Si los bajos salarios y el desempleo son, sin duda alguna, caldos de cultivo de la delincuencia callejera, con su estela de sangre, dolor y miedo sobre nuestra cotidianidad, la corrupción y la ineficiencia institucional vienen a ser las madres nutricias del fenómeno.
La corrupción –con sus múltiples manifestaciones- desvía recursos estatales que podrían destinarse a educación, salud, vivienda, agua potable, transporte, programas sociales y otros servicios públicos vitales que, bien gestionados, dignifican a los ciudadanos y fortalecen el salario real.
Creo en los sueldos dignos, pero no los veo como la piedra filosofal que, en forma milagrosa, producirá un cambio radical en el tejido social. Podríamos elevar al cubo los ingresos de los trabajadores, pero si no corregimos las perversidades sistémicas, aramos en el mar.
Al enfocar la corrupción como la práctica despiadada que bloquea el desarrollo, no quiero limitarme a los típicos peajes, tráfico de influencia, arreglos de licitaciones, contratos de grado a grado y otros ejercicios truculentos que desbordan la imaginación.
Incluyo ahí también a la corrupción fina, tecnologizada, compleja, fantasmagórica para la gente común y, en fin, tan altamente especializada que no deja huella ni permite ir más allá de la sospecha para formar expedientes consistentes, inteligibles al sistema de justicia. Es la peor corrupción, corrupción de alta gama, la de manos de seda, la amenaza elegante.
Son causantes también de inequidad, pobreza y atraso social las instituciones ineficientes que no conciben su existencia fuera del boato y no retornan en servicios a la sociedad lo mismo que cuestan. Estos entes hacen del Estado un aparato difícil de sobrellevar para los ciudadanos comunes que pagan sus impuestos. Se meten en sus insaciables gargantas panatagruélicas todo lo que pueden consumir y mucho más.
Es peor si a esto sumamos la vocación de una casta empresarial que –con honrosas excepciones- reduce el éxito a sus grandes márgenes, a la ingeniería financiera para no pagar impuestos y a las prácticas abusivas en el mercado, sin pensar que la creciente desigualdad social podría ser mañana su tsunami.
Prestemos oídos al gobernador del Banco Central. Hagamos que la riqueza se derrame, pero reformemos también el Estado de manera profunda para que sea menos costoso, más fluido y servicial.
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