La gente dice a todo pulmón que los dominicanos no tenemos suerte, y eso parece hasta de verdad.
Es que en medio de las situaciones diarias que pueden suceder a cualquier persona, también hay que agregarle las cargas que le pone el Estado a través de los gobiernos que resultan abusivas y falta de consideración.
Una de ellas son las multas de la famosa Dirección General de Transito Terrestre hoy Digesett, antes Amet.
En esa institución se han dado a la tarea de superar los bancos comerciales sacándole los chelitos de los bolsillos a los ciudadanos mediante multas, cargas y recargas a las que nadie encuentra explicación producto de la falta de regulación y confabulación de los órganos reguladores del gobierno.
Cómo es posible que un conductor pueda tener hasta 77 multas por tránsito.
Eso no lo puede creer nadie en su sano juicio, sin embargo cuando un conductor de vehículos va y denuncia la situación le dicen en Digesett que pague la mitad de las multas y que todo está bien.
No es eso un robo. Claro que lo es.
Sin embargo ningún órgano del Estado trata de resolver esta situación que se presenta día tras día en el país, ante la frustración de los dominicanos.
Para colmo en Digesett tienen un negocio que cuesta 300 pesos por carta dizque para reclamar al tribunal de tránsito la quita de las multas.
Es decir los documentos que llevan los quejosos no valen, sino el que suscriben ellos en una oficina que queda en frente de la institución.
Todo es una estafa y un robo y ningún diputado, senador o político interviene sabiendo lo que pasa.
No valen pruebas, denuncias, o cualquier cosa que demuestre que una persona que nunca haya conducido tenga 40 multas, lo que vale es el trasiego de sanciones que ponen las autoridades de manera irregular para luego negociarlas.
Todo tiene un límite y los abusos de la autoridad contra los ciudadanos también deben tenerlo.
Mientras tanto la vida sigue su agitado curso y los indefensos choferes que son víctimas del abultamiento de multas por la antigua Amet, deberán reaccionar contra la recaudación irregular de fondos que hacen desde el gobierno sin que se ponga coto a la situación.
A esto agréguele las facturas sobrecargadas de la energía eléctrica, agua potable, basura y cualquier servicio que daba dar el Estado pero que al fin no sirve para nada.
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