El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) manifestó su esperanza de que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes antes del 31 de mayo.
Esta iniciativa busca proteger a los empleados, que antes quedaban desprotegidos cuando una empresa se declaraba en quiebra, y muchos perdían hasta sus prestaciones laborales, así como a los acreedores de las compañías en cuestión y, además, lograr la continuidad operativa de las mismas.
Para tales fines, la pieza indica un plazo de seis meses, durante los cuales el banco al que se le adeude no podrá cobrar los intereses, ni embargar como una forma de ayudar a la reestructuración de la empresa.
Durante una rueda de prensa realizada ayer en el bloque B de las Oficinas Gubernamentales, el viceministro del MEPyD, Juan Reyes, quien está a cargo de la Gestión de Competitividad Nacional, consideró que mayo sería la fecha adecuada para convertir en ley el proyecto que ya fue aprobado en primera lectura por el Senado el pasado 15 de abril.
Recordó que el 31 de mayo es cuando termina el tiempo límite para que el país sea tomado en cuenta en un nuevo informe del ranking Doing Business del Banco Mundial, y mejore su posición en cuanto al clima de negocio que a su vez ayudaría a aumentar la inversión extranjera.
Dijo que República Dominicana ocupa actualmente la posición 158 entre 189 países, en lo que es el indicador de resolución de Insolvencia en el informe del Doing Business 2015, porque no tiene una ley de quiebra.
El funcionario sostuvo que si el país lograra una ley de quiebra mejoraría significativamente su clima de negocio, y pudiera atraer más inversión extranjera.
Explicó que no es que se haya recibido presión de algún organismo internacional para que en el país exista una ley de este tipo, sino que el Ministerio de Economía tiene como misión aumentar la competitividad del país, y eso pasa dependiendo de cómo ven a la República Dominicana desde fuera, por lo que considera que se deben mejorar los índices de clima de negocios y de competitividad global. “Sin una ley de quiebra es muy difícil mejorar”, expresó.
El viceministro de Economía consideró que el agravante de no tener una ley de quiebra en el país tiene mucho que ver con la protección de los derechos de los empleados, de los acreedores y con el perjuicio que eso trae a la inversión extranjera, al clima de negocios y, por consiguiente, el impacto negativo en la pérdida de empleos. “Si nosotros podemos preservar a la empresa sin que ésta se vea en la obligación de cerrar, vamos a mantener empleos que son vitales para la economía”, indicó Reyes.
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