la Dirección General de Impuestos, consideró «que el gobierno debe, en su próximo intento, construir una reforma con visión a largo plazo, que equilibre justicia fiscal con sostenibilidad y que se base en un diálogo más amplio con todos los sectores, para evitar los errores de implementación que llevaron al fracaso esta propuesta».
Por su parte, y cito nuevamente a Rosario Espinal escribió en su más reciente artículo «cierto, el gobierno quiere recaudar más dinero, cierto que los impuestos no gustan a nadie. Presentar un proyecto tan cacareado y luego retirarlo tan rápido no es muestra de espíritu democrático, es un irrespeto a la ciudadanía».
En ese sentido, como han podido leer, hay un sinfín de opiniones en contra y a favor, pero la mayoría de lo que he leído y escuchado, apuesta por ciertos arreglos en el plano fiscal sin afectar ciertos sectores que de momento marchan bien. Por ejemplo, solo por citar uno, la Ley de Cine debe ser revisada más no derogada.
El gobierno debe preparar mejor el borrador de esa pretendida reforma fiscal, pensar en sus gastos y que la austeridad inicie por ellos en todos los órdenes, y luego presentarla a la sociedad mejor elaborada, actualizada y entendible. La sociedad de hoy, no es la de ayer y si habrá más impuestos o alteración de lo que ya pagamos, ya es hora de la ciudadanía reciba como mínimo, servicios básicos óptimos. No lo tenemos.
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