Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), dijo que recibe con «mucha satisfacción y humildad» el pronunciamiento de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional respecto de la litis sometida por la JCE en contra de varias instancias del Poder Ejecutivo referidas al control interno y externo de las actividades administrativas de este organismo.
En su parte dispositiva dispone «admitir, en cuanto a la forma, la presente acción de conflicto de competencia interpuesta por el presidente de la Junta Central Electoral contra el Poder Ejecutivo, que actúa través de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dependencia del Ministerio de Hacienda».
En su segunda disposición, ordena acoger, en cuanto al fondo, la referida acción en conflicto de competencia, y en consecuencia, declarar: a) que el control interno de la actuación administrativa y financiera constituye una competencia accesoria de la Junta Central Electoral, la cual forma parte indisoluble de la autonomía e independencia que le otorga el artículo 212 de la Constitución; y b) que, por tanto, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), dependencia del Ministerio de Hacienda, carece de competencia para conocer un recurso jerárquico en contra de sus actuaciones».
Asimismo, la sentencia del tribunal ordenó la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, al presidente de la Junta Central Electoral, a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y, en conclusión, hacer la publicación de la presente sentencia en el Boletín del Tribunal Constitucional.
«Por lo tanto la decisión adoptada por esta alta corte no es más que la reiteración del contenido del Artículo 212 de la Constitución de la República que estableció con precisión los niveles de autonomía e independencia del órgano electoral», comentó en una comunicación el presidente de la JCE.
«La presente decisión no hace más que despejar el camino y consagrar mediante sentencia, la aspiración y demanda de la sociedad civil y líderes políticos de la República Dominicana de todo periodo de finales del siglo pasado, muy especialmente en los años 78, 86, 90 y 94, y durante el primer decenio del presente siglo, en que la oposición política reclamaba independencia y autonomía para el órgano electoral a fin de evitar que desde otros Poderes del Estado se influyeran en las decisiones de la JCE y con ello afectar la buena administración de los procesos electorales» manifestó Rosario Márquez.
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